La Ley General de Aguas (LGA), promulgada el 11 de diciembre de 2025, representa un avance en la priorización del derecho humano al agua y de la sostenibilidad ambiental; sin embargo, genera preocupaciones relevantes sobre su impacto en la competitividad tecnológica y productiva, particularmente en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y de los centros de datos. Más allá de estos sectores, la ley introduce implicaciones adicionales en diversos ámbitos económicos y sociales.
Como se detalla en análisis recientes, la centralización de facultades en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la prohibición de transferencias privadas de concesiones introducen un grado significativo de incertidumbre jurídica que podría desincentivar inversiones en sectores intensivos en el uso de agua, como los data centers, en un momento en el que México atrae proyectos multimillonarios, especialmente en Querétaro y otras regiones estratégicas. Para posicionar a México como una potencia en IA hacia 2050, sin comprometer los objetivos sociales y ambientales, se propone un conjunto de reformas equilibradas que mantengan la rectoría estatal y la equidad, al tiempo que fomenten la innovación y la atracción de inversión. Estas propuestas se sustentan en proyecciones hídricas alarmantes y en lecciones extraídas de políticas públicas comparadas a nivel internacional.
Contexto hídrico y tecnológico actual
México enfrenta un estrés hídrico severo. Actualmente, once entidades federativas presentan un alto nivel de riesgo, cifra que podría ascender a veinte hacia 2050, según estimaciones de S&P Global, lo que afectaría entre el 40 y el 80 % de la población con escenarios de escasez extrema. La ONU y la propia CONAGUA proyectan que entre 74 y 80 millones de mexicanos podrían vivir bajo condiciones de escasez hídrica, con una disponibilidad per cápita que descendería a aproximadamente 3 250 m³ anuales, situación agravada por el cambio climático y el crecimiento demográfico.
De forma paralela, el auge de la inteligencia artificial ha incrementado de manera significativa el consumo de agua en los centros de datos. A escala global, estos complejos absorben entre 560 y 765 mil millones de litros anuales en 2025, mientras que un centro típico puede utilizar entre 11 y 19 millones de litros diarios para procesos de enfriamiento. En México, la capacidad instalada alcanza los 1 269 MW, concentrándose cerca del 65 % en Querétaro. El índice promedio de uso de agua (Water Usage Effectiveness, WUE) es de 1.8 L/kWh, aunque tecnologías más avanzadas permiten reducirlo hasta 0.2 L/kWh. Sin reformas adecuadas, la LGA podría frenar esta expansión tecnológica y relegar a México en los rankings globales de IA, donde actualmente ocupa el puesto 68, según Oxford Insights.
Políticas comparadas: lecciones internacionales
Para orientar posibles ajustes normativos, resulta útil analizar experiencias internacionales que han logrado equilibrar sostenibilidad ambiental y competitividad tecnológica.
En Estados Unidos, regulaciones locales flexibles combinadas con incentivos fiscales han permitido una expansión acelerada del sector, incluso en estados con estrés hídrico elevado, como Arizona. El consumo de agua de los centros de datos representa apenas el 0.001 % del total nacional, aproximadamente 1 700 millones de litros diarios, mientras que las políticas estatales fomentan el reúso y la eficiencia, atrayendo inversiones en IA sin un freno regulatorio federal. México podría adoptar mecanismos similares, como créditos fiscales para tecnologías de enfriamiento de bajo consumo.
En China, políticas estatales como la actualización del programa GEC 2025 priorizan la eficiencia y la sostenibilidad, integrando los centros de datos en planes nacionales de desarrollo. Innovaciones como los centros submarinos alimentados por energía eólica han permitido reducir hasta en un 40 % el consumo energético e hídrico, consolidando su liderazgo en IA. Una reforma mexicana podría incorporar mandatos de integración de energías renovables y esquemas de reúso, manteniendo el control estatal, pero con respaldo explícito a proyectos estratégicos.
