Bolivia se acerca a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 bajo un clima cargado de desconfianza, desinformación y reglas poco claras. Desde la convocatoria, el proceso ha estado marcado por una incertidumbre jurídica, administrativa y política que no cede. Pero el dato más inquietante no está en los candidatos, sino en el árbitro: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha logrado convencer a nadie de que puede garantizar un proceso creíble y legítimo.
El primer foco de crisis fue la selección de candidaturas. Lo que debería haber sido una etapa ordenada se convirtió en un enredo de impugnaciones, inhabilitaciones y acusaciones mutuas. El TSE no ofreció criterios claros, y la falta de reglas consistentes abrió espacio a la interpretación política. El punto de inflexión fue la inhabilitación de Evo Morales. Para unos, una decisión jurídica inevitable; para otros, una jugada política encubierta. El efecto fue inmediato: la polarización se disparó y contaminó el resto del proceso.
La fragilidad de los partidos no ayudó. De los 10 frentes habilitados, varios corren el riesgo de desaparecer si no superan el umbral mínimo de votos. Muchos optaron por candidaturas simbólicas, alianzas forzadas o estrategias pensadas más en conservar la personería jurídica que en representar a los ciudadanos. El resultado es una oferta electoral saturada, pero débil, y en muchos casos sin rumbo político definido.
Otro problema ha sido la falta de coherencia en el manejo del calendario electoral. Fechas clave como las inscripciones, impugnaciones y publicaciones de listas se modificaron sobre la marcha, sin explicaciones convincentes. Esta imprevisibilidad genera confusión no solo entre los partidos, sino también entre los votantes, que siguen un proceso cada vez más opaco.
La campaña, lejos de enfocarse en propuestas, se ha visto dominada por la desinformación. Las redes sociales, más que plataformas de comunicación, se han convertido en armas de ataque. Un informe de Bolivia Verifica revela que cuentas falsas vinculadas al entorno de Manfred Reyes Villa han difundido encuestas manipuladas, noticias falsas y ataques personalizados. Estas prácticas degradan el debate democrático y refuerzan la idea de que el proceso está viciado desde la raíz.
La oposición, en vez de consolidar una alternativa, se ha fragmentado aún más. Mientras el MAS lidia con su división interna entre evistas, androniquitas y arcistas, el resto de los bloques parece más enfocado en anularse mutuamente que en disputar el poder con una agenda clara. En este escenario, el votante se enfrenta a una papeleta con muchas opciones, pero pocas certezas.
El 17 de agosto será una prueba compleja, tanto logística como políticamente. El TSE tendrá que administrar una jornada marcada por la sospecha, el ruido digital y la posibilidad de conflictos en recintos electorales. Aunque no se anticipan incidentes graves, el clima de desconfianza es terreno fértil para impugnaciones, denuncias y una nueva ola de inestabilidad.
Por primera vez, una segunda vuelta parece casi inevitable. Ningún candidato llega con ventaja clara. De ser necesario, el balotaje se realizará el 13 de octubre, y el nuevo gobierno asumiría el 8 de noviembre. Todo, en medio de un contexto tenso e impredecible si no se logra algún tipo de mínimo consenso político.
En paralelo, hay una controversia institucional que sigue abierta: la situación del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. Su permanencia ha sido cuestionada por haber presidido la antigua Corte Nacional Electoral, lo que, según el artículo 206 de la Constitución, le impediría ejercer nuevamente como vocal. Aunque no ha estallado una crisis formal, el tema suma incertidumbre a un proceso ya deslegitimado.
Hay un elemento inédito en este ciclo electoral: el llamado al voto nulo como acto político. Evo Morales, excluido por ley de la contienda, ha instado a sus bases a anular el voto en su nombre. Aunque esta estrategia carece de valor legal, busca proyectar una fuerza simbólica y ejercer presión desde fuera del proceso electoral. Algunos analistas interpretan esta maniobra como un intento de minar la legitimidad del próximo gobierno incluso antes de que asuma, con el propósito de desestabilizarlo. Esta táctica recuerda movimientos similares que precedieron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y, más recientemente, intentos de desestabilización contra el gobierno de Jeanine Áñez.
El fondo del problema es claro: Bolivia llega a las urnas sin haber reformado su sistema electoral, sin partidos sólidos, sin un árbitro electoral confiable y sin herramientas efectivas contra la desinformación. Las elecciones, que deberían ser un momento de claridad institucional, hoy son otro reflejo de la crisis del Estado.
Votar es solo una parte de la democracia. Lo que está en juego en 2025 no es solo quién gobernará, sino si el país puede empezar a reconstruir la confianza en su sistema democrático o si seguirá profundizando una fractura que ya amenaza con volverse permanente.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.
