El 24 de enero de 2026, en Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, ciudadano estadounidense y sin antecedentes penales, murió tras recibir varios disparos por parte de agentes de la U.S. Border Patrol. El hecho ocurrió en el barrio de Whittier, durante una operación federal dirigida a un objetivo migratorio específico. Videos grabados por testigos muestran a Pretti reducido en el suelo por varios agentes. La versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el uso de la fuerza respondió a una amenaza armada; sin embargo, análisis independientes de las imágenes indican que el objeto que sostenía era un teléfono móvil.
Este episodio no es un caso aislado. El 7 de enero, Renee Nicole Good, también de 37 años, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, murió tras ser baleada por un agente de ICE mientras se encontraba dentro de su vehículo. Ambos hechos se produjeron en el marco de la Operation Metro Surge, una estrategia de despliegue intensivo de agencias federales —incluidas ICE y Border Patrol— impulsada para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias en ciudades consideradas no cooperativas.
En ambos casos, las discrepancias entre la evidencia visual disponible y las narrativas oficiales han generado cuestionamientos significativos. En el incidente de Pretti, testimonios y grabaciones contradicen la afirmación de una amenaza inmediata; en el de Good, se discute la proporcionalidad del uso de la fuerza. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) abrió investigaciones formales, mientras que el DHS revisa grabaciones de cámaras corporales. Organizaciones civiles, entre ellas la ACLU, así como el gobernador Tim Walz, han exigido transparencia y han señalado posibles excesos operativos.
Un análisis de bases de datos públicas y reportes de medios del último año revela un patrón preocupante. Nueve condados concentran cerca de dos tercios de los enfrentamientos violentos registrados entre civiles y agentes de ICE en todo Estados Unidos, lo que equivale al doble de los incidentes ocurridos en los otros 3,134 condados combinados. En esas jurisdicciones, la probabilidad de un enfrentamiento violento es 590 veces mayor. Todos corresponden a jurisdicciones santuario gobernadas por autoridades progresistas, lo que sugiere una fuerte concentración geográfica y política de la tensión. No obstante, este dato no implica una relación causal directa y requiere análisis independiente adicional.
La respuesta social ha sido inmediata. En Minneapolis, miles de personas han salido a las calles en protestas y vigilias, exigiendo rendición de cuentas. El alcalde Jacob Frey y el gobernador Walz han calificado las operaciones federales como desproporcionadas. Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentó demandas contra el gobierno federal, argumentando violaciones a la soberanía local y a la preservación de evidencia. En el Congreso, legisladores demócratas han condicionado la aprobación de fondos para el DHS a reformas estructurales, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales y mayores estándares de capacitación.
Desde el Ejecutivo federal se han reportado ajustes internos. Diversas fuentes indican la salida del comandante de la Border Patrol, Gregory Bovino, y un reforzamiento de la supervisión directa bajo Tom Homan. Sin embargo, las operaciones continúan, ahora bajo un mayor escrutinio público y político.
Estos acontecimientos abren preguntas de fondo que trascienden los casos individuales. ¿Cómo equilibrar el cumplimiento de la ley migratoria con la protección efectiva de los derechos civiles en entornos urbanos? ¿Qué límites y mecanismos de supervisión deben regir la actuación de agencias federales cuando operan fuera del ámbito estrictamente fronterizo? Las muertes de ciudadanos estadounidenses sin vínculos con procesos migratorios irregulares ponen en evidencia los riesgos colaterales de estrategias amplias y altamente militarizadas.
Al 26 de enero de 2026, las investigaciones siguen en curso, las protestas no cesan y el debate institucional continúa abierto. En este contexto, la prioridad no es la polarización retórica, sino la reconstrucción de la confianza pública a partir de hechos verificables, supervisión independiente y un marco operativo que garantice tanto el Estado de derecho como el respeto irrestricto a los derechos humanos.
