Conforme el tsunami populista avanza por el mundo, en más países se busca relanzar el estatismo, cual monstruo de mil cabezas que extiende sus tentáculos sobre los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Aunque el estatismo no es exclusivo de los regímenes populistas, y pese a ser un modelo históricamente fracasado, nuevamente resulta funcional —dada la concentración de poder que implica— para las clases políticas que buscan perpetuarse en el poder.
El estatismo es un régimen caracterizado por el avasallamiento político, económico y social de la sociedad por las élites en el poder. En América Latina, data de la era virreinal, cuando el rey de España se apropió de la población, el territorio y las riquezas americanas, a fin de colonizarlas según las necesidades metropolitanas.
Entre las implicaciones de que el Estado no fuera solo el conductor, sino el forjador —o incluso el propietario— de la sociedad, surgió la tradición estatista: la creencia de que solo el Estado podía ser la instancia que rigiera, ya fuera para conservar o transformar la realidad social. De ahí que se considerara necesario fortalecerlo y extenderlo lo más posible. De la era colonial se heredó su carácter patrimonialista: el Estado como propietario de la nación, instrumento de explotación económica y social, y botín monopolizado para repartir entre élites, socios y clientelas. La estadolatría incluyó la fe en la imposición de leyes —hiperregulacionismo— para modelar, expoliar y someter a la sociedad, aun con los problemas y tensiones que ello generaba. En este sentido, la independencia fue consecuencia del fracasado estatismo español.
Este fracaso fue visto como resultado de la explotación colonial, no del modelo estatista en sí. Por el contrario, preservar el estatismo generó grandes incentivos para capturar el Estado, ya fuera bajo formas monárquicas o republicanas, centralistas o federalistas, patrimonialistas o capitalistas. Conservadores y liberales eran, en esencia, estadólatras: unos buscaban restaurar el Antiguo Régimen; otros, instaurar una república liberal.
Durante medio siglo ambos grupos entablaron una lucha encarnizada por el poder del Estado. Fue una guerra total con nefastas consecuencias para las naciones latinoamericanas. En México, significó guerras de intervención, caudillismo, militarismo, miles de muertos, bancarrota financiera y la pérdida de la mitad del territorio. La anarquía fue la expresión de dos fórmulas estatistas antagónicas que, al enfrentarse, se anularon entre sí. Paradójicamente, si el Estado-nación no se consolidó, fue por esa misma voluntad estatista, autoritaria y patrimonialista.
Durante el porfiriato, el estatismo modernizador cuajó en una vertiente dictatorial y de capitalismo depredador. El Estado-botín fue repartido por una minoría política y económica. Altamente polarizante, el estatismo porfiriano generó tensiones y conflictos que derivaron en un estallido revolucionario. Nuevamente, el modelo fracasó al provocar una situación similar a la de 1810.
La Constitución de 1917 retomó el estatismo patrimonialista, con un presidencialismo fuerte que se apropió de los recursos nacionales y se erigió en rector de la economía. Este renovado estatismo se justificó por la necesidad de transformaciones sociales, pero derivó en luchas caudillistas, militarismo, la guerra cristera y el Maximato, hasta consolidarse en el cardenismo.
El Estado de la Revolución Mexicana combinó presidencialismo autoritario, partido corporativo y estatismo económico. Si bien impulsó industrialización y crecimiento sostenido, configuró también un Estado-botín sin precedentes: gasto dilapidador, corrupción institucionalizada y finanzas deficitarias. El modelo colapsó en los ochenta con la crisis de deuda.
El estatismo neoliberal tampoco rompió la tradición. Aun con privatización y apertura, el Estado mantuvo su rectoría, perpetuando exclusión, corrupción y concentración de poder. Surgió una economía informal y criminal, acompañada de violencia e impunidad. La transición democrática en los noventa permitió el ejercicio de libertades políticas, pero preservó el Estado-botín en manos de nuevas élites.
El obradorismo reinstauró un estatismo populista que, según se ha señalado en Eje Global, ha derivado en un narco-Estado, con soberanía efectiva de grupos criminales en vastos territorios. La presidencia de Claudia Sheinbaum refuerza esa deriva hacia un régimen de rasgos totalitarios: militarización, espionaje, censura, clientelismo y corrupción.
En síntesis, el estatismo está condenado al fracaso por su inviabilidad económica (despilfarro, deuda, bajo crecimiento), social (polarización, incapacidad de atender demandas), jurídica (ausencia de Estado de derecho), política (ineficiencia institucional, desgaste por concentración del poder) e internacional (vulnerabilidad frente a la globalización y a actores más fuertes). En cada ciclo, arrastra consigo a la sociedad hacia crisis catastróficas que tardan generaciones en superarse.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
