En las costas del Caribe mexicano, donde el azul del mar se funde con el verde de los manglares, emerge un enemigo silencioso pero persistente: el sargazo. Esta alga marina, que viaja desde las profundidades del Atlántico, no solo mancha las playas con su masa parda, sino que ahoga la vida económica y ambiental de Quintana Roo. Recuerdo cómo, hacia 2011, comenzaba a verse en Cancún; veo a pescadores luchando contra montones de sargazo que bloquean sus redes y sus motores, mientras turistas huyen de un paraíso convertido en pesadilla.
Hoy urge que la XVIII Legislatura del estado adopte una propuesta audaz: la creación de una ley estatal para la colaboración interestatal e internacional en el control del sargazo desde aguas internacionales. No es solo una idea; es un llamado a transformar la crisis en oportunidad. En un estado que llegó a aportar más del 1.6 % al PIB nacional —según datos del INEGI— y casi el 37 % del PIB estatal, esta propuesta significaría recuperar un destino clave a nivel internacional: el Caribe mexicano.
El problema no es nuevo, pero su escala sí lo es. Desde 2011, el sargazo ha invadido más de 500 kilómetros del litoral quintanarroense, con picos devastadores en 2018 y 2023. Originado en el llamado “Triángulo del Sargazo”, una vasta zona entre Brasil, África occidental y el golfo de México, su proliferación es un síntoma del cambio climático: océanos más cálidos, fertilizantes agrícolas del Amazonas que nutren el alga y corrientes alteradas por fenómenos como El Niño. En Quintana Roo, el 90 % de las muestras recolectadas en 2024 contenían arsénico y cadmio por encima de los límites seguros, según datos del INAPESCA.
Los impactos son múltiples: ambientales, con hipoxia en arrecifes como el de Cozumel y la Reserva de Banco Chinchorro; económicos, con pérdidas de tres mil millones de pesos anuales y 1.2 millones de turistas menos en 2023, según la SEDETUR; sociales, afectando a comunidades vulnerables donde la pesca sigue siendo sustento; y sanitarios, con gases tóxicos que irritan ojos y vías respiratorias. Es una trayectoria destructiva; como sucede con cualquier falla en política pública, una decisión pospuesta puede desequilibrar toda una economía.
En este contexto, la propuesta —que la XVIII Legislatura debe impulsar y aprobar— se centra en el eje de medio ambiente: adicionar un Título VII Bis a la Ley de Protección al Ambiente del Estado. No se trata de limpiar playas de manera reactiva, como dicta la legislación vigente desde 2018, sino de actuar preventivamente en alta mar, donde México comparte facultades bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982).
La iniciativa plantea un Comité Estatal de Colaboración para el Sargazo (CESC), con una cuota del 20 % para voces jóvenes, integrando a la SEMARNAT, el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) y organizaciones como The Nature Conservancy. Propone también un Fondo Estatal de Cooperación para el Sargazo (FECOS), financiado con el 1 % del impuesto al hospedaje —aproximadamente 150 millones de pesos al año— destinado a vigilancia satelital en alianza con la NASA y la NOAA; además de convenios bilaterales con la Unión Europea y el fortalecimiento de proyectos como el piloto México–Francia de 2022, que recolectó mil toneladas con barreras flotantes.
El componente innovador es igualmente crucial: convertir el sargazo en bioplásticos, fertilizantes o combustibles, generando alrededor de cinco mil empleos verdes y otorgando incentivos fiscales para startups que desarrollen soluciones tecnológicas.
Esta iniciativa, de ser adoptada por la Legislatura, puede defenderse con argumentos sólidos. “El sargazo no respeta fronteras”, diría la exposición de motivos, acompañada de la proyección de su ruta atlántica. A objeciones sobre costos, se respondería que no actuar resulta más caro. A dudas sobre competencia estatal, se citaría la UNCLOS como marco para la coordinación federal. Con ello se justificaría la urgencia de un dictamen preliminar listo para el pleno estatal.
El impacto esperado es significativo. Modelos de la UQROO predicen una reducción del 40 % en la llegada de sargazo en tres años, en alineación con los ODS 14 (Vida submarina) y 17 (Alianzas). La estrategia posicionaría a Quintana Roo como líder regional, fomentaría resiliencia climática y promovería equidad de género al priorizar mujeres e indígenas en los programas de capacitación. Más allá de números, esta propuesta recupera una dimensión humana: voces quintanarroenses que buscan unir esfuerzos para un futuro sostenible.
No es utopía; es viable, con precedentes globales como el Acuerdo de París. Invito a lectores, autoridades y aliados internacionales a respaldar esta ley. Porque, como en el arte de la política pública, la verdadera maestría surge de enfrentar el caos con creatividad y acuerdos. Quintana Roo lo merece.
Juan Antonio Tinoco es experto en Políticas Públicas, Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Columnista, y asesor y analista en campañas electorales. Experto en soft landing.
