Si bien en la historia los vínculos, influencia y presencia de los criminales y sus organizaciones al interior del Estado y en la sociedad han sido recurrentes, es recientemente cuando su enorme poder y su convergencia de intereses con las élites políticas, militares y económicas han dado lugar al fenómeno del narcoestado. En algunos países de América Latina como Colombia, Venezuela y México, esta modalidad o grado extremo de estado fallido ha implicado enormes retrocesos en su desarrollo político, económico y social, y hasta tensiones y conflictos internacionales, con graves riesgos para la seguridad y soberanía de todas las naciones involucradas.
La entronización del narcoestado en México con la política obradorista de “abrazos y no balazos” provocó que el presidente Donald Trump declarara que “los cárteles tienen una alianza intolerable con el gobierno de México, lo que permite a los cárteles operar sin restricciones en el país y continuar con la fabricación y transporte de sustancias como el fentanilo responsables de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y que pone en riesgo la seguridad nacional”. Ante ello, el gobierno norteamericano catalogó a seis cárteles de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, entre ellos el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, de los más poderosos del mundo.
El telón de fondo del florecimiento del narcoestado ha sido la existencia previa de un estado fallido, cuyos rasgos permiten definir en parte a aquel, lo cual revela que su implantación no es de un día para otro, sino que es resultado de un proceso desigual y de larga duración. Para la Fund for Peace, autora del índice respectivo, “los estados fallidos son aquéllos cuyos gobiernos enfrentan una pérdida de control sobre el territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza y que, además, son incapaces de proveer servicios públicos o de interactuar con otros estados como miembros plenos de la comunidad internacional. Para considerarles estados fallidos debe haber un fracaso en el aspecto social, político o económico del país”.
Un estado fallido es aquel que incumple con la función básica de garantizar los derechos básicos de los individuos (libertad, propiedad, seguridad, educación, salud, etc.), el imperio de la ley y el ejercicio de la soberanía. Entre los rasgos que lo caracterizan se destacan la proliferación de refugiados, desplazados y migrantes; el precario crecimiento, crisis económicas recurrentes y endeudamiento crónico; la ausencia de Estado de derecho; una ineficaz administración pública, servicios públicos insuficientes; el estado botín, boyante corrupción e impunidad; el descrédito de la clase política y las instituciones; la pobreza, la ignorancia, la descomposición social y la anomia; la falta de control territorial sobre amplias regiones y, por ende, el predominio de la inseguridad y la violencia.
Estos rasgos, junto a la cercanía con Estados Unidos, constituyeron la tormenta perfecta para el empoderamiento del crimen organizado, concretamente del narcoestado. Desde los años ochenta, México se convirtió en cuna de cárteles (que después desplazaron a los narcos colombianos) en contubernio principalmente con gobernantes, políticos, militares y policías. Gracias a esta alianza, se abrieron “áreas de oportunidad” para jugosos negocios delictivos (producción y tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, secuestros, extorsiones, etc.), incluyendo el respaldo a las diversas candidaturas de López Obrador y su triunfo presidencial en 2018. Por ello, no extraña que en su gobierno se entronizara el narcoestado como pocos casos en el mundo. Es un buen ejemplo para intentar definirlo y categorizarlo.
El narcoestado se puede definir como un caso extremo de estado fallido, dado el empoderamiento del crimen organizado. Está caracterizado por:
1. poderosos cárteles del narcotráfico, con amplias capacidades para operar local, nacional e internacionalmente;
2. reparto y/o lucha entre cárteles o al interior de ellos para el control territorial y la realización de todo tipo de actividades delictivas y genocidas, incluyendo terrorismo, reclutamiento forzado y campos de exterminio a gran escala;
3. clase política que hace pactos al más alto nivel (político-electorales, financieros, de impunidad, etc.) con los cárteles (que pueden fungir como organismos paramilitares) para perpetuarse en el poder;
4. redes de negocios, influencias y corrupción entre políticos, gobernadores, alcaldes, funcionarios, fiscales, jueces, militares y policías con los narcotraficantes y delincuentes asociados;
5. imbricación de los criminales dentro de los tres poderes del Estado, partidos (Morena y satélites), sindicatos, empresarios, abogados, etc.
Las consecuencias para México han sido terribles. Los miles de homicidios, cremados, desaparecidos, torturados, secuestrados, extorsionados, y en general, la militarización y la normalización de la violencia han configurado un drama humanitario y social sin precedentes. Las fuertes presiones del presidente Trump han obligado al gobierno de Sheinbaum a entregar capos, confiscar estupefacientes, entre otras acciones que no atacan el fondo del problema, puesto que narcopolíticos (empezando por AMLO) siguen impunes y, por ende, los pactos y las redes de corrupción que nutren y permiten operar al régimen político, incluyendo su contrarreforma judicial, la política clientelar y las elecciones de Estado.
Ante la imposibilidad de que la clase política y el régimen se hagan el harakiri, no extraña que el gobierno de Trump planteara que están sobre la mesa todo tipo de acciones contra los narcos, políticos y militares asociados con ellos.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
