El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en marzo de este año, ha sacudido a México y al mundo, exponiendo no solo el horror de la violencia ligada al crimen organizado, sino también las profundas grietas en el estado de derecho y la ineficiencia del poder judicial mexicano. Lo que comenzó como un hallazgo de colectivos de madres buscadoras —restos óseos, hornos clandestinos y cientos de pertenencias abandonadas— se ha convertido en un símbolo de la impunidad crónica y la incapacidad institucional que aquejan al país. Este episodio no es solo una tragedia aislada, sino un espejo de los desafíos estructurales que enfrenta México, con lecciones que trascienden sus fronteras.
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco irrumpió en el rancho Izaguirre tras recibir denuncias anónimas. Encontraron evidencias de cremaciones, pilas de ropa, zapatos sin dueño y restos humanos calcinados. Este lugar, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México, habría funcionado como un campo de entrenamiento y exterminio. La imagen de cientos de zapatos abandonados evocó comparaciones con el Holocausto, ganándose el apodo de “Auschwitz mexicano”. Más allá de la brutalidad, el caso reveló una crisis humanitaria: las más de 125,000 personas desaparecidas en México, muchas de las cuales podrían haber pasado por sitios como este.
Lo que indignó aún más a la sociedad no fue solo el hallazgo, sino la respuesta —o la falta de ella— de las autoridades. La Fiscalía de Jalisco había intervenido en el rancho en septiembre de 2024, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos, pero dejó el lugar abandonado durante seis meses. No se procesaron pruebas, no se resguardó el sitio y hasta vehículos asegurados desaparecieron. Cuando las buscadoras llegaron, la escena del crimen estaba contaminada y la evidencia, en su mayoría, perdida. Este descuido no es un incidente aislado, sino un reflejo de un sistema judicial y de procuración de justicia que falla sistemáticamente a las víctimas.
El estado de derecho, entendido como el principio de que nadie está por encima de la ley y que las instituciones garantizan justicia y seguridad, está gravemente comprometido en México. Teuchitlán ilustra cómo la impunidad se perpetúa cuando las instituciones encargadas de investigarla son ineficientes o, peor aún, indiferentes. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, asumió el caso el 25 de marzo de 2025, tras semanas de críticas a la fiscalía estatal. Gertz señaló 13 omisiones graves de Jalisco, incluyendo la falta de peritajes, el abandono del sitio y la ausencia de seguimiento a testimonios clave. Sin embargo, la FGR también fue cuestionada por no actuar antes, pese a que los delitos de delincuencia organizada son de su competencia.
La ineficiencia institucional y un llamado al cambio
Esta pugna entre autoridades estatales y federales no es nueva en México. En lugar de colaboración, prevalece un juego de culpas que deja a las víctimas —las familias de los desaparecidos— sin respuestas. La reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, que introdujo la elección popular de jueces en 2025, prometía combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, Teuchitlán demuestra que el problema no radica solo en los jueces, sino en las fiscalías y cuerpos policiales que no investigan ni reúnen pruebas suficientes para que los tribunales actúen.
El poder judicial mexicano, aunque a menudo señalado como elitista o desconectado, no es el principal culpable de la impunidad en casos como este. La cadena de justicia se rompe mucho antes: en la ineptitud de las fiscalías para investigar y en la colusión —real o percibida— con el crimen organizado. En Teuchitlán, la Fiscalía de Jalisco no solo falló en procesar el rancho Izaguirre, sino que permitió que se perdieran pruebas cruciales. La FGR, por su parte, tardó en asumir el caso, y cuando lo hizo, el daño ya estaba hecho. Este patrón de negligencia es un eco de tragedias previas como Ayotzinapa o San Fernando, donde la falta de coordinación y voluntad política han dejado heridas abiertas.
Para quienes observan desde fuera de México, este caso puede parecer un extremo, pero resuena con problemas comunes en otros países con historias de violencia e impunidad. La diferencia en México es la escala: un país con recursos y una economía robusta no debería tener fiscalías que operan con métodos del siglo XIX, como señaló el Centro Prodh, ni un gobierno que minimice la crisis en lugar de enfrentarla.
Teuchitlán no es solo un caso de horror; es una oportunidad para reflexionar sobre el estado de derecho en México y más allá. Las madres buscadoras, que arriesgan sus vidas para encontrar a sus seres queridos, han hecho más por la justicia que muchas instituciones.
Su valentía contrasta con la pasividad oficial, y su dolor debería ser un catalizador para el cambio. La comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU y la CIDH, ha exigido investigaciones independientes, pero la solución debe venir desde dentro: fortalecer las fiscalías, garantizar su autonomía real y priorizar a las víctimas sobre las disputas políticas. Mientras México no aborde estas fallas estructurales, el rancho Izaguirre será solo uno de muchos cementerios silenciosos, y la justicia seguirá siendo una promesa vacía para millones.
