En el mapa del narcotráfico internacional, no todas las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) son iguales. Algunas nacen de estructuras locales, prosperan gracias a la corrupción y buscan, a lo sumo, la supervivencia dentro de un sistema que coopera con ellas, las tolera o, bien, las combate a medias. Otras, sin embargo, llegan a confundirse con el propio Estado, se incrustan en él y lo utilizan parasitariamente como plataforma para proyectarse mucho más allá de lo que cualquier cártel convencional podría soñar. El caso del Cártel de los Soles, vinculado directamente con militares venezolanos de alto rango y con el propio presidente Nicolás Maduro, es precisamente de esta segunda categoría.
El Cártel de los Soles no opera como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. No es simplemente una red criminal con mando vertical, células armadas y rutas bien definidas. Es un actor híbrido —criminal en sus fines, estatal en sus medios— que opera con capacidades de inteligencia, logística y protección propias de un gobierno. Oficiales de las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, miembros de la inteligencia y funcionarios de distintos niveles de gobierno son parte integral de su engranaje.
En otras palabras, se trata de un narcoestado: un régimen que no solo tolera, sino que se alimenta directamente de negocios ilícitos. Esa condición le asegura un flujo de recursos provenientes de actividades ilícitas —usando la diplomacia y el comercio como escudos—, le otorga resiliencia frente a sanciones externas y lo proyecta como un actor con margen de maniobra geopolítica capaz de desafiar directamente los intereses estratégicos de Estados Unidos y de toda la región.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional —un tema central para la administración Trump y eje de su política interna y externa—, Washington señala al Cártel de los Soles como el principal puente para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Las rutas utilizadas atraviesan el Caribe y Centroamérica, utilizando corredores históricos de tráfico que han sido durante décadas un desafío constante para la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Comando Sur (Southcom).
Pero el asunto va más allá del crimen organizado. A diferencia de otros cárteles, el Cártel de los Soles está entrelazado con regímenes abiertamente hostiles a Washington. Nicolás Maduro ha mantenido el poder gracias al respaldo de Rusia, Irán y China, que además facilitan su conexión con redes criminales internacionales, desde mafias transnacionales hasta guerrillas latinoamericanas y cárteles mexicanos. Por ello, para Estados Unidos, tolerar su permanencia equivaldría a aceptar que un gobierno extranjero hostil administre deliberadamente una economía criminal transnacional, utilizando narcotráfico, refugio a criminales fugitivos, propaganda antiestadounidense, presión migratoria y apoyo a movimientos de izquierda e insurgentes, entre otros mecanismos, como armas contra la hegemonía estadounidense.
Esta amenaza se ve reforzada por la cuestionada legitimidad del régimen venezolano, tras las elecciones de 2024 marcadas por irregularidades que impiden considerarlas libres y justas. Así, el narcoestado no solo opera como una red criminal, sino que también socava principios democráticos fundamentales, convirtiéndose en un modelo que Estados Unidos y la comunidad internacional no pueden permitir que se consolide.
Golpear el entramado criminal que sostiene al régimen venezolano no es solamente combatir el crimen organizado, sino también debilitar a peligrosos adversarios geopolíticos que han utilizado a Venezuela como plataforma de entrada en América Latina. También implica cerrar un espacio de maniobra e influencia —que desafía la vieja doctrina Monroe— para esas potencias enemigas en el Caribe y Sudamérica, y con ello redefinir una nueva visión estratégica para el hemisferio.
Para Estados Unidos, la señal es clara: no se tolerará la convergencia entre criminalidad organizada y política exterior hostil a sus intereses. Esa narrativa le resulta útil también en el frente diplomático. Washington puede justificar sanciones, operaciones encubiertas o alianzas regionales no solo con el argumento de que enfrenta a un gobierno autoritario, sino con la idea, mucho más potente, de que enfrenta a un Estado narcoterrorista. Ese término es clave: es mucho más digerible para las audiencias nacionales e internacionales hablar de un régimen criminal que de un régimen autoritario. Al fin y al cabo, el mundo está lleno de gobiernos cuestionados por sus prácticas políticas autoritarias, pero pocos se atreven a asumir el estigma de haber convertido a la nación en plataforma del narcotráfico global.
