La regulación ambiental, a lo largo de nuestra historia, ha permitido mejorar, en parte, la calidad de vida de la población humana y los ecosistemas, al identificar e intentar disminuir emisiones contaminantes focalizadas tanto en las grandes cadenas de producción como en la movilidad motorizada. Sin embargo, esos esfuerzos son limitados cuando se analiza la realidad actual de la calidad del aire, los mantos freáticos —especialmente los correspondientes al agua dulce— y el aumento de la temperatura global.
Hay estudios emitidos por el Consejo de la Unión Europea que señalan que tan solo el 15 % de los hábitats en dicho continente se encuentran en buen estado, resultando los humedales y las zonas costeras entre los más afectados, junto con las poblaciones de polinizadores (abejas, mariposas y aves), que ven destruidos sus lugares de nidificación y son altamente importantes en la producción de alimentos, desde la fase de floración hasta como indicadores de la salud de los ecosistemas, debido a su alta sensibilidad frente a los cambios ambientales.
Otras investigaciones, como la realizada por World Wide Fund en 2024, emiten datos alarmantes: el 73 % de las poblaciones de vertebrados han desaparecido entre 1970 y 2020. Es decir, en 50 años diversos mamíferos, aves, peces y anfibios dejaron de existir en nuestro planeta. Esto señala que nos encontramos ante una inminente emergencia planetaria, al traspasar el umbral crítico por mantener una constante de cambios graduales que han afectado al planeta y que están llegando a un punto de inflexión en donde se volverán irreversibles.
Más evidencias se suman con el Quinto Informe de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, realizado por la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) de la ONU. Este documento identifica que prácticamente todos los países incumplieron los objetivos fijados en Nagoya 2010 para frenar la destrucción de la biodiversidad. Además, advierte que, junto a la degradación de la naturaleza, existe una mayor probabilidad de riesgo para el desarrollo de futuras pandemias, que podrían ser más letales que la del COVID-19.
La regulación ambiental responde, entonces, a una serie de normas y disposiciones que buscan atender las problemáticas en los diversos entornos donde convergen gobiernos y habitantes. Por ende, la sobrerregulación, de acuerdo con Chávez & Marín (2025), hace referencia a circunstancias en donde coexisten numerosas normas que, en su conjunto, resultan excesivas y provocan complicaciones, como el incumplimiento o la distorsión del sistema administrativo, dirigiendo a las entidades al quebrantamiento de sus objetivos.
En el caso mexicano, ambos autores enuncian que el derecho ambiental surgió en 1971, cuando se incorporó el concepto “ambiental” en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución. Posteriormente, gracias a los instrumentos internacionales, la Constitución avanzó en la regulación de los recursos ambientales, lo que se trasladó a otros ordenamientos en los tres niveles de gobierno.
La sobrerregulación ambiental ha sido un tema de debate no solo en México, sino a nivel mundial. No solo se vincula con el exceso de lineamientos, sino con la hiperburocratización que incentiva la corrupción y facilita transacciones particulares entre funcionarios de gobierno y privados interesados. Entre sus consecuencias se encuentran la pérdida de competitividad en sectores clave, la sobreexplotación de recursos naturales y la falta de claridad normativa, aprovechada por intereses perversos en detrimento del equilibrio ecológico.
Por otra parte, la desregularización ambiental responde a una tendencia —muchas veces de orden político— a favor de la libertad individual y el libre mercado, que señala la ineficiencia del aparato gubernamental en la gestión ambiental. Este movimiento se presentó con fuerza en la década de los ochenta en Estados Unidos, donde trajo como consecuencia el desmantelamiento progresivo de la agencia ambiental de ese país, un incremento de la contaminación atmosférica, la baja en la calidad del agua y el aumento de los residuos peligrosos, entre otros (Jordano, 2002).
Actualmente, se gesta una mal llamada “simplificación de las normas ambientales en Europa” a través del Reglamento Ambiental Ómnibus, que responde a un paquete legislativo de la Unión Europea para 2025. Busca simplificar y unificar normativas de sostenibilidad (ESG), afectando directivas como la CSRD, la CS3D y el Reglamento de Taxonomía, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial reduciendo la carga administrativa. Varias organizaciones, como Rettet den Regenwald e. V., han denunciado que existe una enorme presión para recortar incluso leyes que forman parte del núcleo de la conservación de la naturaleza, como la Directiva sobre hábitats de la UE y la normativa comunitaria sobre renaturalización y protección de los bosques (EUDR).
En el debate sobre el futuro, ambas tendencias representan un riesgo para el equilibrio ambiental global. Sin embargo, la desregularización parece imponerse con la aprobación del Reglamento Ambiental Ómnibus, dado que la normatividad europea ha sido referente para la legislación latinoamericana y de otros países. Con ello se abriría la puerta a la primacía del usufructo ambiental sobre el beneficio social de las presentes y futuras generaciones.
Lo que antes se atribuía a un exceso de regulación como factor de corrupción, en realidad es la falta de justicia ambiental lo que ha derivado en desequilibrios sistémicos. Ahora, con la legitimación de la desregularización, los acuerdos privados estarán por encima del interés público, sin penalizaciones legales.
Inmaculada Ramírez es colaboradora en la Revista Eje Global, donde aborda temas relacionados a la sustentabilidad y el medio ambiente.
Actualmente es asesora parlamentaria en el Congreso del Estado de Jalisco y fundadora de la asociación civil Construyendo Políticas A.C. Ha escrito en diversos medios de comunicación locales como en Decisiones, Capital Político, entre otros.
Politóloga de formación, con maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública; así como Doctorado en Educación. Tiene en su haber diversos diplomados en materia de planeación urbana, derechos humanos, evaluación de programas públicos, programación presupuestaria, cultura, integridad web, entre otros.
Desde hace más de una década ha incursionado en el servicio público mexicano en diversos puestos en los tres niveles de gobierno, que van desde auditoría y gestión documental para proyectos de conectividad federal con la anterior Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del área de cambio climático en los municipios metropolitanos de Guadalajara y Zapopan y Directora General para la política de verificación vehicular en Jalisco.
Por la parte académica, ha sido coordinadora de diplomado en la Universidad de Guadalajara y colaboradora con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.
