La crisis de las instituciones no es un fenómeno nuevo ni circunscrito a un país, región o continente. Históricamente, en América Latina se presenta de forma aguda debido a la existencia crónica de un precario Estado de derecho, escasa tradición democrática, autoritarismo presidencial, congresos y partidos sin representatividad, justicia ineficiente, corrupción generalizada, estatismo derrochador, inseguridad, violencia e impunidad galopantes. Estas problemáticas han llevado a que algunos países sean catalogados como “Estados fallidos” o “narcoestados”.
Este último concepto ha cobrado especial relevancia en diversas naciones latinoamericanas, como México, donde el crimen organizado ejerce control territorial sobre múltiples entidades federativas y tiene una creciente influencia en la política nacional.
Uno de los ejemplos más claros de la crisis institucional es el descrédito de los partidos políticos. Según el Latinobarómetro 2024, el 42 % de los ciudadanos considera que la democracia puede funcionar sin partidos; el 39 %, sin congreso; y el 37 %, sin oposición. Es decir, casi cuatro de cada diez personas rechazan a los partidos, al congreso y a la oposición.
En cuanto a la confianza en las instituciones, los partidos políticos son los menos valorados, con un 17 % de respaldo; el congreso ocupa el penúltimo lugar, con un 24 %; el poder judicial alcanza un 28 % y el gobierno, un 31 %. Esto significa que solo dos o tres de cada diez ciudadanos confían en los partidos y en los poderes del Estado.
Otro dato revelador es que el 61 % de la población cree que las elecciones son fraudulentas y el 75 % asegura que el parlamento no los representa. Asimismo, solo el 24 % considera que el gobierno trabaja para la mayoría, mientras que el resto opina que un grupo de poderosos gobierna en su propio beneficio.
La crisis de representación y legitimidad
La falta de representatividad, credibilidad y legitimidad de los partidos y de los poderes del Estado en general, incluyendo a las élites, son síntomas y, a la vez, causas de la crisis institucional que ha llevado al colapso de muchas democracias en la región.
En el caso venezolano, por ejemplo, el jurista Allan Brewer-Carías advirtió en La crisis. Responsables y salidas (1985) que los principales responsables del colapso institucional eran los partidos políticos. Según su análisis, estos concentraron el poder y no comprendieron que el sistema de Punto Fijo (1958-61) requería cambios que lo relanzaran y relegitimaran.
Si bien este pacto permitió el retorno de la democracia en Venezuela, también derivó en un régimen bipartidista, estatista, centralista, corrupto y en beneficio de las élites, lo que llevó a su desgaste y eventual colapso a fines de los años noventa con la llegada del chavismo. A lo largo de su gobierno, el populismo chavista no solo demolió la institucionalidad liberal y democrática, sino que también generó una crisis aún más grave, convirtiendo a Venezuela en un narcoestado fallido con un régimen dictatorial, represivo y regresivo.
México: entre el pasado y el presente
En México, el sistema de partido hegemónico también condujo a una crisis institucional de varias décadas. Esto se reflejó en el descrédito de la presidencia, el congreso, el poder judicial, el partido oficial, el proceso electoral y, en general, las instituciones del Estado. La bancarrota económica, política y social obligó a las élites y a la partidocracia a pactar reformas que llevaron a la transición democrática y a la alternancia presidencial en el año 2000.
Sin embargo, el impulso democratizador se fue desvaneciendo, pues el régimen emergente no resolvió los problemas fundamentales de la sociedad mexicana; al contrario, muchos se agravaron. Los partidos de la transición (PRI, PAN y PRD) solo se repartieron el poder, mientras que la corrupción, la pobreza y la violencia se incrementaron, perpetuando la crisis institucional.
El desencanto con la democracia y sus instituciones creció, alimentando el encono contra la clase política y los partidos. Tal como ocurrió en Venezuela, esto creó el escenario perfecto para la llegada del populismo de izquierda al poder en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.
La demolición institucional bajo AMLO
Durante su mandato, AMLO se encargó de debilitar la institucionalidad liberal-democrática, instaurando un régimen caudillista, autoritario, centralista, estatista, paternalista y nepotista.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue eliminado, el Sistema Nacional Anticorrupción quedó inhabilitado, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fue entorpecido. También confrontó hasta colonizar el Instituto Nacional Electoral y atacó al Poder Judicial, desacatando sus resoluciones.
La desaparición de la Policía Federal facilitó la política de “abrazos, no balazos”, los pactos electorales con el crimen organizado y la consolidación del control territorial del narcotráfico en amplias regiones del país. Además, al finalizar su sexenio, impulsó una contrarreforma constitucional para imponer la elección de jueces federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que sepultó lo que quedaba del Estado de derecho e institucionalizó de facto la corrupción y la impunidad.
El colapso institucional bajo su administración fue un factor determinante en los pésimos resultados en materia de crecimiento económico, transparencia, rendición de cuentas, salud, educación y seguridad.
Continuidad del colapso institucional
Esta demolición ha sido continuada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado la elección judicial y la desaparición de órganos autónomos del Estado, como el INAI, despojando a los ciudadanos de derechos y libertades constitucionales.
También ha proyectado una contrarreforma electoral para asegurar el control gubernamental sobre los comicios, incluyendo la reducción o eliminación de los plurinominales, lo que representaría el último golpe a la democracia.
Sin embargo, si las instituciones se han colapsado, es también porque la población ha sido indolente, cómplice e incluso partícipe de la corrupción, avalando con su voto a quienes han determinado demolerlas.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
