Europa ha sido conocida por la implementación de un modelo social para promover el crecimiento económico, un nivel de vida digno y condiciones de trabajo justas después de la posguerra. La implementación de este modelo tuvo como objetivo crear una protección social para amortiguar los impactos de la crisis que había vivido la Europa de la posguerra. Los interlocutores sociales establecieron un diálogo con el gobierno para impulsar los cambios, las reformas y los desafíos que el Estado de bienestar debía enfrentar. Debido a las diferentes formas de aplicarlo, su denominación también varía: en Suecia es el Folkhemmet (hogar del pueblo), para los alemanes es el Sozialstaat (Estado social) y para los anglosajones ha sido el Welfare State (Estado de bienestar), con este último nombre reconocido en todo el mundo.
En Alemania, el modelo del Estado de bienestar se relaciona con la rápida industrialización que vivió el país a finales del siglo XIX, cuando el canciller Otto von Bismarck decidió realizar reformas sociales como el famoso sistema de pensiones contributivas, para evitar que los ancianos se volvieran una carga para sus familias. Este modelo fue apoyado por diferentes instituciones para respaldar a los más desfavorecidos, además de integrar la atención médica gratuita o subvencionada, los derechos laborales y la educación subsidiada. Todo ello quedó contemplado en el gasto público, pero sin prever los cambios demográficos que marcarían a Alemania en el futuro.
Estos cambios demográficos se han convertido en los últimos años en un tema muy serio para la política alemana, sobre todo por lo que implican para el gasto público. Con la situación actual, el país ha venido acumulando pérdidas que no han podido ser contrarrestadas y, aunque era evidente que el actual Estado de bienestar enfrentaba demasiados problemas, los políticos evitaban hacer comentarios al respecto. Todo cambió el 27 de agosto cuando el canciller Merz, en la conferencia de su partido (CDU) en Osnabrück, Baja Sajonia, declaró tajantemente: “El Estado de bienestar tal como lo tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía. Tenemos que trabajar más y mejor. No estoy satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora”.
Su declaración puso el tema en el centro del debate nacional. La creciente crisis muestra que el Estado de bienestar ya no ofrece alternativas sostenibles y que el colapso del sistema es inminente. Solo hay que observar las cifras: se plantea un nuevo endeudamiento de 174.300 millones de euros para 2026, lo que implica 31.000 millones más que en 2025. En 2024, se destinaron poco más de 1,3 billones de euros al gasto social, de los cuales 408.000 millones fueron a pensiones, aproximadamente 77.000 millones a jubilaciones, 325.000 millones al seguro médico obligatorio y 31.000 millones al seguro médico privado. Estas cifras siguen aumentando: uno de cada tres euros —31 % del total— que se generan en Alemania se destinan al gasto de pensiones, asistencia social y otros rubros similares.
El Instituto de Economía Alemana explicó que en 2022 había 30 personas mayores de 67 años por cada 100 en edad de trabajar, lo que evidencia el envejecimiento de la población. Esta proporción hace que la economía alemana no pueda ajustarse a las actuales demandas del gasto público. Además, en 2024 el seguro médico registró un déficit de 6.200 millones de euros.
Ante ello, el canciller dejó claro que se requieren modificaciones profundas al sistema. Al mismo tiempo, afirmó que no habrá aumento de impuestos sobre la renta para las empresas medianas, lo que generó desacuerdo con el SPD. El vicecanciller Lars Klingbeil había declarado que no se descartaba un incremento de impuestos para las personas de ingresos altos. Así, el debate político refleja dos visiones distintas sobre cómo enfrentar la crisis del bienestar.
Mientras se reconoce que el sistema actual no puede sostenerse, el gasto público ha incrementado en otras áreas. En 2025, el presupuesto militar alcanzó los 86.000 millones de euros, cifra que aumenta a 95.000 millones si se incluye la ayuda a Ucrania. Ante este panorama, se discute también una jubilación más tardía, a los 70 años, tema polémico que será tratado en una comisión especial a partir de septiembre.
Más allá de estas propuestas, Alemania necesita ajustes rápidos y eficaces que redefinan su rol en la economía y la geopolítica internacional. El otoño de 2025 traerá cambios que marcarán la realidad de un sistema de bienestar que ya no puede sostener el excesivo gasto social. Las reformas que surjan de la comisión no serán fáciles de implementar para el canciller Merz, pero serán decisivas para el rumbo económico y social de Alemania.
Es consultora y analista independiente en Alemania. Trabaja en áreas de investigación y consultoría sobre los siguientes temas: política y relaciones entre la Unión Europea y América Latina, cooperación internacional de Alemania, migración e integración en Alemania. Fue profesora en la Technische Hochschule Aschaffenburg. Integrante del programa de formación como mediadora lingüística y cultural en Aschaffenburg, Alemania. Es miembro de la Latin American Studies Association (LASA), con enfoque en las relaciones Unión Europea–América Latina y el papel de las diásporas en la diplomacia internacional. Ha sido invitada por la Universidad de Berlín a participar en diversas investigaciones sobre América Latina. Colabora con la revista CIDOB d’Afers Internacionals como revisora de artículos académicos. Sus publicaciones se centran en la sociedad civil y su vínculo con la Unión Europea. Ha sido entrevistada por la agencia alemana GIZ sobre política exterior alemana. En México, fue asesora en la Cámara de Diputados. Desde 2009, forma parte del grupo de asesores europeístas de la Delegación de la Unión Europea en México.
