Al inicio de este 2026, el renovado interés del presidente Donald Trump por Groenlandia volvió a colocarse en el centro del debate internacional. Las tensiones con Dinamarca y con varios gobiernos europeos no surgieron por una frase aislada ni por un gesto improvisado, sino por la explicitación de una lógica que esta administración ha decidido asumir sin ambigüedades: la seguridad nacional como eje rector —y ADN— de toda su política exterior.
Para comprender este episodio es necesario abandonar la lectura coyuntural. La actual Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos redefine de manera deliberada la frontera entre lo doméstico y lo externo. Seguridad ya no significa únicamente defensa militar del territorio, sino control de recursos estratégicos, rutas críticas, infraestructura sensible y posiciones geográficas que condicionan el poder futuro. Bajo este marco, Groenlandia deja de ser una isla periférica y se convierte en un activo estructural.
El interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo. Desde el siglo XIX, Washington identificó en la isla un valor estratégico por su ubicación y proyección hacia el Ártico. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos consolidó su presencia militar mediante acuerdos con Dinamarca, estableciendo bases clave para la detección temprana de misiles y el control del Atlántico Norte. La actual Base Espacial Pituffik es heredera directa de esa lógica y continúa siendo una pieza central del sistema de defensa estadounidense.
Lo que cambia en 2026 no es el interés, sino el contexto. El deshielo acelerado del Ártico está abriendo nuevas rutas marítimas entre Asia, Europa y América del Norte, reduciendo tiempos de transporte y reconfigurando el comercio global. Al mismo tiempo, Rusia y China han incrementado su presencia política, militar y económica en la región. Para Washington, el Ártico ya no es una periferia congelada, sino un nuevo espacio de competencia estratégica.
Aquí aparece una distinción clave que suele diluirse en el debate público. Las potencias no piensan su política exterior como lo hacen los países que no lo son. Estados Unidos, China o Rusia no actúan únicamente en función de urgencias internas o ciclos electorales inmediatos. Planifican en horizontes de largo plazo. Asegurar territorios, recursos críticos y nodos estratégicos no es una excentricidad ideológica, sino una condición para sostener su estatus y reducir vulnerabilidades futuras. Los países con capacidades limitadas suelen concentrarse en administrar el presente; las potencias buscan condicionar el futuro.
Desde esta lógica, Groenlandia también debe leerse como una pieza geoeconómica. La isla alberga importantes reservas de minerales críticos —tierras raras, litio, cobre y uranio— indispensables para la industria tecnológica, la transición energética y los sistemas militares avanzados. En un contexto de rivalidad sistémica y de cadenas de suministro cada vez más politizadas, asegurar el acceso a estos insumos se convierte en una extensión directa de la seguridad nacional. No se trata solo de defensa, sino de capacidad productiva, autonomía tecnológica y control de flujos económicos estratégicos.
La administración Trump ha sido explícita en esta visión. Su Estrategia de Seguridad Nacional parte de una premisa clara: el poder en el siglo XXI se define por la intersección entre fuerza militar, control económico y dominio tecnológico. En ese marco, separar geopolítica de geoeconomía deja de ser operativo. Controlar espacios estratégicos implica también influir sobre los recursos, la infraestructura y las rutas que sostendrán el crecimiento y la competitividad futura.
Las reacciones europeas y groenlandesas han sido previsibles. Dinamarca rechaza cualquier cuestionamiento a su soberanía y varios líderes europeos advierten sobre las consecuencias de alterar el equilibrio interno de la OTAN. En Groenlandia, donde existe una histórica aspiración independentista, el episodio ha generado inquietud y ha puesto en pausa debates internos frente a la presión externa. En paralelo, dentro de Estados Unidos, una mayoría de la opinión pública se muestra contraria a cualquier uso de la fuerza, lo que acota los márgenes de acción política.
Sin embargo, reducir el episodio a una discusión sobre legalidad o retórica imperial resulta insuficiente. El interés estadounidense por Groenlandia expresa una transformación más profunda del orden internacional. Las potencias están actuando de forma preventiva, asegurando activos estratégicos antes de que se conviertan en puntos de disputa irreversible. No es una lógica cómoda ni necesariamente popular, pero es coherente con la manera en que los Estados hegemónicos han operado históricamente cuando perciben amenazas estructurales.
Groenlandia no es un hecho aislado. Es un síntoma de cómo la seguridad nacional, la geoeconomía y la competencia entre potencias están redefiniendo las reglas del juego global. En este nuevo escenario, entender cómo piensan y actúan las potencias —y por qué lo hacen— se vuelve indispensable para interpretar un mundo donde el control del futuro pesa más que la administración del presente.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia mexicana P&G Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
