El 1 de septiembre marca el arranque de una etapa histórica en el Poder Judicial Federal de México: por primera vez, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros fueron elegidos mediante voto popular. Esta reforma abre una puerta a la rendición de cuentas y la transparencia, y ofrece una posibilidad inédita para avanzar hacia una justicia con perspectiva de género. Sin embargo, quienes hemos luchado feminista y jurídicamente por años sabemos que la esperanza debe ir acompañada de vigilancia permanente.
Impunidad que hiere: feminicidios, desapariciones, violencia sexual, trata
Las cifras son una alarma clara:
- Feminicidios: la impunidad nacional alcanza el 99 %; en CDMX, Quintana Roo y Zacatecas llega al 100 %, lo que significa que casi ninguno de los asesinatos de mujeres por razón de género recibe justicia real.
- Violencia sexual: en 2021, por cada 157 delitos sexuales denunciados, solo uno resultó en prisión.
- Desapariciones de mujeres y niñas: de las más de 124 mil personas desaparecidas hasta marzo de 2025, cerca del 23 % son mujeres. En 2024, se registraron 3,601 desapariciones femeninas, un incremento superior al 40 % respecto al año anterior.
- Trata de personas: en Puebla, entre 2019 y 2023, la impunidad en desapariciones de mujeres fue del 99.7 % y en feminicidios entre el 39.5 % y 68.2 %, según la Ibero Puebla.
Estas cifras no son abstractas: reflejan vidas apagadas, familias destruidas y un sistema que no protege ni investiga con diligencia.
Historias que requieren justicia
Recientemente, el caso de Cecilia Monzón conmovió al país: feminicidio, impunidad y finalmente una ley emblemática. Hoy, la Ley Monzón, que retira la patria potestad a los feminicidas, ha sido adoptada en Puebla y otros diez estados, producto de la exigencia incansable de las familias.
Otro caso estremecedor es el de Aida Karina Juárez, madre buscadora en Zacatecas, secuestrada y asesinada tras buscar a su hija desaparecida. Este crimen refleja la impunidad que enfrenta quien actúa frente a la violencia, en ausencia del Estado.
Y no podemos olvidar a Maricela Escobedo Ortiz, asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí. Su caso marcó un parteaguas en México: dejó al descubierto la incapacidad y complicidad de las instituciones para proteger a las mujeres y garantizar derechos humanos. La valentía de Maricela es hoy un símbolo de resistencia.
Persistencia institucional
La Secretaría de las Mujeres ha advertido que el Poder Judicial sigue siendo un espacio cargado de “resquicios machistas y patriarcales”, y que las fiscalías especializadas en feminicidios deben fortalecerse urgentemente. Hasta ahora, solo el 16 % de las agencias del Ministerio Público están especializadas en delitos contra mujeres, violencia familiar o feminicidios.
Una reforma parcial con grandes retos
La reforma judicial no incluyó a las fiscalías, esas instituciones clave donde las investigaciones por feminicidio, desaparición o trata suelen atascarse, revictimizar a las víctimas y perpetuar la impunidad. La responsabilidad ahora recae en el nuevo Poder Judicial y en funcionarios electos.
Esperanza vigilante
Como feministas, celebramos este momento histórico. Pero celebraremos verdaderamente con acciones concretas:
- Que la Corte y tribunales federales adopten la Sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a investigar con perspectiva de género, aunque no fue incluida en el protocolo oficial.
- Que se aumenten los presupuestos para refugios, justicia y atención a víctimas.
- Que se implemente el Protocolo para juzgar con perspectiva de género en todos los casos, no solo en los relevantes.
- Que se fortalezcan las fiscalías especializadas en violencia de género y desapariciones.
- Que las familias sobrevivientes sean acompañadas, no obstaculizadas.
Vigilantes con esperanza
Este nuevo Poder Judicial es una luz de esperanza. Pero su valor real será juez del cambio si articula políticas efectivas que reduzcan la impunidad, combatan la violencia estructural y respeten los derechos humanos fundamentales. Estaremos vigilantes. Exigiremos. Porque sin justicia, no hay igualdad. Sin verdad, no hay reparación. Y sin reparación, no hay paz.
La memoria de Maricela Escobedo, y de todas las mujeres que han dado su vida en busca de justicia, nos obliga a no bajar la guardia.
Abogada y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Especializada en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas, así como en la agenda de las juventudes.
