El inicio de un nuevo año trae consigo la oportunidad de reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos que persisten. En 2024, las mujeres que participan en la política y el derecho seguimos enfrentándonos a desafíos estructurales que reflejan las desigualdades históricas de la región. Aunque se han logrado conquistas importantes, como la presencia de mujeres al frente de países, mayor representación en parlamentos, tribunales y gobiernos locales, y la implementación de leyes y políticas públicas con perspectiva de género, todavía queda un largo camino para garantizar una participación paritaria y efectiva en estos espacios. Este 2025 debe ser un punto de inflexión para consolidar cambios transformadores que permitan a las mujeres liderar con libertad y justicia en la construcción de sociedades más incluyentes y libres de violencia.
Mujeres en la política: avances y retrocesos
Iberoamérica ha sido pionera en algunos aspectos de la representación política de las mujeres. Países como México, Bolivia y Costa Rica han implementado legislaciones avanzadas, como la paridad en cargos de elección popular, que han incrementado la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región tiene uno de los porcentajes más altos de mujeres legisladoras en el mundo, alcanzando un promedio de alrededor del 30 %.
Sin embargo, este avance no siempre se traduce en cambios profundos en el ámbito político. Las mujeres en política enfrentan barreras sistemáticas que limitan su participación e influencia real, como la violencia política, la exclusión de los espacios de toma de decisiones y la resistencia a sus agendas por parte de sectores tradicionalmente dominados por hombres.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno que, aunque ampliamente denunciado, sigue siendo una realidad cotidiana. Esta modalidad de violencia no solo busca intimidar a las mujeres para que abandonen cargos o candidaturas, sino que también las deslegitima públicamente, afectando su credibilidad y su salud física y emocional. En un contexto social en el que las redes sociales amplifican rápidamente los ataques, las mujeres políticas deben lidiar con insultos, amenazas y campañas de desprestigio que prácticamente nunca enfrentan los hombres.
Para 2025, es importante que los gobiernos de la región tomen medidas más contundentes para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto debería incluir la implementación de mecanismos efectivos de denuncia, la aplicación de sanciones severas y el fortalecimiento de los marcos legales existentes. Es crucial fomentar una cultura política basada en el respeto y la igualdad, donde las mujeres podamos participar plenamente sin temor a vivir violencia.
El derecho como herramienta de transformación
En el ámbito jurídico, las mujeres también desempeñamos un papel esencial en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades. Las abogadas, juezas, magistradas y académicas han liderado procesos de reforma legal, promovido sentencias históricas y brindado acceso a la justicia a grupos históricamente vulnerables. Sin embargo, al igual que en la política, el sistema jurídico está lejos de ser igualitario y paritario.
A pesar de que las mujeres representan un porcentaje significativo de profesionales del derecho, su presencia disminuye drásticamente en los niveles más altos del poder judicial y en posiciones de toma de decisiones. Esto se debe, en parte, a barreras invisibles como los estereotipos de género, la falta de redes de apoyo, la carga desproporcionada de responsabilidades domésticas, los techos de cristal y los pisos pegajosos.
Además, las mujeres en el derecho enfrentan desafíos específicos cuando trabajan en casos relacionados con violencia de género, ya que se enfrentan a sistemas judiciales que perpetúan prácticas machistas y revictimizantes, lo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas. En este contexto, las abogadas y juezas que buscan cambiar estas dinámicas a menudo se convierten en blanco de ataques y represalias.
El 2025 debe ser un año en el que se fortalezcan las capacidades de las mujeres en el ámbito jurídico. Esto incluye, además de garantizar el acceso a posiciones de liderazgo, promover una formación integral con perspectiva de género para todas las personas que integran el sistema de justicia. Asimismo, es necesario implementar políticas públicas que reconozcan el papel crucial de las mujeres en la construcción de un sistema jurídico más igualitario y accesible.
Intersecciones: política, derecho y derechos humanos
La participación de las mujeres en la política y el derecho no puede ser analizada de forma aislada, ya que ambos ámbitos están profundamente interconectados y tienen un impacto directo en la promoción de los derechos humanos. En una región como Iberoamérica, marcada por altos niveles de desigualdad, violencia y exclusión, el liderazgo de mujeres es esencial para construir políticas y sistemas jurídicos que respondan a las necesidades de toda la población.
Las mujeres políticas y juristas han sido fundamentales en la creación e implementación de leyes que protegen los derechos de las mujeres, como las leyes contra la violencia de género, las cuotas de representación y las políticas de acceso igualitario a la justicia. Sin embargo, todo esto se ve limitado cuando no cuentan con un respaldo suficiente de las instituciones y la sociedad.
Es fundamental que las agendas políticas y jurídicas de 2025 prioricen la eliminación de las brechas de género y el fortalecimiento de los derechos humanos. Esto incluye garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia, promover la participación igualitaria en la toma de decisiones y asegurar que las mujeres en política y derecho cuenten con las herramientas necesarias para liderar cambios estructurales.
El inicio de 2025 nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental de las mujeres en la política y el derecho como agentes de cambio. Aunque los desafíos son numerosos, también hay áreas de oportunidad significativas para construir un futuro con todos los derechos para todas las personas.
Este año nuevo debe ser un punto de inflexión en el que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestro liderazgo sin enfrentar ningún tipo de violencia. Solamente a través de la acción colectiva y el compromiso de todos los sectores de la sociedad será posible garantizar que las mujeres en la política y el derecho no solo participen, sino que transformen las estructuras de poder en beneficio de todas las personas.
El 2025 puede marcar el inicio de una nueva era para nosotras, en la que la igualdad de género deje de ser un ideal distante y se convierta en una realidad cotidiana. Este es el reto y también la promesa del año nuevo.
Abogada y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Especializada en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas, así como en la agenda de las juventudes.
