Venezuela después de Maduro. Realpolitik, estrategia y geoeconomía

La extracción de Nicolás Maduro para enfrentar a la justicia estadounidense, ocurrida el sábado 3 de enero de 2026, ha sido interpretada de forma apresurada como un punto de quiebre definitivo. Para algunos, marca el inicio inmediato de la transición democrática; para otros, una claudicación estratégica de Estados Unidos al no colocar de inmediato a la oposición en el poder. Ambas lecturas comparten un mismo error: confunden un movimiento puntual con una estrategia completa y evalúan un proceso complejo con el sesgo de corto plazo.

Lo ocurrido no cierra el capítulo venezolano. Señala, más bien, un cambio de fase dentro de una estrategia deliberada que privilegia la gestión del riesgo, el control de variables estructurales y la secuencia de decisiones por encima del impacto simbólico. Entender lo que viene exige abandonar la narrativa del desenlace inmediato y adoptar una lectura de realpolitik.

Coerción sin ruptura

Nombrar correctamente el hecho es esencial. La salida de Maduro no equivale a un cambio de régimen en el sentido clásico. No hubo ocupación militar prolongada, no se disolvió el aparato estatal ni se produjo un vacío de poder. La estructura del Estado —Fuerzas Armadas, burocracia, partido oficial y redes de control territorial— sigue en pie.

La categoría analítica adecuada es otra: coerción jurídica y estratégica concentrada en el vértice del poder, con preservación deliberada del resto del sistema. Esta distinción explica por qué el evento no vino acompañado de una “entrega” inmediata del gobierno a la oposición ni de un rediseño institucional exprés. En distintos precedentes históricos, Estados Unidos ha optado por remover o neutralizar al líder sin desmantelar de inmediato el sistema, cuando el riesgo de colapso era mayor que el costo de una continuidad administrada. No por afinidad política, sino por cálculo.

El caso de Joaquín Balaguer en República Dominicana resulta ilustrativo en un punto específico. Tras la crisis de 1965, Washington priorizó estabilizar el país, preservar el aparato estatal y evitar una deriva radical, aun cuando ello implicara tolerar por años un régimen autoritario controlado. La democratización fue gradual y subordinada al control del conflicto. El paralelismo, sin embargo, se agota ahí: el contexto de Guerra Fría y la ausencia de un componente geoeconómico global comparable impiden una equivalencia directa.

Algo similar ocurre con Hosni Mubarak en Egipto. Su salida en 2011 respondió a una lógica de gestión del riesgo: preservar el Estado y el control militar ante el temor de un colapso regional. Estados Unidos privilegió la continuidad institucional aun a costa de una transición democrática incompleta. Pero, nuevamente, el caso no es homologable: Egipto no operaba como un nodo de financiamiento político hemisférico ni como plataforma geoeconómica adversarial.

Estos precedentes no buscan equiparar situaciones distintas, sino mostrar un patrón limitado pero relevante: cuando el colapso del sistema resulta más costoso que su preservación temporal, Washington opta por controlar el riesgo primero y diferir la apertura política. En Venezuela, esa lógica se combina con un elemento ausente en Balaguer o Mubarak: su papel como hub energético y financiero con impacto directo en el equilibrio regional y global.

Estrategia y secuencia

El proceso venezolano se entiende mejor si se abandona el lenguaje moral y se adopta una lógica sencilla de teoría de juegos aplicada. No hay “buenos” y “malos”, sino jugadores, incentivos, amenazas creíbles y capacidad real de hacer cumplir acuerdos.

En una transición autoritaria, la legitimidad política no sustituye al control coercitivo. Introducir actores con alta legitimidad social, pero sin capacidad de enforcement en la fase inicial, no acelera la transición; por el contrario, incrementa el riesgo de ruptura, incentiva el sabotaje interno y vuelve dominante la estrategia violenta para quienes sí controlan armas, territorios y recursos.

Desde esta lógica, la secuencia del juego es clara. Primero, control del conflicto: reducir la incertidumbre, contener la violencia y asegurar que el Estado siga funcionando. Segundo, reacomodo del poder: fragmentar la coalición autoritaria, renegociar lealtades y modificar incentivos bajo nuevas amenazas creíbles. Solo después resulta racional pasar a la tercera fase: legitimación democrática, cuando el costo de sabotear el proceso supera al de participar en él.

Leído así, el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidente encargada, junto con la permanencia de Vladimir Padrino López en Defensa y Diosdado Cabello en Interior, responde a una decisión funcional orientada a la estabilidad operativa en la etapa más inestable del proceso, no a definir el punto de llegada político.

