México es uno de los destinos de cruceros más importantes en la región de América Latina y el Caribe según diversos análisis en el sector. Al año, llegan a los puertos mexicanos más de 7 millones de cruceristas y en recientes proyecciones del 2024 se esperan que sean hasta 9 millones que arribarán en más de 3 mil cruceros, lo que significa un incremento de casi 2.2% respecto al mismo período del 2023 -según datos proporcionados por la Secretaría de Turismo (SECTUR)-. Estos generan una derrama que cada año es superior a los 14 mil millones de pesos, representando un aproximado del 3% del total nacional, considerando que las cifras oficiales dadas por el gobierno federal que estimaron un saldo en la balanza del sector turístico fueron de 21mil 549 millones de dólares para dicho año.
Si bien se considera que el turista que ingresa vía marítima en promedio gasta 80.9 dólares contra los mil 155 dólares que eroga un turista de internación vía aérea (según información de la SECTUR) son desproporcionados cuando consideramos el nivel de importancia que significa uno de otro para el universo de turistas que ingresan al país por diferentes vías al analizar ese microdato, no debemos descartar que en el acumulado global, el impacto de la industria de cruceros si llega a ser de enorme relevancia, no sólo para nuestro país, sino para las naciones que están interconectadas por mar.
Asimismo, la industria de los cruceros refleja la dinámica de la globalización por la alta exigencia que le implica a dicho sector el mantenimiento en lo general y la apertura de puertos, el tener óptimas las flotillas, los clientes y el personal provenientes de diversos países que obliga a generar acuerdos comerciales, marcos legales y convenios transnacionales con el objetivo de cubrir las rutas y atender a la demanda.
Cabe destacar que esta forma de turismo en los últimos tiempos se ha tenido que enfrentar a la subida exponencial en los precios del combustible, la actual crisis económica, los resquicios de la pandemia SARS CV-19, los diversos conflictos armados e inestabilidad política que afectan a diversas partes del mundo y que están teniendo un efecto directo en el mismo.
El cobro del Derecho de No Residente (DNR) de 42 dólares u 860 pesos mexicanos que se hará desde el siguiente año a los turistas que arriben al país en cruceros se ha puesto en el ojo del huracán por parecer un impuesto agresivo que dista del que se ha implementado en años anteriores que no era focalizado a este sector y sólo se limitaba a ser una contribución que debían pagar los extranjeros al ingresar a territorio nacional cuyo motivo de viaje sea turismo, negocios y otros por las diferentes vías de internación: aérea, marítima y terrestre y su estadía fuera mayor de 7 días.
Sin embargo, este nuevo impuesto, que además será acumulativo en algunos destinos del país como Cozumel que ya cobran un impuesto estatal o Mahahual que ya ha implementado dos tipos de impuestos, tanto de orden municipal, como para las arcas estatales, verán aumentadas significamente las tarifas aquellos turistas extranjeros, más si consideramos que según cifras oficiales erogan 80 dólares por día como se refirió en párrafos anteriores.
La disyuntiva actualmente está en demostrar que este impuesto inhibirá la demanda en este sector que ha venido desarrollándose óptimamente desde sus inicios sin infraestructura idónea en la década de los cuarenta durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés y hasta la actualidad en donde se transforma de una actividad controlada por el Estado a ser una promotora de la inversión, estas etapas han sido descritas por Martínez (2012) en su estudio denominado “Organización espacial del turismo de cruceros en México”.
En este sentido, se proyecta que se tendrán repercusiones considerables al estar nuestro país como uno de los principales receptores de turismo internacional, según la Organización Mundial del Trabajo con un litoral de más de 11.000 km divididos en la zona del Pacífico con más de 7.800 km y la del Golfo-Caribe con 3.200 km de extensión respectivamente. Adicionalmente, en el reciente estudio realizado por Ojeda (2014) que aborda los claroscuros de esta actividad, demuestra que el crecimiento del sector en México no es equilibrado geográficamente, por lo que es un segmento que tiende a concentrarse en la región Caribe, específicamente, en los puertos de Cozumel y Mahahual que se han mencionado. Esto se confirma con los datos arrojados por la SECTUR en el 2022 en su análisis anual de turismo en cruceros, que señala la concentración del 85.6% en 5 puertos, incluyendo a los dos referidos.
Una de las organizaciones que se ha posicionado en la discusión es la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) al considerar que la medida es una seria amenaza al turismo de cruceros en México al hacer que éstos sean 213 por ciento más caro que el promedio de puertos del Caribe, por lo que desincentivaría el crecimiento de esta industria turística.
Por último, valdría la pena evaluar técnicamente si el incrementarles casi un 50% de impuestos a los turistas que están en tránsito en el país mediante la vía marítima en lapsos que no superan las 24 horas y que adicionalmente deberán pagar otros impuestos similares acumulativos en algunas zonas portuarias, por una proyección recaudatoria adicional de 5 mil millones de pesos, que arrojará esta medida según el Gobierno Federal. Sin embargo, lo que no se ha estimado en éstas cuentas alegres que, a mediano y largo plazo, la tendencia de flujo turístico no se pudiera mantener si se llega a imponer este impuesto sin un esquema progresivo.
Inmaculada Ramírez es colaboradora en la Revista Eje Global, donde aborda temas relacionados a la sustentabilidad y el medio ambiente.
Actualmente es asesora parlamentaria en el Congreso del Estado de Jalisco y fundadora de la asociación civil Construyendo Políticas A.C. Ha escrito en diversos medios de comunicación locales como en Decisiones, Capital Político, entre otros.
Politóloga de formación, con maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública; así como Doctorado en Educación. Tiene en su haber diversos diplomados en materia de planeación urbana, derechos humanos, evaluación de programas públicos, programación presupuestaria, cultura, integridad web, entre otros.
Desde hace más de una década ha incursionado en el servicio público mexicano en diversos puestos en los tres niveles de gobierno, que van desde auditoría y gestión documental para proyectos de conectividad federal con la anterior Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del área de cambio climático en los municipios metropolitanos de Guadalajara y Zapopan y Directora General para la política de verificación vehicular en Jalisco.
Por la parte académica, ha sido coordinadora de diplomado en la Universidad de Guadalajara y colaboradora con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.
