¿Puede un joven de Tumaco (Nariño) acceder al mismo empleo que uno de Bogotá D.C. (Cundinamarca)? ¿Qué tan público es el Servicio Público de Empleo en Colombia? Estas preguntas, incómodas pero necesarias, obligan a revisar el papel del Estado democrático como garante de oportunidades laborales en un país marcado por la desigualdad territorial y la informalidad estructural. También el papel de los empresarios y empleados.
Desde la promulgación de la Ley 1636 de 2013 (creación del SPE), los gobiernos de Colombia han intentado consolidar un Sistema de Gestión del Empleo que articule actores públicos y privados, promueva la intermediación laboral transparente y facilite el acceso a vacantes formales. El 19 de diciembre de 2024, el Ministerio del Trabajo emitió el Decreto 1527, a través del cual se adiciona el Título 2 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, con el fin de adoptar la Política Pública de Trabajo Digno y Decente.
Desde 1948 (con las Bolsas Oficiales del Trabajo, a cargo de las inspecciones de trabajo), y luego con la creación de la Unidad del Servicio Público de Empleo (Ley 1636 de 2013), la intermediación de empleo, los prestadores autorizados (empresas registradas en RUES y SISE), y el despliegue de plataformas digitales han sido avances significativos. También la articulación con planes de desarrollo territorial se ha enfocado en explorar e integrar la política pública nacional (pasiva y activa) con los mecanismos de planificación subnacionales. Sin embargo, el panorama actual revela luces, debilidades, oportunidades y sombras que merecen una lectura crítica contemporánea.
Aciertos: trazabilidad, inclusión y digitalización
El SPE ha logrado mejorar la trazabilidad de vacantes y perfiles, permitiendo que miles de ciudadanos accedan a ofertas laborales desde portales como serviciodeempleo.gov.co. Se han implementado enfoques diferenciales para poblaciones vulnerables —víctimas del conflicto, jóvenes sin experiencia, mujeres cabeza de hogar— y se han articulado esfuerzos con el SENA y las cajas de compensación familiar para fortalecer la formación técnica, tecnológica y para el trabajo y el desarrollo humano.
No obstante, al interior de la entidad existe claridad de que es necesario modificar y optimizar el mapeo de actores, en concordancia con la evolución de la oferta y la demanda laboral, así como la tendencia a la baja del desempleo, que a agosto de 2025 se ubica en 8,6 % (DANE), la más baja en una década. Esta cifra representa “una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (9,7 %). La tasa global de participación se ubicó en 63,9 % y la tasa de ocupación en 58,4 %, mientras que en agosto de 2024 fueron 64,5 % y 58,3 %, respectivamente” (DANE, 2025). Finalmente, destaca el DANE, la tasa de ocupación fue 58,6 %, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil junio–agosto de 2024 (57,7 %).
En algunas regiones como Antioquia y Bogotá se han desarrollado modelos de intermediación laboral territorial que integran vocaciones productivas locales con necesidades empresariales. Estos casos muestran que, cuando hay liderazgo institucional y visión estratégica de largo plazo, el SPE puede convertirse en un verdadero instrumento de inclusión. Sin embargo, adolecen de indicadores de impacto y benchmarking de referencia.
Las principales apuestas estratégicas del SPE en Colombia son:
- Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y fomento de trayectorias laborales.
- Fortalecer la orientación ocupacional y el acompañamiento empresarial para la transformación productiva.
- Ampliar y posicionar el nuevo Modelo de Inclusión Laboral para la Equidad.
- Acompañar la implementación de herramientas dirigidas a aumentar la efectividad y calidad de los servicios de gestión y colocación de empleo en toda la red.
- Potenciar el uso de información territorial para conectar oportunidades laborales en sectores estratégicos mediante sistemas de información robustos equipados con inteligencia artificial, lo que contribuirá al posicionamiento institucional del SPE.
- Dinamizar la transformación del territorio priorizando los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano de Santos y las FARC-EP en 2016), como política activa en los planes de desarrollo territorial, haciendo énfasis en generación de empleos, promoción de servicios de colocación e inclusión laboral de víctimas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTBIQ+, migrantes, personas en proceso de reincorporación, adultos mayores y grupos étnicos, en el marco de una cultura organizacional de innovación y orientación hacia resultados (Red de Prestadores del SPE, Santa Marta, oct. 2023).
