Durante años nos acostumbramos a pensar que el peligro nuclear era un fantasma de la Guerra Fría. Algo propio de documentales, evocando imágenes de misiles soviéticos, niños estadounidenses bajo sus escritorios con máscaras de gas y presidentes hablando por el “teléfono rojo”. La sensación era que, pese a sus conflictos, el mundo había superado esa crisis y aprendido a mantener bajo control las armas más destructivas jamás creadas.
Hoy esa confianza se tambalea. El andamiaje jurídico que durante décadas dio previsibilidad al poder nuclear se desmantela. Por primera vez desde 1972 no existe un tratado que limite formalmente los arsenales estratégicos de las dos principales potencias nucleares. La amenaza no es solo la proliferación, sino la desaparición de los límites que la contenían.
Desde los años setenta, la estabilidad estratégica entre EE. UU. y la URSS —luego Rusia— descansó en tratados jurídicamente vinculantes que limitaron y regularon sus arsenales estratégicos. Los acuerdos SALT (Strategic Arms Limitation Talks, 1972 y 1979), START (Strategic Arms Reduction Treaty, 1991) y New START (2010) establecieron techos numéricos, inspecciones in situ, protocolos de comunicación y manejo de crisis, y mecanismos técnicos para evitar interpretaciones erróneas. No implicaron un desarme total, pero sí redujeron la incertidumbre y los riesgos.
El último acuerdo —New START— expiró este febrero sin ser aún reemplazado. Rusia ha señalado que seguirá respaldando los límites anteriores mientras Estados Unidos haga lo mismo. Pero un compromiso sin respaldo jurídico, sumado a liderazgos erráticos e imprevisibles, puede modificarse o abandonarse en cualquier momento, dejando la estabilidad a la discreción de los gobiernos.
No estamos regresando a la Guerra Fría. Aquella, con todos sus riesgos, estaba estructurada en reglas, inspecciones y límites verificables. Estamos entrando en un periodo más inestable: un sistema nuclear sin anclajes jurídicos firmes y con más actores compitiendo por capacidad y ventaja estratégica.
Y en materia nuclear, la diferencia entre compromiso político y obligación jurídica es decisiva. La disuasión no depende solo de la capacidad asegurada de destrucción mutua (MAD), sino de que cada parte conoce con precisión el arsenal del otro, qué daño puede causar y cómo debe responder ante una crisis. Esa información reduce errores y evita decisiones precipitadas o impulsivas.
Cuando desaparecen los acuerdos vinculantes, la estabilidad deja de apoyarse en reglas claras y queda expuesta a la prudencia —o la impulsividad— de los gobiernos. La historia ofrece advertencias claras. En 1983, un oficial soviético, Stanislav Petrov, decidió no reportar como ataque real una alerta nuclear que resultó ser un error técnico. Si hubiera seguido el protocolo automático, el mundo habría enfrentado una posible escalada irreversible. Los límites legales no eliminaron el riesgo, pero lo contenían y reducían; al quitar esos amortiguadores, la probabilidad de una crisis accidental aumenta significativamente. Durante unos minutos, la paz nuclear descansó en una decisión humana, no en un sistema de control.
A este debilitamiento jurídico se suma un cambio geopolítico crítico: el equilibrio ya no es bipolar. China acelera la expansión de su arsenal y construye cientos de nuevos silos para misiles intercontinentales, con proyecciones que anticipan que podría triplicar su número de ojivas hacia 2030. Al mismo tiempo, Rusia ha suspendido las inspecciones y ha reforzado, en el contexto de la guerra en Ucrania, una doctrina que amplía las condiciones para el eventual uso de armas nucleares. Estados Unidos, por su parte, está modernizando su tríada nuclear —misiles en tierra, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos—. La competencia no es retórica: es presupuestaria, tecnológica y estratégica.
Cabe puntualizar que los controles existentes fueron diseñados para dos actores con capacidades comparables; la irrupción de un tercer jugador con ambición equivalente altera el cálculo estratégico y refuerza los incentivos para la competencia. El equilibrio nuclear no se está reduciendo: se está redistribuyendo y sofisticando.
Paralelamente, el discurso estratégico ha cambiado: durante décadas, la reducción progresiva de arsenales dominaba el lenguaje de seguridad, fundamentada en el artículo VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que obliga a las potencias nucleares a negociar de buena fe medidas hacia el desarme. Hoy el énfasis se desplaza hacia una modernización cualitativa: misiles hipersónicos, submarinos más sigilosos, sistemas de penetración avanzados. No necesariamente más armas, pero sí más sofisticadas y potencialmente más desestabilizadoras y devastadoras.
El TNP sigue siendo el pilar del régimen global de no proliferación, basado en un equilibrio delicado: los Estados no poseedores renuncian a desarrollar armas nucleares a cambio de acceso a tecnología nuclear pacífica bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras que los Estados dotados de armas se comprometen a avanzar hacia el desarme nuclear. Cuando las reducciones se estancan y la competencia tecnológica se intensifica, esa promesa pierde fuerza, debilitando la legitimidad del tratado. El debilitamiento del control entre las grandes potencias envía una señal clara al resto de los países: si quienes poseen los mayores arsenales abandonan límites verificables, otros Estados podrían concluir que el sistema no les garantiza seguridad ni aplicación equitativa de las reglas, y empezar a considerar su propia proliferación, generando una vasta carrera armamentista.
Por ahora, la disuasión sigue funcionando, pero la estabilidad nuclear nunca fue natural: dependió de acuerdos negociados —y de grandes sustos históricos—, de reglas verificables y disciplina jurídica. Hoy esos muros se desmoronan. Cada error, cada alarma falsa o decisión impulsiva puede encender una crisis que antes era controlable. Las armas se perfeccionan mientras las reglas se debilitan. Y no solo entre las grandes potencias: Corea del Norte, un Irán en el umbral nuclear y actores no estatales con historial de interés en materiales radiológicos, como ISIS o Al Qaeda, también presionan esa frontera.
El mundo no se está desarmando: se está rearmando sin reglas.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
