El Caribe volvió a colocarse en el centro de la geopolítica hemisférica con el despliegue de tres destructores estadounidenses hacia aguas cercanas a Venezuela, acompañados por miles de marines en una operación oficialmente descrita como antidrogas. Sin embargo, cualquier observador con memoria histórica sabe que la etiqueta de “guerra contra el narcotráfico” ha sido utilizada en el pasado como pretexto para justificar operaciones de carácter estratégico y político.
El presidente Nicolás Maduro respondió con un anuncio de movilización masiva: 4,5 millones de milicianos para defender la soberanía nacional. La cifra es, sin duda, exagerada, pero el mensaje es claro: el régimen venezolano necesita proyectar fortaleza en medio de una crisis económica devastadora. Una población fatigada por la inflación y la represión interna difícilmente puede movilizarse de manera voluntaria, pero el discurso de “la patria en peligro” sigue siendo un recurso eficaz para un líder que carece de legitimidad electoral.
Del otro lado, la administración Trump retomó la línea más dura contra Caracas. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que el gobierno venezolano no es un actor político legítimo, sino una “organización criminal” vinculada al narcotráfico. A la par, la fiscal general Pam Bondi elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro. Ambas acciones forman parte de una narrativa que busca reducir el conflicto venezolano a una lucha entre el bien —EE. UU. como garante de la legalidad internacional— y el mal —un régimen convertido en narcoestado.
Pero más allá del discurso, el envío de buques de guerra tiene una clara dimensión geopolítica: asegurar que Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo y su alianza con Rusia, China e Irán, no consolide un bloque alternativo en la región. Lo que está en juego no es solo la “lucha contra el narcotráfico”, sino el lugar de América Latina en el tablero de poder global.
Este episodio remite a una larga tradición intervencionista de Estados Unidos en el hemisferio. De Panamá en 1989 a Haití en 1994, el patrón se repite: Washington utiliza el argumento de la seguridad regional para justificar operaciones que tienen un fuerte componente político. En ese sentido, Venezuela se convierte en la pieza actual de un ajedrez mayor: la disputa por el control de rutas energéticas, la contención de aliados extrahemisféricos y la reafirmación de la hegemonía estadounidense en el Caribe.
Para la región, este escenario plantea un dilema de enorme trascendencia. Por un lado, la permanencia de Maduro representa la continuidad de un modelo autoritario que ha devastado la economía y expulsado a millones de ciudadanos. Por otro, una intervención militar estadounidense podría profundizar la crisis humanitaria, generar nuevas olas migratorias y reinstalar el fantasma del imperialismo en el continente.
Los gobiernos latinoamericanos enfrentan una pregunta incómoda: ¿se alinearán con la narrativa de Washington, apoyando un eventual cambio de régimen, o intentarán impulsar una salida negociada que preserve cierta autonomía regional? Hasta ahora, la respuesta ha sido ambivalente: condenas retóricas a Maduro, pero sin comprometerse con una estrategia que implique riesgos de desestabilización interna.
La movilización de buques y milicianos no es un episodio aislado, sino un síntoma de una tendencia más amplia: América Latina sigue siendo terreno de disputa entre intereses externos y élites locales que instrumentalizan la soberanía como bandera. Para Venezuela, la encrucijada es clara: resistir bajo un régimen cada vez más dependiente de aliados extrahemisféricos o enfrentar una presión que, tarde o temprano, puede desembocar en un cambio abrupto.
Lo preocupante es que, en el centro de esta pugna, la población venezolana —empobrecida, desplazada y reprimida— permanece como la gran ausente en las decisiones estratégicas. Y para el resto de América Latina, el Caribe vuelve a recordarnos una lección histórica: cuando los grandes mueven sus fichas, la región paga los costos.
