El 8 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump firmó una directiva que ordena al Pentágono preparar opciones militares contra las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Esta decisión representa un avance más en la construcción de un entramado político, económico, jurídico y operativo destinado a enfrentar con mayor dureza a los cárteles y organizaciones criminales.
Desde el inicio de su administración, Trump puso la defensa de la seguridad nacional en el centro de su política interna y externa. Como consecuencia, la lucha contra los cárteles y la inmigración ilegal pasaron a ser temas estratégicos prioritarios. Esto llevó a aprobar reformas legales que ampliaron las facultades del Ejecutivo, dotándolo de más herramientas para combatir el crimen transnacional.
Destaca especialmente la declaración de Emergencia Nacional en la Frontera Sur, que otorgó al Ejecutivo facultades legales excepcionales para enfrentar amenazas transnacionales en la frontera. Entre estas, se incluyeron mayores atribuciones para desplegar tropas, usar recursos militares y de inteligencia, así como destinar financiamiento bajo protocolos de seguridad nacional.
Esta medida no solo amplió considerablemente el margen de maniobra del Ejecutivo para actuar contra las amenazas transnacionales, sino que sentó un precedente clave para justificar acciones más agresivas y coordinadas, reforzando el enfoque militarizado y legal contra las organizaciones criminales transnacionales.
La emisión de la Orden Ejecutiva 14157, que declaró formalmente a varios cárteles mexicanos —entre ellos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo— como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), transformó radicalmente la estrategia contra estas agrupaciones. Incorporó herramientas propias de la lucha antiterrorista, amplió sanciones penales y financieras, y aumentó los riesgos para cualquier actor —gubernamental, privado o extranjero— vinculado a ellas. Su impacto fue más allá de lo represivo, buscando interrumpir cualquier flujo, incluso comercial o financiero legítimo, que fortaleciera a los cárteles.
Más allá de lo anterior, clasificar a los cárteles como OTE abrió la puerta para que Estados Unidos utilizara herramientas de contraterrorismo, incluyendo acciones militares extraterritoriales, siempre que considere que sus intereses o seguridad están en riesgo.
Estos cambios marcaron un nuevo paradigma en la cooperación internacional de Estados Unidos contra las OCT. Hasta entonces, la colaboración con México se centraba en apoyo policial, intercambio de inteligencia y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la creciente frustración de la administración Trump ante la falta de resultados efectivos, junto con la desconfianza por la percepción de que ciertos sectores oficiales podrían estar coludidos con los cárteles, endureció de forma significativa la política estadounidense y puso en entredicho la capacidad y confiabilidad de México como socio en esta lucha.
La directiva del 8 de agosto es un decreto confidencial firmado por Trump que instruye al Pentágono a preparar posibles acciones militares, como operaciones navales, incursiones selectivas, despliegues de fuerzas especiales y ataques tecnológicos. No implica un despliegue militar inmediato, sino que busca que el Pentágono planifique y coordine recursos para responder con rapidez a amenazas emergentes dentro de un marco más amplio de seguridad.
Además, funciona de facto como una herramienta de presión para que México adopte medidas reales y efectivas, no cosméticas, contra los cárteles. Al mantener abierta la posibilidad de acciones militares extraterritoriales, Estados Unidos lanza una advertencia clara: que está dispuesto a intervenir si considera que México no muestra voluntad política o si sus esfuerzos son insuficientes.
Para Estados Unidos —aunque no para México— la relación bilateral ha girado históricamente en torno a dos temas: seguridad y comercio, frecuentemente vinculados. La marcada asimetría de poder entre ambos países, sumada a la prioridad que Estados Unidos concede a su seguridad, hará que Washington utilice todos los recursos a su alcance —militares, políticos, comerciales y económicos— para asegurar la cooperación efectiva de México, de facto y aunque no se haga saber públicamente, bajo la directiva de Estados Unidos.
El derecho internacional establece que ningún Estado puede emplear la fuerza armada en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, salvo en casos muy limitados previstos por la Carta de la ONU. En el contexto de acciones contra cárteles, esto significa que Estados Unidos no podría llevar a cabo incursiones militares en México de manera unilateral sin vulnerar esta norma fundamental. Por ello, la primera opción será siempre buscar la cooperación bilateral.
Sin embargo, el artículo 51 de la Carta de la ONU, que consagra el derecho de legítima defensa —tanto individual como colectiva— frente a un ataque armado, abre una excepción a esta regla. Argumentando que el estado anfitrión –en este caso México– es incapaz o no quiere neutralizar a las OCT, Washington podría invocar este principio si considerara que la amenaza de los cárteles constituye un ataque armado por un actor no estatal que afecta su seguridad nacional, especialmente bajo un enfoque de defensa preventiva o ampliada.
