La elección de jueces y magistrados en México es un tema crucial para el fortalecimiento del Estado de derecho. Tradicionalmente, estos cargos han sido designados por el Poder Ejecutivo y/o el Senado, previa propuesta de ternas, lo que ha generado críticas por la falta de independencia y por la politización del Poder Judicial. Sin embargo, ante la iniciativa de llevar estos nombramientos a elección popular, se abren nuevas interrogantes: ¿realmente fortalecería la democracia o abriría la puerta a nuevas formas de control e infiltración?
En las elecciones judiciales extraordinarias de México, programadas para el 1 de junio de 2025, se elegirán por primera vez mediante voto popular un total de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Este proceso histórico forma parte de la reforma constitucional aprobada en 2024, que busca democratizar la designación de jueces y magistrados: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
En un sistema de elección por voto popular, los candidatos a jueces y magistrados tendrán que hacer campaña, promocionarse y buscar apoyo ciudadano. Esto los obliga a depender de estructuras políticas, financiamiento y visibilidad pública, lo cual puede ser aprovechado por partidos y grupos de poder —legales e ilegales— para operar a su favor. Aquí es donde aparece el riesgo del carrusel electoral, una táctica usada para movilizar votantes de forma masiva y organizada, a menudo con recursos ilícitos o mediante coacción; práctica común en zonas vulnerables y también en regiones controladas por el narcotráfico.
En este contexto, el narco y los partidos políticos pueden operar en simbiosis: los primeros garantizan el voto en ciertas regiones a cambio de protección o favores judiciales; los segundos legitiman y promueven candidatos afines a sus intereses. Esta práctica no solamente pone en entredicho la legitimidad de las elecciones, sino que compromete la imparcialidad de quienes, en teoría, deben actuar como árbitros del sistema legal. Otra crítica relevante ha sido el antecedente de numerosos candidatos vinculados a actos de corrupción, robo y fraude.
El escrutinio en estos procesos debe ser extremo. Se requiere un sistema transparente, fiscalizado por organismos independientes, con límites estrictos al financiamiento de campañas judiciales y mecanismos de control sobre la propaganda. Sin condiciones democráticas adecuadas, la elección de jueces puede convertirse en un riesgo aún mayor que el sistema actual de designaciones.
Todo este proceso carece de bases claras y certezas mínimas, pues incluso los conteos estarán sujetos a disputas. La propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, aunque bien intencionada, puede ser contraproducente en un país donde los poderes fácticos influyen significativamente en los procesos electorales, y donde la transparencia ha sido obstaculizada.
Antes de abrir la puerta a esta reforma, México debió haber asegurado mecanismos eficaces de transparencia, fortalecer las instituciones y blindar el sistema judicial contra la influencia del crimen organizado y la corrupción política.
La inminente elección de jueces y magistrados por voto popular en México representa un parteaguas en la historia del Poder Judicial. Aunque busca democratizar el acceso a cargos de alta responsabilidad, esta reforma plantea múltiples desafíos técnicos e institucionales que no pueden ser ignorados. Por un lado, los requisitos para postularse parecen adecuados para garantizar cierto perfil profesional; sin embargo, la exposición mediática y la necesidad de hacer campaña desviarán el enfoque hacia intereses ajenos a la impartición de justicia.
A esto se suma un riesgo latente: la infiltración de grupos políticos o criminales que, mediante prácticas como el carrusel electoral o el financiamiento ilícito, influenciarán los resultados.
Los datos actuales muestran que ninguna entidad federativa cumple con los estándares ideales de independencia judicial, lo que subraya la necesidad de fortalecer el sistema, no solo abrirlo al voto. Además, el diseño de boletas por color y la fiscalización del proceso por parte del INE son pasos positivos, pero insuficientes sin una vigilancia ciudadana efectiva.
En pocas palabras, la elección popular de jueces debe ser abordada con cautela. Democratizar no puede ser sinónimo de vulnerar la imparcialidad judicial. El reto será garantizar justicia, no solo votos.
Juan Antonio Tinoco es experto en Políticas Públicas, Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Columnista, y asesor y analista en campañas electorales. Experto en soft landing.