Ahora, una intervención militar en un país latinoamericano por los motivos esgrimidos no sería una novedad para Washington. En 1989, la administración de George H. W. Bush decidió derrocar al general Manuel Noriega en Panamá. El argumento que se esgrimió fue el mismo: su involucramiento en el narcotráfico y la amenaza que representaba para la seguridad nacional estadounidense. Aquella operación militar, conocida como “Causa Justa”, dejó claro que, cuando un gobernante se convierte en pieza central de una red criminal transnacional, Estados Unidos lo tratará no como un interlocutor político, sino como un enemigo estratégico. Ese precedente es fundamental para entender el caso venezolano.
Bien es cierto que la lucha contra las drogas, la defensa de la seguridad nacional y el combate al crimen organizado transnacional son el discurso aparente de Washington. Pero detrás de ese lenguaje se esconde otra agenda, más amplia, que rara vez se menciona con franqueza. Lo no dicho es que el Cártel de los Soles es también la excusa perfecta para legitimar una política integral contra Maduro y, por extensión, contra la influencia de potencias rivales en la región.
Venezuela sigue teniendo las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo (más de 300.000 millones de barriles, según la OPEP). Mientras el discurso se centra en el combate al crimen organizado transnacional, lo que está en juego es el acceso a recursos estratégicos —petróleo, gas natural, minerales estratégicos y tierras raras, por nombrar algunos— y la posibilidad de que esos recursos permanezcan bajo el control de Rusia, China o Irán.
Además, Venezuela ocupa una posición geoestratégica privilegiada en la entrada del Caribe, con acceso directo a rutas marítimas que conectan el Atlántico, el golfo de México y el canal de Panamá. Para Estados Unidos, es un punto crítico de seguridad hemisférica; para Rusia, China e Irán, una plataforma para proyectar presencia militar, inteligencia e influencia política en el continente. Por tanto, hablar del combate al crimen organizado es, para Washington, una cobertura política más sencilla que admitir que la verdadera disputa incluye el reordenamiento del mapa energético global y del ajedrez geoestratégico.
La crisis migratoria venezolana es otro factor silenciado en los comunicados oficiales. Cada familia que cruza el Darién o que llega a la frontera sur es percibida en Washington como consecuencia indirecta de la permanencia del régimen. Combatir al Cártel de los Soles se conecta entonces con el interés de reducir esos flujos, que ya han generado tensiones en ciudades estadounidenses y que se han convertido en munición política en cada campaña electoral.
También, permitir que Maduro se consolide como jefe de Estado y, al mismo tiempo, como jefe de un cártel equivaldría a enviar un mensaje nefasto por parte de la potencia continental y mundial: que se puede hibridar un régimen político con el crimen organizado y sobrevivir pese a sanciones y aislamiento. La caída del Cártel de los Soles sería, en cambio, un mensaje de advertencia para otros gobiernos de la región, como el de Nicaragua, que han coqueteado con ese tipo de fusiones entre política y criminalidad.
Finalmente, está la dimensión doméstica de la narrativa. Enfrentar al narcoestado venezolano ofrece a cualquier presidente de Estados Unidos la oportunidad de mostrarse firme y patriótico. Sirve para desviar la atención de la incapacidad interna de controlar la epidemia de opioides y fentanilo, cuya principal fuente ni siquiera es Venezuela, sino Asia y los cárteles mexicanos. Pero, desde el punto de vista electoral, es más rentable señalar a un enemigo externo, visible y concreto, que asumir el fracaso de políticas internas de salud pública.
La historia demuestra que, cuando Washington percibe la convergencia de crimen organizado, drogas y geopolítica, la respuesta no se limita a sanciones o comunicados. Tarde o temprano, se traduce en acciones más profundas. En este sentido, el Cártel de los Soles no es solo una amenaza criminal, sino el símbolo de un dilema mayor: si la comunidad internacional está dispuesta a tolerar que un Estado entero se convierta en cártel o si habrá una reacción para impedirlo.
Para Estados Unidos, la respuesta ya está dada. La caída del Cártel de los Soles no es un episodio más de la guerra contra las drogas. Es un capítulo esencial en su estrategia hemisférica: debilitar a Maduro, contener la influencia de potencias rivales y recuperar control sobre recursos estratégicos, así como sobre los flujos de drogas y migración. Todo lo demás —los comunicados, las acusaciones judiciales, la narrativa antidrogas— son apenas el ropaje visible de una disputa mucho más profunda, en la que se juega la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