Si bien esta interpretación es objeto de controversia, la combinación de factores como la debilidad de las instituciones multilaterales, la falta de determinación política o la competencia operativa limitada de México —en los ámbitos político, militar o financiero— para enfrentar a los cárteles, sumada a la desconfianza generada por su vulnerabilidad institucional y la infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, podría orillar a Estados Unidos a considerar una intervención sin autorización previa.
En cualquier caso, una incursión militar de este tipo tendría consecuencias políticas y diplomáticas profundas. Este marco legal condiciona el abanico de respuestas posibles, que van desde la cooperación plena hasta la intervención unilateral. Ante este panorama, se perfilan tres escenarios que definirán tanto la relación bilateral como la efectividad de la estrategia estadounidense contra los cárteles.
El primero, y el más deseable, es una cooperación explícita y coordinada entre ambos gobiernos. Esto implicaría operaciones conjuntas, mecanismos rigurosos de supervisión y transparencia, además de garantías sólidas en derechos humanos y respeto a la soberanía mexicana.
Si bien esta sería la opción más deseable, el contexto actual presenta importantes obstáculos. Diversas decisiones de política interna han priorizado agendas partidistas sobre consensos nacionales, vulnerado el sistema institucional y reducido la efectividad de los contrapesos. A ello se suman problemas estructurales como la corrupción y la ineficiencia administrativa, que dificultan la generación de confianza y limitan la capacidad para implementar reformas y acciones sostenidas en el combate al crimen organizado.
El segundo escenario contempla una negativa o falta de una real voluntad política mexicana para colaborar plenamente. En este caso, Estados Unidos podría intensificar la presión mediante sanciones económicas sectoriales, restricciones comerciales o medidas migratorias más severas para forzar una cooperación donde el papel preminente lo tendría Estados Unidos, lo que tensaría más la relación bilateral.
Finalmente, el tercer escenario involucra acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, como ataques selectivos u operaciones encubiertas para neutralizar objetivos clave de los cárteles. Estas tácticas, aunque podrían generar resultados rápidos, son estratégicamente riesgosas. La ausencia de coordinación con México aumenta la posibilidad de incidentes no deseados, incluyendo víctimas civiles y daños colaterales, lo que podría desatar una escalada de violencia y deteriorar gravemente la relación diplomática, comprometiendo la cooperación futura y la estabilidad regional.
Como la experiencia muestra, la militarización de la lucha antidrogas conlleva riesgos operativos y humanitarios considerables. Un mayor uso de la fuerza puede fragmentar a los cárteles, provocar reacciones violentas y aumentar los enfrentamientos armados con un alto costo para la población civil.
No obstante, aun con sus riesgos, una operación militar binacional bien diseñada y de alcance limitado puede aportar ventajas importantes. Permitiría golpear con fuerza a las estructuras criminales, detener a sus líderes, confiscar recursos clave y fortalecer las capacidades de ambos países con mejor entrenamiento, tecnología avanzada e intercambio de inteligencia. Además, la sola presencia de una fuerza coordinada puede disuadir a los cárteles, reducir su margen de maniobra y dar una respuesta rápida en caso de crisis graves.
Por ello, la opción idónea para combatir al crimen organizado de forma binacional es una estrategia integral que combine fuerza selectiva con otros instrumentos. Esto implicaría establecer un marco de cooperación claro que defina roles y límites, priorizar operaciones basadas en inteligencia verificable y —aunque poco probable en el contexto político nacional— fortalecer las instituciones mexicanas para blindarlas contra la corrupción y la infiltración criminal. Asimismo, resulta esencial impulsar el desarrollo económico y social en las zonas más vulnerables, atacar las finanzas ilícitas mediante mecanismos internacionales y sumar a otros países y organismos para ampliar la cooperación multilateral.
La disyuntiva para México es clara: avanzar hacia una cooperación real, verificable y sostenida o enfrentar el riesgo de que Estados Unidos actúe por cuenta propia, con todas las implicaciones políticas, económicas y de seguridad que ello conlleva. El reto para México no radica únicamente en evitar una incursión militar extranjera, sino en asumir con determinación y eficacia la defensa de su propio territorio, fortalecer sus instituciones y demostrar que puede ser un socio real y efectivo en la lucha contra el crimen organizado.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
