En el próximo primero de junio se marcará un parteaguas en la historia democrática de México. Por primera vez, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reforma constitucional, impulsada como parte de un discurso de democratización del poder judicial, plantea un reto jamás visto en la forma en que se conciben y operan las campañas políticas en el país.
A diferencia de los procesos electorales tradicionales, en los que los candidatos a puestos legislativos o ejecutivos cuentan con estructuras partidistas, financiamiento público y acceso a medios de comunicación, esta elección impone restricciones inéditas. Los aspirantes deberán posicionarse ante el electorado sin los mecanismos habituales de persuasión electoral, sin financiamiento de terceros y sin propaganda convencional.
Este nuevo modelo electoral ha generado una mezcla de expectativas y escepticismo. Según la encuesta nacional publicada por El Financiero este 4 de marzo de 2025, el 56 % de los mexicanos apoya la reforma judicial y el 63 % está a favor de que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular. Sin embargo, el 46 % considera que esta medida podría comprometer la independencia del Poder Judicial. La falta de información sobre el proceso y la dificultad para hacer campaña sin recursos han llevado a muchos aspirantes a enfrentar un dilema clave: ¿cómo ganar una elección sin poder hacer una campaña tradicional?
El nuevo tablero electoral: reglas, limitaciones y oportunidades
La elección judicial 2025 no solo representa un cambio en la forma en que se eligen los jueces y magistrados, sino que también establece un marco normativo sin precedentes en la historia electoral de México. Esta nueva realidad impone reglas que condicionan profundamente la estrategia de los candidatos, limitando sus herramientas de comunicación y obligándolos a replantear su enfoque de campaña.
Las restricciones no son menores. A diferencia de los comicios tradicionales, en los que los aspirantes pueden recurrir a financiamiento público o privado, pagar publicidad en medios de comunicación y diseñar campañas con altos niveles de exposición, en la elección judicial 2025 las opciones son mucho más limitadas. Cada candidato debe aprender a maximizar su alcance sin violar las disposiciones legales, ya que cualquier incumplimiento puede traducirse en sanciones e incluso en la anulación de su candidatura.
La confianza en las instituciones juega un papel crucial en la percepción de los candidatos y el proceso electoral. En este contexto, y de acuerdo a una Encuesta de Opinión Pública sobre el Poder Judicial y su Reforma en México realizada por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un nivel de confianza neta de +13, mientras que los jueces estatales y federales presentan niveles similares, aunque con una percepción mixta entre la población. En contraste, instituciones como los partidos políticos o la policía municipal enfrentan un alto grado de desconfianza. Esta realidad sugiere que los candidatos deben centrar sus estrategias en reforzar su imagen de independencia y compromiso con la justicia.
Lo que sí pueden hacer los candidatos
A pesar de las restricciones, los aspirantes a jueces y magistrados cuentan con algunas herramientas clave para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía. Si bien no pueden utilizar los métodos tradicionales de propaganda, existen vías legales que les permiten construir presencia pública y conectar con los votantes.
1. Difundir su trayectoria profesional y propuestas en redes sociales y espacios digitales de acceso gratuito
El uso de plataformas digitales es, en este contexto, la herramienta más valiosa para los candidatos. Aunque no pueden pagar publicidad en redes sociales como Facebook, Instagram, X (antes Twitter) o TikTok, sí pueden utilizar sus cuentas personales o páginas oficiales para dar a conocer su perfil, compartir sus ideas y generar conversación con los ciudadanos.
En otras palabras, los candidatos deberán apostar por contenido orgánico que logre viralizarse de manera natural. Esto significa que su estrategia digital no dependerá de grandes presupuestos en pauta, sino de la capacidad de generar publicaciones atractivas, claras y relevantes que motiven la interacción de los usuarios.
2. Producir y distribuir propaganda impresa con materiales reciclables y biodegradables
Los candidatos pueden imprimir y distribuir volantes, trípticos o folletos, pero con la condición de que sean materiales reciclables o biodegradables.
Dado que la propaganda impresa es una de las pocas herramientas de difusión permitidas, los candidatos deben asegurarse de que sus materiales incluyan información clara sobre su trayectoria, propuestas y formas de contacto digital.
3. Participar en debates y foros con igualdad de condiciones
Los debates y foros públicos representan una de las oportunidades más valiosas para los candidatos. En un contexto donde la publicidad tradicional está prohibida, estos eventos permiten que los aspirantes presenten su visión ante el electorado y refuercen su credibilidad.
Para los votantes, estos espacios serán determinantes, ya que les permitirán conocer de primera mano a los aspirantes y evaluar sus propuestas. En una elección donde la confianza es el factor decisivo, la capacidad de los candidatos para comunicar con claridad y responder con solvencia a los cuestionamientos será fundamental.
4. Construir redes de apoyo ciudadano a través del activismo comunitario
Dado que los partidos políticos no pueden participar en la promoción de candidaturas, los aspirantes deberán construir sus propias estructuras de apoyo mediante la movilización ciudadana.
El activismo comunitario puede manifestarse de diversas formas: desde la organización de reuniones con vecinos hasta la promoción de la candidatura a través del “boca a boca”. La clave será aprovechar estas redes informales para multiplicar el alcance del mensaje y generar confianza en sectores estratégicos de la población.
Segmentación del electorado: quiénes votarán y qué buscan
La elección judicial no solo es una contienda técnica, sino un ejercicio de movilización ciudadana. Existen tres grandes segmentos de votantes que determinarán el resultado de la elección:
1. Transformistas. Son ciudadanos que ven la elección como una oportunidad para transformar el sistema judicial y alinearlo con un discurso de cambio. Tienden a favorecer perfiles que promueven una reforma profunda y suelen responder bien a mensajes de democratización del poder judicial.
2. Círculo de confianza. Este grupo está compuesto por aquellos cuyo voto está determinado por una relación personal con un aspirante. Familiares, colegas, alumnos o conocidos que buscan apoyar a alguien de su entorno sin necesariamente tener un interés en el proceso más allá de su vínculo con el candidato.
3. Guardianes del orden judicial. Son votantes que desconfían del proceso y temen que esta elección pueda ser utilizada como un mecanismo de control político. Suelen inclinarse hacia perfiles que proyectan independencia, experiencia y un compromiso firme con la institucionalidad del poder judicial.
Ganar en una elección de alta incertidumbre
La elección judicial 2025 es un experimento político sin precedentes en México. En un contexto de escepticismo y alta regulación, el éxito de los candidatos dependerá de su capacidad para construir confianza, generar contenido persuasivo en redes sociales y conectar con los votantes a través de estrategias innovadoras.
En una elección sin financiamiento ni propaganda convencional, el mayor activo político será la credibilidad. Aquellos aspirantes que comprendan que esta contienda no se gana con discursos técnicos, sino con estrategias de comunicación efectivas, serán los que logren captar el voto ciudadano y consolidarse como figuras clave en la transformación del sistema judicial.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
