Los modelos de gestión municipales en nuestros países se caracterizan por una amplia heterogeneidad y asimetrías en sus capacidades institucionales que limitan en forma importante sus posibilidades de convertirse en reales conductores de procesos de desarrollo gobernanza local y, con ello, en ser actores reales en profundizar los esquivos y aun limitados procesos de descentralización en América Latina.
Las tendencias de avanzar hacia nuevas formas centralizadoras que observamos están provocando retrocesos en una propuesta de gobernar que daba primacía a la distribución del poder, la democratización y la transparencia que inicio sus pasos por la década de los 90 en nuestros países. Limitar las autonomías subnacionales no es una buena noticia para la generación de buenas prácticas de gobernanzas locales, dado que el reforzamiento de los centros de poder son una amenaza para programas de fortalecimiento de las capacidades municipales y con ello propiciar una mejor y más efectiva y sustantiva participación de la ciudadanía en aquellos asuntos que son relevantes para sus comunidades. Es a nivel local donde se hacen patentes las demandas, necesidades y propuestas atingentes de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos con un claro sentido territorial.
A pesar de que existe bastante evidencia respecto que al estado tiene dificultades importantes y altos costos de eficiencia combinar coherentemente sus políticas desde un modelo centralizador, se tiende a insistir en lineamientos que opacan las posibilidades de lograr avanzar en forma integral en sistemas municipales con solidas capacidades de gestión estratégica y prospectiva del desarrollo territorial. Tales procesos de estilo neo centralizador no solo tienden concentrar más el poder de las elites políticas, también se despliega como parte del programa iniciativas jurídicas – administrativas limitadoras de autonomía decisional y, por, sobre todo, en la generación de espacios muy limitados para avanzar en procesos de descentralización fiscal. El débil desempeño de los países de América Latina en la generación de ingresos propios subnacionales refleja factores que afectan tanto el espacio potencial de crecimiento como el esfuerzo para alcanzarlo. (BID)
No todos los actores políticos han evaluado positivamente apoyar iniciativas que permitan avances en la descentralización, éstos no necesariamente la observan como una oportunidad generadora de incentivos. Más bien, apoyar tales procesos por parte de los partidos políticos y otros grupos de interés puede ser considerado como generador costos de carácter políticos – electorales, y de desventajas para poder contrarrestar a los poderes subnacionales en el corto plazo. Las tendencias a capturar la democracia y también a las administraciones públicas desde reforzamiento de un estado central son acciones coherentes con la centralización del poder decisional multinivel.
Así las cosas, los espacios de despliegue para administraciones municipales en la región presentan dificultades importantes y requieren de complejos procesos de fortalecimientos que les permitan con relativo éxito el cumplimiento de sus atribuciones y fines organizacionales. Todo ello en escenarios de aumento de complejidad socio – territorial que impactan directamente en la organización municipal, en sus capacidades de generar recursos propios, de enfrentar la administración de servicios y programas públicos y, en general, de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Lo dicho involucra definir modelos de gestión y planificación que incorporen niveles de decisiones más autónomas y sustentadas en criterios que configuren la noción de desarrollo desde lo local. Lo que se dificulta en un contexto que no pocos gobiernos han puesto freno a reformas sustantivas para la modernización de las administraciones municipales.
Los relatos sobre la descentralización, la gobernanza local y el desarrollo territorial inclusivo se toman la agenda política, no obstante, las fragilidades del sistema de gestiones municipales siguen aumentando. Esta inconsistencia entre el discurso y la realidad global de las arquitecturas institucionales municipales requiere decisiones políticas responsables que orienten acciones a reformar con sentido de urgencia las administraciones municipales y que, se materialicen en la instalación y despliegue de competencias y atribuciones para el desarrollo local que estén debidamente financiadas.
Las administraciones municipales son la puerta entrada en los territorios de las políticas públicas, por ello la provisión de bienes públicos será más eficiente si se hace de una manera descentralizada y, especialmente si los ciudadanos deciden directamente sobre dichos bienes que se proveerán, conociendo previamente el costo que para ellos implicara cada bien público del que desearían proveerse. Por ello, la importancia fundamental de contar con capacidades institucionales potentes, en ello descansa en forma importante las reglas del juego político – local que intervienen de manera decisiva en la estructura de incentivos y se definen la efectividad de las políticas locales. Es en la relación causal entre instituciones y resultados que asume particular importancia las estructuras de ejercicio de la autoridad y de la gobernanza.
Los costos de transacción, tanto políticos como económicos, para el logro de una pertinente y efectiva gobernanza se pueden mitigar en la medida que se logran estructuras institucionales municipales eficientes y efectivas. También, dichos dispositivos institucionales deben garantizar que la participación y el control ciudadano de las decisiones sean un requisito ineludible para el logro de un buen gobierno local.
Se requieren cumplir con variados y complejos requisitos para el cumplimiento de la eficiencia de la descentralización, y con ello establecer bases sólidas de gobernanza local. Entre los cuales se cuenta el perfeccionamiento del sistema institucional para facilitar las decisiones locales y, por cierto, lograr configurar modelos de gestión que permita proveer servicios de calidad a la ciudadanía. Esto último es un reto de envergadura dadas las debilidades observadas en la efectividad del cumplimiento de sus atribuciones estratégicas.
Las permanentes críticas que surgen a la insistencia de ciertos sectores políticos por una planificación del desarrollo territorial de corte centralista, permiten reafirmar aquellas perspectivas que enfatizan la necesidad imperiosa de instalar una cultura planificadora descentralizada, prospectiva y participativa a nivel municipal , la que posibilite sustentar los procesos de una gobernanza para los tiempos actuales y, por cierto, llegar a configurar un enfoque integrado del desarrollo territorial.
No hay una eficiente descentralización sin la existencia de capacidades de gestión local generadora de valor público. Una gestión municipal moderna debe ocuparse de ser eficiente y eficaz en el manejo de sus finanzas, sus procesos y orientada a resultados que le den una base de legitimidad social y política. Un buen gobierno local no supone solo en el cumplimiento de sus procesos de producción de bienes y servicios con calidad, también se define por el logro de un vínculo virtuoso con la ciudadanía mediante dispositivos que faciliten la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ello, un sistema de gestión pública municipal innovador debe caracterizarse por contar con capacidades tecno – políticas que le permita coordinar, articular, evaluar y planificar estratégicamente una agenda para el desarrollo y gobernanza territorial local. Por ello, las capacidades de una gestión estratégica y prospectiva son fundamentales para conformar administraciones municipales que construyan futuribles y decidan en base a evidencias en escenarios cargados de nuevas complejidades sociales y con fuertes dosis de incertidumbres.
La efectividad del proceso descentralizador está asociada a que los gobiernos municipales logren diseñar e implementar un sistema de gestión bien diferenciado de la lógica de una administración pública sectorial que hoy sigue persistiendo y obstaculizando la descentralización de la gestión pública mediante diversas iniciativas que apuntan a centralizar más que a democratizar el poder hacia los ciudadanos.
Consultor en análisis político estratégico y Políticas públicas. Ha desempeñado diversos cargos de alta dirección en universidades, sector público e iniciativa privada. Sus áreas de especialización son dirección y planeación estratégica pública, fortalecimiento de gobiernos subnacionales y evaluación de políticas públicas.
Es investigador del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, Ciudad de México.