Del mismo modo, retrasar la incorporación directa de figuras con alta legitimidad social como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia no es exclusión ni traición estratégica. Es preservación del activo político. Exponerlos prematuramente los convertiría en rehenes de un aparato que aún controla coerción y recursos; reservarlos para la fase de legitimación aumenta la probabilidad de un cierre estable. Puede resultar incómodo, pero es racional dentro del juego.

Geoeconomía como eje estratégico

Nada de lo anterior se entiende sin incorporar la variable que organiza el tablero venezolano: la renta, especialmente la petrolera. No como consigna ni botín, sino como capacidad estructural. La renta define quién paga salarios, quién financia seguridad, quién sostiene servicios y, en última instancia, quién puede gobernar.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero hoy produce apenas una fracción de lo que producía hace dos décadas. La caída —superior al 70 %— refleja abandono, descapitalización y pérdida de gobernanza. A ello se suma el Arco Minero del Orinoco, con oro, diamantes y otros minerales que, en los últimos años, se convirtieron en una fuente paralela de financiamiento político y control territorial.

Desde la lógica de la administración Trump, esto convierte a Venezuela no solo en un problema democrático, sino en un hub geoeconómico adversarial. Controlar flujos, cortar financiamiento, reinsertar recursos en circuitos occidentales y reducir la influencia de potencias extrahemisféricas pesa tanto como cualquier elección. Sin control de flujos, la política es decorativa.

Pero reducir el problema venezolano a un recurso natural sería igualmente insuficiente. Durante la última década, Venezuela dejó de ser solo un país en crisis para convertirse en un nodo operativo dentro de una arquitectura adversarial más amplia, donde distintos actores externos cumplieron funciones diferenciadas y complementarias.

Para Rusia, Venezuela operó como plataforma geopolítica en el hemisferio occidental. No se trató de una defensa personal de Nicolás Maduro, sino del mantenimiento de un punto de apoyo estratégico cerca del territorio estadounidense, acompañado de contratos militares, venta de armamento y una relación de deuda sostenida en petróleo. La lógica fue simple: presencia, influencia y pago asegurado en recursos.

China, por su parte, actuó menos como aliada política y más como acreedor energético. Los grandes préstamos otorgados a Caracas estuvieron estructurados para ser pagados en crudo, convirtiendo al petróleo venezolano en colateral. No hubo rescates ni indulgencia financiera: China no salva regímenes; cobra deuda. Mientras el flujo se mantuvo, la relación funcionó. Cuando se interrumpió, el interés se diluyó.

El vínculo con Irán respondió a una lógica distinta, más opaca y operativa. Venezuela funcionó como hub logístico para la evasión de sanciones: intercambio de combustible, transferencia de oro, asistencia técnica y cooperación en esquemas paralelos de financiamiento. No fue una alianza ideológica, sino una relación funcional entre dos países sometidos a presión internacional.

Finalmente, Cuba representó el caso más directo de dependencia. El suministro energético venezolano operó durante años como subsidio estructural, a cambio de cooperación en inteligencia, control social y asesoría en seguridad interna. Aquí el petróleo no solo financió a un aliado; sostuvo un modelo de control.

Vista en conjunto, esta red explica por qué Venezuela dejó de ser un problema exclusivamente doméstico. La renta petrolera y minera no solo sostuvo al régimen; financió, articuló y proyectó influencia regional. Desde la perspectiva de Washington, intervenir sobre el vértice del poder venezolano implicaba desarticular una arquitectura completa, no simplemente reemplazar a un mandatario.

Inversión, reconstrucción y retorno

Una vez alcanzada una estabilidad mínima, la siguiente fase es la reactivación económica, particularmente del sector energético. Diversas estimaciones apuntan a que recuperar niveles de producción cercanos a los de hace dos décadas exigiría inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares.

En ese escenario, empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips aparecen como actores plausibles, no por filantropía, sino por interés estratégico. En la lógica trumpiana, la inversión es transacción: capital y tecnología a cambio de reglas, control de flujos y reposicionamiento hemisférico.

Este proceso requerirá además una enorme cantidad de capital humano especializado. La reconstrucción energética genera empleo directo e indirecto y activa sectores completos de la economía. Para una diáspora cercana a los ocho millones de venezolanos, esto abre un incentivo real de retorno. La reconstrucción no sería solo macroeconómica; sería social, laboral e institucional.

El mayor error del debate actual es medir una estrategia compleja con parámetros de inmediatez. La política real no se define en días, sino en secuencias. Si el objetivo es una transición viable, los actores con legitimidad no están ausentes: están reservados para el momento en que puedan gobernar sin ser consumidos por la fase más destructiva del proceso. Venezuela no está al final de nada. Está entrando en la parte más difícil. Entender la diferencia entre un movimiento y una estrategia no garantiza el éxito, pero evita el error más común: confundir el primer acto con el desenlace.