Desaciertos: fragmentación, baja cobertura y debilidad institucional
Pero no todo es avance. El Servicio Público de Empleo sigue siendo una política incompleta. Su cobertura territorial es baja: en muchos municipios rurales, el acceso a la intermediación laboral formal es inexistente. La articulación entre actores —SENA, alcaldías, cajas, sector privado— es débil y, en algunos casos, inexistente. Los principales resultados se han concentrado en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés Islas, Sucre).
La evaluación de impacto es limitada: ¿cuántos de los inscritos realmente acceden a empleos dignos y sostenibles? ¿Cuántos jóvenes profesionales recién egresados o sin experiencia son incorporados al mercado laboral y cuántos de ellos son rechazados una y otra vez por falta de un requisito fuera de época o de tecnologías? ¿Qué tanto se ha cumplido con el Acuerdo de Paz?
Además, persisten prácticas clientelistas o corruptas en la intermediación laboral en ciertos territorios (incluso en las unidades de apoyo legislativas del Congreso), donde el acceso al empleo, su continuidad o promoción se convierte en moneda política. Una posible falta de liderazgo estratégico desde el nivel nacional ha impedido que el SPE se consolide como una política de Estado, más allá de una plataforma tecnológica o de un grupo de especialistas —por cierto, muy reducido para intervenir en el territorio—. El SPE busca mejorar su operación y fortalecer los territorios más que ampliar su cobertura.
América Latina: modelos diversos, desafíos comunes
En la región, los modelos son variados. Brasil cuenta con el SINE (creado por decreto presidencial en 1975), coordinado por el Ministerio de Trabajo y Empleo conforme al Convenio N.º 88 de la OIT, con funciones similares a las del SPE. México con el Servicio Nacional de Empleo; Chile con el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), creado en 1976. Todos estos servicios estatales enfrentan desafíos similares: informalidad persistente, segmentación del mercado laboral, débil articulación con el sistema educativo. La digitalización ha avanzado, pero la inclusión laboral sigue siendo una deuda pendiente que debe ser priorizada.
Propuesta: gerencia pública territorial para el empleo
El Servicio Público de Empleo en Colombia debe ser repensado desde una gerencia pública territorial acorde con los avances tecnológicos. Esto implica:
- Diagnóstico local de vocaciones productivas y brechas laborales claramente identificadas y priorizadas.
- Articulación interinstitucional real, con liderazgo y compromiso de alcaldías y gobernaciones, así como de gremios e instituciones de educación formal, técnica e informal.
- Uso estratégico de datos para diseñar y actualizar políticas basadas en evidencia.
- Participación ciudadana en la definición de perfiles y necesidades.
- Evaluación de impacto con indicadores de inclusión, sostenibilidad y equidad.
- Ampliación de la cobertura nacional, con más empleados directos del SPE en cada departamento, con recursos y logística de apoyo integral.
En estos temas es fundamental entender que la inclusión laboral y la equidad salarial justa no se decretan: se diseñan, se implementan, se gestionan y se evalúan de manera constante y continua. El empleo digno y decente no nace de algoritmos ni de discursos a favor o en contra: se construye desde el territorio, con política pública inteligente, voluntad institucional y responsabilidad empresarial.
La oposición política en Colombia, como hasta ahora lo ha demostrado, ha sido uno de los factores más inconvenientes para actualizar el mundo laboral frente a los desafíos tecnológicos, avances productivos y competitivos que requiere el país, sus trabajadores y su industria. Algunos sectores de comerciantes y entidades financieras insisten en torpedear y desinformar mediante mensajes que no reflejan los avances y resultados positivos de la economía colombiana.
Finalmente, ¿la paz mundial se logra con cerebros cautivos, expulsados o asesinados? Los grandes desarrollos tecnocientíficos han sido producto de políticas inteligentes y gobiernos respetuosos de la vida y la dignidad humana en ecosistemas sostenibles y sin líderes arrogantes ni impostores del valor de la democracia verdadera.
Sun Tzu señaló: “La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso”.
Nos advierte sobre la ética en la guerra: las bajas civiles nunca son necesarias. La justicia, tarde o temprano, alcanza su objetivo. La humanidad entera te observa.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