En la Unión Europea, iniciativas como el Climate Neutral Data Centre Pact 2030 y la Directiva de Eficiencia Energética obligan a reportes detallados de consumo y a metas de “water positive”, es decir, devolución neta de agua al sistema. Estas políticas han permitido reducciones de hasta el 91 % mediante esquemas de economía circular y enfriamiento líquido. Si bien moderan el crecimiento, también atraen inversión verde. México, con niveles de estrés hídrico comparables a algunas regiones europeas, podría incorporar requisitos obligatorios de reúso y certificaciones de sostenibilidad para el otorgamiento de concesiones.
Estos modelos muestran que regulaciones estrictas no necesariamente impiden el liderazgo tecnológico cuando se combinan con incentivos adecuados y capacidad de innovación.
Propuesta de reformas específicas
Para que México se consolide como una potencia en IA hacia 2050 —con un PIB digital impulsado por centros de datos entre un 15 y un 20 % adicional, según estimaciones globales adaptadas al contexto nacional— se sugieren las siguientes modificaciones a la LGA, preservando su núcleo social:
- Incentivos para tecnologías sostenibles.Incorporar un capítulo específico sobre “usos industriales estratégicos” que priorice concesiones aceleradas para centros de datos con un WUE igual o menor a 0.5 L/kWh, mediante tecnologías de enfriamiento por inmersión o sistemas de circuito cerrado. Asimismo, establecer compromisos water positive, obligando a las empresas a devolver agua tratada a las comunidades, financiando mejoras en las redes públicas y reduciendo las pérdidas actuales cercanas al 40 %. Estas medidas se alinean con el artículo 4.º constitucional.
- Zonas hídricas estratégicas.Crear zonas especiales en regiones con bajo estrés hídrico, particularmente en el sur y sureste del país, donde la disponibilidad per cápita supera los 4 000 m³. Estas zonas contarían con evaluaciones socioambientales obligatorias, pero con plazos reducidos para la asignación de concesiones. Inspiradas en el modelo chino, integrarían energías renovables y esquemas de financiamiento público-privado, beneficiando potencialmente a entre 10 y 20 millones de personas en regiones marginadas.
- Colaboración público-privada y transparencia.Reformar el Registro Nacional del Agua para incluir métricas públicas y auditables del consumo hídrico de los centros de datos, con revisiones anuales. Crear un fondo hídrico financiado mediante tasas progresivas a industrias intensivas en recursos (entre 0.1 y 0.5 % de sus ingresos), destinado a garantizar el acceso universal al agua y a la recuperación de acuíferos. Siguiendo el modelo europeo, exigir reportes de impacto social que aseguren que la inversión en IA genere empleo local, proyectado en hasta 100 000 puestos para 2050 en el sector digital.
- Marco de innovación y monitoreo.Incluir cláusulas de revisión quinquenal de la ley que permitan incorporar avances tecnológicos, como centros de datos submarinos. Fortalecer la colaboración con instituciones como el IMTA para investigación y desarrollo en eficiencia hídrica, ofreciendo subsidios a startups mexicanas enfocadas en IA sostenible.
Impacto proyectado hacia 2050
Con la implementación de estas reformas, México podría mitigar significativamente el estrés hídrico, reduciendo la población afectada a entre 50 y 60 millones de personas, al tiempo que fortalece su posición en el ecosistema global de la inteligencia artificial. El país podría atraer entre 10 y 20 mil millones de dólares anuales en inversión y escalar al top 30 mundial en competitividad en IA. El componente social se preservaría mediante mecanismos de redistribución, destinando al menos el 20 % de los ahorros hídricos industriales a usos domésticos, fortaleciendo la resiliencia y la equidad. En ausencia de estas reformas, el rezago tecnológico podría costar entre uno y dos puntos porcentuales del PIB anual.
Esta propuesta busca equilibrar un humanismo hídrico responsable con una ambición tecnológica realista, posicionando a México como un referente en desarrollo sostenible hacia mediados del siglo XXI.
Juan Antonio Tinoco es experto en Políticas Públicas, Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Columnista, y asesor y analista en campañas electorales. Experto en soft landing.
