En un mundo donde la igualdad, los derechos humanos y el bienestar social suelen ocupar un lugar destacado en el discurso político, a menudo esos mensajes no se ven reflejados en el presupuesto. México es un ejemplo: el gasto público continúa favoreciendo prioridades electorales o burocráticas, mientras la igualdad de género, los derechos sociales y la autonomía quedan relegadas.
Este artículo explora las contradicciones entre el discurso y la asignación real de recursos, identificando las causas de esa brecha y proponiendo mecanismos para que los gobiernos pasen de la retórica a acciones concretas y medibles.
Discursos contra realidad: inconsistencias evidentes
En 2025, el presupuesto federal destina alrededor de 479,000 millones de pesos al Anexo 13 —programa etiquetado como promotor de la igualdad de género—, lo que representa un incremento del 9.5 % respecto a 2024. Sin embargo, tan solo el 4.7 % de esos recursos se emplearán en combatir directamente la violencia de género, y apenas el 0.1 % en erradicar la discriminación. El resto se dirige a programas sociales como pensiones y becas.
Así, con gran fanfarria de igualdad, apenas se destinan fondos esenciales para refugios para víctimas de violencia machista, poniendo en riesgo servicios para miles de mujeres.
Además, en 2025 los recortes alcanzaron al INE (-33 %), un organismo vital para la democracia, mientras el gobierno priorizó educación, infraestructura y defensa.
Esta situación no es aislada. La CNDH plantea que un presupuesto con enfoque de derechos debe ser progresivo, transversal, transparente y participativo. Sin embargo, los recortes reflejan un patrón en el que el discurso se queda en palabras.
Existen diversas causas estructurales e institucionales detrás de esta brecha entre declaraciones y presupuesto:
- Orientación presidencialista. El paquete económico de 2024, pese a su discurso de austeridad, benefició a proyectos emblemáticos como el Tren Maya y aumentó el gasto en defensa y Pemex, recortando en cambio a organismos autónomos y políticas públicas.
- Falta de mecanismos de anclaje legal. En el anexo transversal anticorrupción, si bien la ley establece su existencia, no fija montos mínimos ni incrementos obligatorios, lo que permite reducir asignaciones de forma discrecional.
- Prioridades a corto plazo. La política fiscal mexicana busca sanear finanzas y prioriza deuda, subsidios o proyectos de impacto electoral, anteponiendo el control financiero a largo plazo por encima de los derechos o la igualdad.
- Débil rendición de cuentas. A pesar de la existencia de organismos como la CNDH y el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción), no hay presión política suficiente para exigir coherencia entre el discurso y la asignación de recursos.
El resultado: un presupuesto simbólico, donde la igualdad y los derechos quedan en la retórica, pero sin respaldo real.
Impacto social de lo simbólico
Cuando el discurso no se convierte en política pública, se generan efectos profundos:
- Refugios saturados. Con recortes mayores al 4 %, varios albergues para mujeres en situación de violencia han disminuido servicios críticos.
- Violencia impune. No se invierte lo suficiente en prevención ni en mecanismos eficaces de atención y denuncia.
- Retrocesos institucionales. La autonomía del INE y la CNDH se erosiona con los recortes, debilitando la vigilancia ciudadana y los contrapesos al poder.
- Brecha ciudadana. A pesar de los discursos, el rubro de cuidados permanece en apenas 0.5 % del PIB (–0.1 %) de forma consistente.
La consecuencia es que las buenas intenciones quedan vacías, mientras la desigualdad y la exclusión siguen creciendo.
Propuesta: cerrar la brecha entre discurso y presupuesto
Propongo un enfoque con cuatro pilares:
- Reformar el marco legal presupuestario. Exigir montos mínimos y anclajes progresivos para anexos como el de género y derechos humanos, con mecanismos vinculantes, similares al ATA (anticorrupción).
- Enfoque de derechos en la planeación. Integrar los criterios de la CNDH (progresividad, transparencia, transversalidad) desde el diseño hasta la ejecución del presupuesto público.
- Transparencia activa y evaluación. Publicar en portales abiertos y con auditoría independiente la evolución de las asignaciones, incorporando indicadores claros que fortalezcan la rendición de cuentas.
- Participación ciudadana. Incluir mesas multi-actor (sociedad civil, academia y gobierno) para revisar y validar la coherencia entre discurso, presupuesto y resultados. Esto evitaría que las conveniencias políticas erosionen las asignaciones.
En conclusión, el poder del discurso público sobre igualdad y derechos humanos se diluye si no hay respaldo presupuestal. Lo simbólico sin sustancia sacrifica el bienestar de la población y debilita la democracia. Es urgente pasar de la narrativa a la coherencia, usando herramientas legales, presupuestales, de transparencia y participación. Solo así podremos transitar de discursos vacíos a resultados tangibles en género, derechos y ciudadanía. Un país donde el dinero refleje los valores, no solo los discursos.
Licenciada en Derecho con Maestría en Transparencia y Protección de Datos por la Universidad de Guadalajara. Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, especializada en administración pública, legislación administrativa, compras gubernamentales, transparencia y proyectos estratégicos, a lo largo de mi carrera he demostrado una gran capacidad en la gestión pública, brindando asesoría en normatividad y políticas administrativas, así como en la optimización de procesos en el sector público.
