El día de hoy fue publicado el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit, ofreciendo un diagnóstico del estado de la democracia en 165 países y dos territorios, clasificándolos en “democracias plenas”, “democracias defectuosas”, “regímenes híbridos” o “regímenes autoritarios”. Para ello, el estudio se basa en cinco dimensiones clave: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles .
América Latina no es ajena a la crisis global de la democracia. Aunque la región sigue siendo la tercera más democrática del mundo, el informe confirma una tendencia alarmante: nueve años consecutivos de deterioro democrático. Mientras Uruguay y Costa Rica mantienen la categoría de democracias plenas, la mayoría de los países latinoamericanos han sido degradados a democracias defectuosas o regímenes híbridos. En los casos más extremos, Nicaragua y Venezuela han consolidado su lugar como regímenes autoritarios, caracterizados por la represión política, la censura y la anulación del pluralismo electoral .
México ha sufrido un descenso significativo, cayendo a la clasificación de régimen híbrido con una puntuación de 5.32. Este deterioro responde a una serie de factores interrelacionados: la erosión del marco institucional, la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento de los organismos autónomos. A esto se suma la reforma del Poder Judicial, que ha modificado la estructura de los tribunales y establecido la elección de jueces y magistrados por voto popular, un modelo que solo tiene precedentes en Bolivia y que plantea serias dudas sobre la independencia judicial y la separación de poderes .
Una región en retroceso
El debilitamiento de la democracia en América Latina no es un fenómeno aislado, sino el resultado de dinámicas comunes que han favorecido la concentración del poder en los Ejecutivos y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Nicaragua es uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia. Con una puntuación de 2.09, el país se encuentra entre los regímenes más autoritarios del continente. El presidente Daniel Ortega ha desmontado prácticamente todos los mecanismos de rendición de cuentas, asegurando su permanencia en el poder mediante elecciones fraudulentas y la represión de la oposición. El proceso electoral y el pluralismo han sido calificados con un cero absoluto, reflejando la inexistencia de elecciones libres y competitivas. La persecución de voces disidentes ha alcanzado niveles extremos, con la expulsión de cientos de opositores y la confiscación de propiedades de críticos del régimen .
Venezuela, con una puntuación de 2.23, sigue un camino similar. El gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado un modelo de control absoluto del Estado, donde el Poder Judicial, el sistema electoral y las fuerzas de seguridad operan en favor del Ejecutivo. Las elecciones se han convertido en un mecanismo simbólico sin capacidad real de alternancia en el poder (tal y como lo vimos en las elecciones presidenciales del año pasado), y las libertades civiles han sido severamente restringidas. La represión contra opositores, la censura de los medios y el uso del aparato estatal para silenciar a los críticos han colocado a Venezuela como un caso paradigmático de autoritarismo en la región .
Brasil, aunque aún dentro de la categoría de democracia defectuosa, enfrenta serios desafíos. La extrema polarización entre el bolsonarismo y el gobierno de Lula da Silva ha limitado la capacidad de generar consensos, afectando la gobernabilidad del país. La constante confrontación entre ambos sectores ha erosionado la confianza en las instituciones y ha radicalizado a distintos sectores de la población.
Chile, tradicionalmente un referente de estabilidad en la región, ha experimentado un desgaste institucional significativo. La falta de acuerdo en torno a la reforma constitucional ha generado un clima de incertidumbre y desafección ciudadana, afectando la confianza en el sistema político.
México, en este contexto, no es la excepción. Su debilitamiento institucional y el creciente descontento ciudadano lo han colocado en una posición de riesgo dentro del panorama democrático regional.
México: la democracia en riesgo
El retroceso de México a régimen híbrido es una de las señales más preocupantes del informe. La combinación de elecciones competitivas con una erosión del Estado de derecho y del sistema de contrapesos ha deteriorado la calidad democrática del país.
Uno de los factores clave ha sido el funcionamiento del gobierno, con un Ejecutivo que ha extendido su influencia sobre organismos autónomos y el Poder Judicial. La reciente reforma del Poder Judicial ha sido una de las decisiones más controversiales, ya que elimina el modelo tradicional de selección de jueces y magistrados para reemplazarlo por una elección por voto popular, un sistema que solo tiene antecedente en Bolivia. Este cambio ha sido fuertemente criticado por expertos y organismos internacionales, quienes advierten que podría convertir al Poder Judicial en una instancia sometida a los intereses del Ejecutivo y las mayorías políticas de turno, en lugar de una instancia independiente que garantice el Estado de derecho .
La cultura política también ha mostrado signos de deterioro, con una de las puntuaciones más bajas de la región. La polarización extrema y la normalización de discursos que descalifican a la oposición, la prensa y la academia han contribuido a fragmentar la sociedad mexicana. En un entorno donde el debate público ha sido sustituido por la confrontación constante, la posibilidad de fortalecer la democracia se ve comprometida.
En cuanto a las libertades civiles, la situación es cada vez más alarmante. La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. La militarización de la seguridad pública ha generado un impacto negativo en la transparencia y el respeto a los derechos humanos, sin lograr avances sustanciales en la reducción de la violencia .
Factores detrás del declive
El deterioro democrático en México y América Latina responde a factores estructurales que han debilitado las instituciones y la confianza en el sistema político.
La expansión del poder presidencial ha sido una constante en varios países, reduciendo la capacidad de los parlamentos y órganos autónomos para actuar como contrapesos efectivos. En México, la influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y otros organismos clave ha limitado la rendición de cuentas.
La militarización de la seguridad pública ha sido otra estrategia recurrente que ha generado consecuencias negativas. La creciente asignación de tareas civiles a las Fuerzas Armadas ha reducido la supervisión sobre estas instituciones y ha incrementado la discrecionalidad en el uso de la fuerza. México, al igual que Brasil y Colombia, ha recurrido a este modelo con resultados poco alentadores.
Finalmente, la reforma del Poder Judicial representa un punto de inflexión. La elección de jueces y magistrados por voto popular podría debilitar aún más la independencia de los tribunales, abriendo la puerta a una mayor injerencia política en la impartición de justicia .
Una democracia en la cuerda floja
El Índice de Democracia 2024 de The Economist deja claro que América Latina se encuentra en un punto de inflexión. México, en particular, enfrenta una decisión crucial: fortalecer sus instituciones democráticas o seguir el camino de regímenes como el de Nicaragua y Venezuela. La reforma del Poder Judicial, junto con la militarización y la erosión de los contrapesos, ha puesto en riesgo la estabilidad democrática del país.
El tiempo para corregir el rumbo se agota. Si México no toma medidas para preservar la independencia judicial y restaurar la confianza en sus instituciones, podría consolidarse como un régimen híbrido en el que la democracia sea solo una formalidad, sin verdaderos mecanismos de equilibrio y rendición de cuentas.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
