Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia, con apagones que paralizan la vida de millones de cubanos. Desde octubre de 2024, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha colapsado repetidamente, sumiendo a la isla en la oscuridad y alimentando un creciente descontento social. Este artículo analiza las causas de esta crisis, respaldado por datos, y critica el manejo del gobierno cubano, que ha priorizado soluciones temporales sobre reformas estructurales.
El 18 de octubre de 2024, un apagón nacional marcó el inicio de una serie de fallos críticos tras la avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales plantas del país. Según el Real Instituto Elcano, el 97% de las horas de octubre sufrieron cortes. En marzo de 2025, el déficit eléctrico alcanzó los 1,749 MW en horas pico, con una disponibilidad de solo 1,315 MW frente a una demanda de 2,380 MW. Estas cifras reflejan una incapacidad crónica para satisfacer la demanda, agravada por una infraestructura obsoleta y la escasez de combustible.
La infraestructura eléctrica cubana, con termoeléctrices de más de 40 años, está al borde del colapso. Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas, compara el sistema con un “almendrón”, los autos clásicos de los años 50 que requieren reparaciones constantes. La dependencia de combustibles fósiles importados, que cubren el 60% de la generación eléctrica, se ha visto golpeada desde 2016 por la reducción de envíos de petróleo venezolano, que cayeron de 100,000 barriles diarios a 35,000 en 2022. Sin embargo, el problema no es solo externo. La falta de inversión es alarmante. Entre 2000 y 2020, el consumo residencial se duplicó, absorbiendo el 60 % de la electricidad, mientras el sector productivo, clave para generar divisas, quedó rezagado. En 2014, el gobierno prometió que las energías renovables alcanzarían el 24 % para 2030, meta revisada al 37 %, pero en 2021 apenas representaban el 4.8 %. Los nuevos parques solares, con 873 MWh, no cierran la brecha.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye la crisis al embargo estadounidense, calificándolo de “persecución financiera y energética”. Aunque las sanciones complican la importación de combustible y repuestos, esta narrativa omite la mala planificación interna. La contratación de plantas eléctricas flotantes de la empresa turca Karpowership, que aportan 740 MW (20 % de la demanda), es un ejemplo de soluciones de “parche”. Estas embarcaciones, cuyo contrato está en riesgo por problemas de pago, no resuelven la necesidad de una recapitalización estructural. La falta de mantenimiento capital y la priorización de medidas cortoplacistas han dejado al sistema eléctrico en un estado crítico.
Los apagones, que en algunas regiones superan las 15 horas diarias, han tenido un impacto devastador. En octubre de 2024, se suspendieron actividades no esenciales y clases, y el aeropuerto de La Habana operó con energía de emergencia. La falta de electricidad ha causado pérdidas de alimentos, escasez de agua potable y problemas en servicios esenciales como la salud. Madres con hijos dependientes de respiradores artificiales y familias sin acceso a agua fría han expresado su desesperación. El Observatorio Cubano de Conflictos registró cerca de 700 protestas en agosto de 2024, muchas vinculadas a los cortes eléctricos. En redes sociales, los cubanos cuestionan los informes de la Unión Eléctrica (UNE), que subestiman el impacto. Un usuario en Facebook señaló: “Con un déficit de 1,800 MW, estamos al borde de otro colapso. Es una vergüenza”.
La respuesta del gobierno ha sido insuficiente y represiva. Los cortes programados y las restricciones al consumo no abordan las causas de fondo. Los datos de la UNE carecen de transparencia; en mayo de 2025, reportaron un impacto de 1,465 MW, mientras su sitio web indicaba 1,565 MW, una discrepancia que alimenta la desconfianza. La retórica de Díaz-Canel, que tilda las protestas de “contrarrevolucionarias” y amenaza con procesar a los manifestantes, agrava las tensiones. En lugar de dialogar, el gobierno opta por la represión, ignorando el clamor de una población agotada.
La crisis no tiene solución a corto plazo. Los funcionarios admiten que los problemas podrían extenderse más allá de 2025, con un riesgo de perder 400 MW si las plantas flotantes turcas se retiran. La transición a energías renovables requiere inversiones masivas que el gobierno, limitado por la crisis económica, no puede financiar sin apoyo externo. La ayuda de México, ofrecida en octubre de 2024, podría mitigar la escasez de combustible, pero no resuelve el problema estructural. Sin una estrategia para modernizar la infraestructura y diversificar las fuentes de energía, Cuba seguirá atrapada en un ciclo de apagones y frustración.
La crisis eléctrica en Cuba es el resultado de décadas de desinversión, mala gestión y dependencia excesiva de combustibles importados. Aunque el embargo estadounidense agrava la situación, la responsabilidad principal recae en un gobierno que ha priorizado soluciones temporales sobre reformas profundas. La población, que sufre las consecuencias, exige respuestas. Sin un cambio de rumbo, Cuba enfrentará no solo una crisis energética, sino también un riesgo creciente de inestabilidad social. La isla necesita un plan urgente para salir de la oscuridad.
