El modelo de economía circular se ha convertido en un tema importante, no solo para los gobiernos, sino también para la iniciativa privada, al permitir la apertura de nuevos nichos de mercado. A grandes rasgos, está enfocado en el aprovechamiento máximo del valor de los materiales y productos que se comercializan hasta su último ciclo de vida —cuando se transforman en residuos— mediante la reutilización, reparación, reciclaje y regeneración de los sistemas naturales. Se basa en tres principios clave: eliminar la contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales en uso, y regenerar los sistemas naturales de los cuales proceden las materias primas.
El debate en torno a su implementación ha girado en los factores que deben corregirse para su correcta aplicación, debido a que ha habido muchas iniciativas y sumas de voluntades que no se han concretado exitosamente en México, tanto por desconocimiento como por la falta de elementos técnicos rigurosos que deben ejecutarse.
Uno de los principales problemas es la falta de infraestructura para el reciclaje —como puntos de recolección eficientes en los ámbitos doméstico e industrial—, así como la escasa existencia de plantas de clasificación de residuos que permitan su disposición y procesamiento tecnológico para su aprovechamiento en la etapa final. Lo anterior genera una gestión ineficiente de los desechos, contaminación del suelo y del agua, daño ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Esta carencia de sistemas adecuados constituye un desafío no solo a nivel nacional, sino también global, especialmente en países en desarrollo como México, limitando la capacidad de reciclaje de materiales.
Tampoco se cuenta con un andamiaje jurídico y físico robusto para la gestión de residuos en amplias zonas del país, especialmente en las grandes metrópolis como el Valle de México, Nuevo León y Guadalajara. Asimismo, se presentan externalidades negativas en las áreas que circundan los vertederos, al implementarse modelos de expulsión de la disposición final de la basura hacia las periferias y municipios no metropolitanos. En estos casos, los lixiviados pueden atravesar microcuencas o suelos porosos, filtrándose al subsuelo y afectando a los alrededores.
La persistencia de un modelo económico lineal es otro elemento estructural que prevalece en regiones como América Latina. En él, los materiales se extraen, fabrican, usan y desechan, sin facilitar su reincorporación a nuevas cadenas productivas. Este esquema ignora la sostenibilidad, la reutilización y el reciclaje, lo que ha provocado un impacto ambiental significativo debido al agotamiento de los recursos naturales y a la contaminación derivada de los procesos de fabricación.
La resistencia al cambio en la población es otro factor crítico. Gran parte de la ciudadanía no identifica beneficios directos o percibe que estos no son significativos frente a otros problemas públicos. Así, solo reaccionan cuando la gestión de residuos les afecta de manera inmediata —por ejemplo, por acumulación de basura o filtraciones en zonas habitacionales—, pero una vez resuelto el problema, el interés desaparece. Existen casos donde los habitantes, conscientes del riesgo ambiental, se ven imposibilitados de mudarse y optan por adaptarse al contexto adverso.
Esto refleja un rasgo común en sociedades fragmentadas como la mexicana, donde el cuidado del espacio público y la infraestructura urbana no se asumen como una responsabilidad colectiva. Predominan dinámicas de inmediatez y búsqueda de beneficios individuales, incluso cuando ello implica un detrimento para la comunidad.
La falta de conocimiento en el sector empresarial —especialmente en las micro y pequeñas empresas— sobre cómo beneficiarse del modelo de economía circular, limita la posibilidad de identificar nuevas oportunidades de mercado, maximizar ganancias e incorporar tecnologías avanzadas que fortalezcan su competitividad global.
A esto se suma la limitada ejecución de modelos de gobernanza y del sistema de triple hélice, los cuales, aunque teóricamente adoptados, rara vez se implementan adecuadamente por falta de planeación, voluntad política y mecanismos de seguimiento. Esta ausencia de continuidad impide perfeccionar los modelos con base en la retroalimentación y las oportunidades de mejora.
Otro obstáculo es la falta de armonización entre la legislación nacional y la local, que genera lagunas normativas y fomenta la competencia desleal, la comercialización de productos fraudulentos y acuerdos informales entre autoridades y particulares. En consecuencia, el mercado nacional opera bajo condiciones regulatorias desiguales.
Finalmente, la carencia de normalización de los estándares nacionales y de certificaciones que garanticen la calidad y comercialización de los productos y procesos vinculados a la circularidad impide la creación de un mercado justo. Esto afecta tanto a oferentes como a demandantes, obstaculizando la sostenibilidad de la producción sin comprometer al medio ambiente.
La economía circular no puede consolidarse únicamente como discurso político o de responsabilidad social; requiere infraestructura, regulación, educación ambiental y una cultura colectiva de sostenibilidad. Sin estos pilares, su implementación en México seguirá siendo un ideal más que una realidad.
Inmaculada Ramírez es colaboradora en la Revista Eje Global, donde aborda temas relacionados a la sustentabilidad y el medio ambiente.
Actualmente es asesora parlamentaria en el Congreso del Estado de Jalisco y fundadora de la asociación civil Construyendo Políticas A.C. Ha escrito en diversos medios de comunicación locales como en Decisiones, Capital Político, entre otros.
Politóloga de formación, con maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública; así como Doctorado en Educación. Tiene en su haber diversos diplomados en materia de planeación urbana, derechos humanos, evaluación de programas públicos, programación presupuestaria, cultura, integridad web, entre otros.
Desde hace más de una década ha incursionado en el servicio público mexicano en diversos puestos en los tres niveles de gobierno, que van desde auditoría y gestión documental para proyectos de conectividad federal con la anterior Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del área de cambio climático en los municipios metropolitanos de Guadalajara y Zapopan y Directora General para la política de verificación vehicular en Jalisco.
Por la parte académica, ha sido coordinadora de diplomado en la Universidad de Guadalajara y colaboradora con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.