Escenarios probables: poder real, elecciones y costos inevitables

En Venezuela, los escenarios no se diferencian por declaraciones o intenciones, sino por la capacidad efectiva de ejecutar decisiones costosas. Si el entendimiento entre la presidente encargada Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos es real, como sugieren los hechos, ese acuerdo no es gratuito: exige acciones concretas que redefinen el equilibrio interno del poder.

El primer escenario —y el más probable— es el de una transición administrada que avanza mediante depuración selectiva y reformas funcionales. Aquí, Delcy Rodríguez asume un rol que va más allá de la administración: se convierte en ejecutora de compromisos. El punto más sensible es la Fuerza Armada. Vladimir Padrino López entiende que su supervivencia, y la de la institución, pasa por aceptar una limpieza gradual que sacrifique cuadros comprometidos con redes ilícitas o lealtades extremas. La cúpula militar sigue siendo mayoritariamente chavista, pero los mandos medios y la tropa no necesariamente lo son, lo que permite una depuración sin ruptura generalizada si se maneja con precisión.

En paralelo, emerge el desafío más conflictivo: los colectivos armados, históricamente bajo la órbita de Diosdado Cabello. Estos grupos no solo representan control territorial, sino economías ilegales y capacidad de intimidación. Neutralizarlos —por desarme, absorción o disolución— es una condición indispensable para que el Estado recupere el monopolio de la coerción. No hacerlo haría inviable cualquier promesa de estabilidad. De ahí que la advertencia lanzada desde Washington a Cabello haya sido directa y personal: alinearse o enfrentar un destino peor que el de Maduro. Ese mensaje redefine incentivos y explica una cooperación que es más defensiva que convencida.

El tercer eje de este escenario es menos visible, pero decisivo: la certeza jurídica. Sin ella, no hay inversión relevante, especialmente en energía. Eso obliga a modificar la Constitución, hoy dominada por una mayoría chavista, al menos en aspectos clave como garantías de propiedad, estabilidad contractual y régimen de inversión extranjera. No se trata de una refundación ideológica, sino de reformas acotadas y funcionales. Aquí, Jorge Rodríguez, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, deja de ser un actor retórico para convertirse en una pieza operativa: facilitar los cambios mínimos que permitan destrabar capital y reducir el riesgo país.

En este escenario, las elecciones no desaparecen, pero no encabezan el proceso. Primero se estabiliza, se depura y se reforman reglas; luego se ensayan elecciones subnacionales como prueba de control y credibilidad; y finalmente, entre dos y tres años después, se celebran elecciones presidenciales y legislativas que permiten cerrar la transición con legitimidad. Es en ese momento cuando el capital político acumulado en 2024 por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado vuelve al centro del tablero.

El segundo escenario es más lento y frágil. Aquí, la cooperación existe, pero es incompleta. La depuración en la Fuerza Armada avanza a medias, los colectivos son contenidos pero no desmantelados y las reformas constitucionales se empantanan en la Asamblea. Diosdado Cabello no rompe abiertamente, pero utiliza su influencia para ralentizar el proceso. Delcy Rodríguez conserva el control administrativo, pero con margen cada vez más estrecho. Las elecciones se posponen una y otra vez, no por cálculo estratégico, sino por incapacidad de cumplir las condiciones mínimas. El proceso no colapsa, pero pierde credibilidad y se prolonga más allá de lo previsto.

El tercer escenario es el de la ruptura. Aquí, Delcy no ejecuta la limpieza exigida, Padrino López no logra —o no quiere— asumir el costo de una depuración profunda y Diosdado Cabello intenta preservar su poder territorial como alternativa. En ese contexto, no hay reforma constitucional posible ni garantías para la inversión. Las elecciones se vuelven irrelevantes y el acuerdo implícito se rompe. La consecuencia no sería negociación, sino escalamiento coercitivo, aislamiento total y un deterioro acelerado del país. Este escenario es el menos probable no por falta de actores dispuestos a empujar en esa dirección, sino porque su costo es existencial para todos los involucrados.

La clave del proceso venezolano no está en los discursos, ni siquiera en las elecciones, sino en quién está dispuesto a pagar el costo de ordenar el poder. Depurar fuerzas armadas, desmontar actores armados informales y modificar una Constitución diseñada para bloquear la alternancia no son gestos simbólicos; son decisiones que definen si un país vuelve a ser gobernable o permanece atrapado en la simulación.

Por eso, el dilema no es democracia versus autoritarismo, ni corto plazo versus largo plazo. El dilema real es orden sin legitimidad o legitimidad sin orden. La apuesta en Venezuela es secuencial.

El desenlace no será rápido ni limpio. Pero si el proceso avanza, no será por buenas intenciones, sino porque, por primera vez en años. Esa —y no otra— es la lógica que hoy gobierna el tablero venezolano.