En los últimos meses, la supuesta existencia de una “Marco List” ha encendido el debate político en México y más allá. Según diversos reportes, este documento, atribuido al actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contendría los nombres de 44 figuras mexicanas —gobernadores, exgobernadores, alcaldes, legisladores, mandos militares y otros funcionarios— presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluyendo cárteles de la droga, lavado de dinero y contrabando de combustible (el llamado “huachicol fiscal”). La narrativa, alimentada por medios y redes sociales, ha generado especulaciones sobre su veracidad, su propósito y sus implicaciones para la relación bilateral. ¿Estamos ante una herramienta de inteligencia real o ante una construcción narrativa con fines políticos?
Este artículo analiza los indicios disponibles y las implicaciones estratégicas de esta controversia.
¿Qué es la Marco List?
La llamada “Marco List” habría sido elaborada por el Departamento de Estado de EE. UU., en coordinación con agencias como la DEA, el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Reportes de medios internacionales como Reuters, ProPublica y El País han dado cuenta de su posible existencia, citando fuentes confidenciales del gobierno estadounidense y analistas de seguridad nacional.
Según estas fuentes, el documento incluiría a actores políticos y funcionarios de alto nivel, tanto del partido gobernante como de otras fuerzas políticas, entre los cuales figurarían gobernadores en funciones, exgobernadores, alcaldes fronterizos, dirigentes partidistas, exsecretarios de Estado y mandos castrenses activos o retirados. Las acusaciones giran en torno a presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico, financiamiento ilícito de campañas políticas y uso de contratos públicos para lavado de dinero.
Las acciones asociadas con esta lista, como la revocación de visas, se sustentan en el artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., que permite declarar inelegibles a extranjeros por vínculos sospechosos con el narcotráfico. Este marco legal, reforzado por el Patriot Act y las disposiciones sobre organizaciones terroristas extranjeras, dota al Ejecutivo estadounidense de herramientas para sancionar sin necesidad de procesos judiciales públicos ni presentación de pruebas abiertas.
Indicios de existencia: evidencias indirectas pero relevantes
Aunque no existe confirmación oficial, todo indica que Estados Unidos mantiene mecanismos activos de recopilación y uso de inteligencia sobre figuras políticas mexicanas. En este tipo de operaciones estratégicas, la información se clasifica como reservada o confidencial, y por tanto no se publica ni se valida públicamente como si se tratara de un documento legislativo o administrativo ordinario. Su circulación suele limitarse a agencias gubernamentales, embajadas y organismos especializados, y sus efectos se manifiestan indirectamente a través de acciones específicas.
Uno de los indicios más relevantes proviene del periodismo de investigación. El reportero Tim Golden, de ProPublica, afirmó en un artículo citado por El País que una fuente confiable del gobierno estadounidense le confirmó la existencia de un expediente dirigido a identificar a funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. La trayectoria de Golden, especializada en temas de seguridad y relaciones exteriores, le otorga peso a esa declaración, incluso en ausencia de un documento filtrado.
Adicionalmente, hay hechos verificables que refuerzan esta línea. En los últimos meses se han documentado revocaciones de visas a funcionarios de alto nivel y detenciones fronterizas de autoridades municipales vinculadas —según agencias estadounidenses— con estructuras del crimen organizado. Estas medidas, aunque discretas, responden a procedimientos internos del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional que no requieren autorización judicial ni publicación de pruebas, ya que operan bajo marcos legales de excepción en temas de seguridad nacional.
El precedente histórico también es claro. En años recientes, figuras relevantes de la vida pública mexicana han sido procesadas en Estados Unidos sin que mediara colaboración del gobierno mexicano. Estos casos no fueron improvisados: fueron resultado de años de acumulación de inteligencia, cruces financieros, escuchas y análisis satelital. El patrón se repite, y las capacidades técnicas de agencias como la DEA, el FBI y el Tesoro permiten detectar operaciones criminales transnacionales sin necesidad de notificarlo anticipadamente a otros gobiernos.
Finalmente, la presión diplomática visible desde enero de 2025 refuerza la existencia de un sustento operativo. El propio Marco Rubio ha insistido públicamente en que México debe sancionar a políticos con vínculos delictivos, y ha amenazado con aranceles y medidas unilaterales si no se actúa con decisión. La promoción activa de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas también apunta a un repositorio de información estratégica en poder del gobierno estadounidense, cuya existencia no necesita ser proclamada, porque se ejecuta.
Confidencialidad, opacidad y lawfare
La confidencialidad es una característica inherente a este tipo de acciones. Publicar una lista completa podría alertar a los involucrados, poner en riesgo investigaciones abiertas o generar conflictos diplomáticos prematuros. Al mismo tiempo, su opacidad la convierte en un recurso ideal para el lawfare —uso instrumental del derecho y del aparato judicial para fines políticos o geoestratégicos—, especialmente en contextos de alta tensión bilateral.
Esto se alinea con la doctrina estadounidense de extraterritorialidad selectiva, en la que se aplican sanciones migratorias, financieras o diplomáticas sin necesidad de juicios formales, bajo la lógica de proteger la seguridad nacional y el interés estratégico del Estado.
¿Y las instituciones mexicanas?
Un elemento poco discutido es la respuesta institucional mexicana ante estos señalamientos. Ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han emitido comunicados que aclaren si existe cooperación con EE. UU. o si se ha abierto alguna investigación interna.
Esta omisión puede interpretarse como una estrategia de silencio diplomático, una ausencia de coordinación binacional o una señal de pasividad institucional. Cualquiera sea la causa, el resultado es preocupante: se debilita la percepción de integridad del Estado y se erosiona la legitimidad del combate al crimen desde dentro del aparato gubernamental.
¿Realidad operativa o narrativa política?
La Embajada de EE. UU. en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores han desmentido la existencia de la Marco List. La presidente de la República también ha solicitado cautela a los medios. Sin embargo, los antecedentes históricos muestran que operaciones de inteligencia de este tipo rara vez se confirman oficialmente y pueden mantenerse confidenciales durante años.
Algunos especialistas sugieren que esta supuesta lista podría estar basada en archivos viejos de agencias estadounidenses, actualizados de forma selectiva, y que su filtración parcial cumple una función más narrativa que operativa.
Implicaciones estratégicas
La narrativa asociada a la Marco List tiene consecuencias relevantes en distintos planos. En la política interna mexicana, se convierte en un arma de disputa: desde la oposición puede usarse para denunciar una presunta red de complicidades, mientras que desde el oficialismo puede justificar depuraciones internas o realineamientos de cara a los comicios de 2027.
En el plano exterior, la postura estadounidense se fortalece como narrativa de firmeza frente al crimen transnacional, con beneficios electorales y respaldo político doméstico. El endurecimiento del discurso permite justificar controles fronterizos, sanciones económicas o nuevas políticas migratorias.
Pero es en la cooperación bilateral donde el daño puede ser más profundo. La existencia de mecanismos unilaterales, la falta de transparencia o la exclusión de México en los procesos de decisión socavan la confianza mutua. Iniciativas como la Iniciativa Bicentenario podrían verse debilitadas si se percibe que Washington actúa por cuenta propia, sin compartir inteligencia procesable o sin respetar las vías diplomáticas establecidas.
La Marco List —real o no publicada— funciona como una señal política de largo alcance: más que un documento, es una expresión del desequilibrio estructural en la relación bilateral y de los vacíos institucionales dentro del Estado mexicano. En un entorno de asimetría, opacidad y tensiones geopolíticas, lo verdaderamente relevante no es si la lista está impresa, sino el tipo de poder que la hace posible.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
