Desde el amanecer hasta el ocaso respiramos el mismo aire que compartimos con cada vehículo en movimiento. Por eso, la verificación vehicular en Jalisco, estado ubicado en el occidente de México, no debe verse como una carga, sino como un compromiso colectivo para garantizar un aire más limpio y saludable. Aunque algunos actores sociales aún se resisten, al desconocer su trascendencia, es momento de reflexionar con claridad y datos.
¿Por qué es tan relevante en Jalisco?
En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) —la segunda ciudad más poblada de México— los automóviles son responsables del 60 % de los contaminantes que afectan la salud humana y el entorno. Antes del programa actual denominado Verificación Responsable, en 2019 se registraron 64 días con índice IMECA superior a 100, es decir, días con contaminación grave. En 2023, tras la implementación del nuevo modelo, esa cifra bajó a 34 días, una reducción del 53 % en días contaminados por ozono troposférico.
Esto no solo representa una mejora ambiental, sino un impacto tangible en la salud: menos enfermedades respiratorias, menos muertes prematuras y un entorno más sano para todos.
El compromiso del gobierno no es un mito: la verificación es subsidiada
El modelo jalisciense es, además, el más económico del país, con un costo anual aproximado de 500 pesos mexicanos. En contraste, otras entidades federativas como Ciudad de México, Puebla y Morelos superan los 1,000 pesos, y con una periodicidad semestral.
Respecto al uso de los recursos generados, en Jalisco:
Se destinan a un Fondo Ambiental Estatal.
Se han creado ciclovías y promovido el transporte no motorizado.
Se mejoró la red de monitoreo atmosférico.
Se impulsó el transporte público sustentable, como la ruta 100 % eléctrica y la renovación de autobuses.
Esto demuestra que el gobierno no solo implementa el programa de verificación, sino que también subsidia el sistema y reinvierte lo recaudado en acciones ambientales concretas, algo que muchos detractores ignoran.
Beneficios directos para la ciudadanía
Cuando un vehículo aprueba la verificación:
- Contamina menos, ya que se asegura que sus emisiones estén dentro de la normatividad federal.
- El auto funciona de manera más eficiente, lo que representa ahorros de hasta 30 % en combustible.
- Se evitan fallas mecánicas frecuentes y se prolonga la vida útil del vehículo.
En ese sentido, no se trata de una imposición, sino de una inversión inteligente tanto para el medio ambiente como para el bolsillo del conductor.
Conciencia ciudadana: una tarea compleja pero posible
Eduard Fernández, director del Comité Internacional de Inspección de Vehículos, enfatiza que la sociedad debe dejar de ver la verificación como obligación y comenzar a verla como una oportunidad de participar en la mejora del entorno. Argumenta que, así como tirar basura o desperdiciar agua es socialmente reprobable, también debería serlo no verificar el vehículo, porque todos respiramos el mismo aire contaminado.
Convertir esta medida en una causa común exige sensibilizar a la población sobre su rol colectivo. La resistencia, en muchos casos, proviene de la falta de información y cultura ambiental más que de razones justificadas.
Ejemplos exitosos en otros lugares
Europa: zonas de bajas emisiones (LEZ / ULEZ)
Muchas ciudades europeas establecieron zonas de bajas emisiones, restringiendo o cobrando el acceso a vehículos contaminantes. En Londres, con su Ultra Low Emission Zone, se reportó una reducción del 12 % en NO₂ durante el primer año. Un estudio de 2025 estima que, sin dicha zona, las emisiones de dióxido de nitrógeno habrían sido hasta 27 % más altas en toda la ciudad y hasta 54 % más altas en el centro.
En Amberes, Bruselas y Gante también se documentaron mejoras significativas en calidad del aire, salud pública y reducción de desigualdades socioeconómicas.
Japón: Ley de Control de Emisiones Automotrices (1992)
Tras su implementación, las emisiones de NOₓ se redujeron en un 87 % y las de SO₂ en un 52 %. Además, se observaron mejoras en indicadores de salud perinatal en varias regiones.
México: Ciudad de México
La verificación, en conjunto con el programa Hoy No Circula (HNC), logró reducciones de emisiones de entre 25 % y 70 %, dependiendo del contaminante. A pesar de un parque vehicular en crecimiento, se favoreció la renovación del mismo y se alcanzó una flota más joven que el promedio nacional.
Un llamado a la acción consciente
La verificación vehicular en Jalisco representa un modelo justo, solidario y eficiente. El gobierno la ofrece a bajo costo y reinvierte lo recaudado en acciones concretas para proteger el entorno y la salud. Los resultados ya están a la vista: casi la mitad de los días de alta contaminación fueron eliminados.
Convencer a quienes aún se resisten implica cambiar la narrativa: dejar de ver este programa como una molestia y empezar a reconocerlo como una responsabilidad compartida. Al aprobar la verificación, cada persona contribuye a:
un aire más limpio,
menos hospitalizaciones por enfermedades respiratorias o cardiovasculares,
menos gastos mecánicos y mayor rendimiento del auto,
un legado ambiental para futuras generaciones.
La experiencia internacional es clara: en Europa, Asia y otras ciudades de México, los programas de inspección vehicular han traído mejoras evidentes en calidad del aire, salud pública y conciencia colectiva.
En conclusión: un discurso de resistencia y sin propuestas también contamina
Resulta preocupante que algunas voces, en su afán por ganar simpatía política, se opongan a la verificación vehicular sin proponer soluciones viables al problema real de la contaminación. Esta postura, aunque aparentemente empática, es engañosa y riesgosa: apela al descontento, pero ignora los costos en salud pública, medio ambiente y calidad de vida de millones.
La política responsable no es aquella que aplaude la omisión, sino la que, con visión de largo plazo, enfrenta los retos con acciones concretas. Frenar un programa funcional sin una alternativa efectiva no es valentía ni cercanía con el pueblo: es una renuncia peligrosa al deber de proteger lo que respiramos todos.
Licenciada en Derecho con Maestría en Transparencia y Protección de Datos por la Universidad de Guadalajara. Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, especializada en administración pública, legislación administrativa, compras gubernamentales, transparencia y proyectos estratégicos, a lo largo de mi carrera he demostrado una gran capacidad en la gestión pública, brindando asesoría en normatividad y políticas administrativas, así como en la optimización de procesos en el sector público.
