El racismo estructural en Brasil se refiere a la discriminación racial arraigada en las instituciones y en la sociedad, que favorece a los blancos sobre los negros e indígenas. Aunque más del 50 % de la población se declara negra, en la clase política brasileña solo 135 de los 513 diputados elegidos en 2022 eran negros. Este racismo se manifiesta en diversas áreas, como la desigualdad económica, donde los negros tienen un ingreso promedio más bajo que los blancos, perpetuando la pobreza. Además, según el Índice de Equilibrio Racial de Folha, se necesitarán 116 años para que los negros y los latinos tengan acceso a las mismas oportunidades que los blancos.
Esta estructura de poder y desigualdad refleja una sociedad que aún lucha con las consecuencias históricas de la esclavitud y la discriminación racial. La Constitución Federal de 1988 califica el racismo como un delito imprescriptible y sin derecho a fianza. Asimismo, la Ley N.º 12.288/2010 define la discriminación racial como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. El racismo estructural, expresión que ha ganado protagonismo en las discusiones sociales, políticas y académicas en Brasil, se manifiesta de forma sistemática y profunda en las estructuras sociales, económicas y culturales, impactando la vida de millones de brasileños.
A diferencia del racismo individual, basado en actitudes y comportamientos discriminatorios de las personas, el racismo estructural es un constructo que se perpetúa a través de instituciones y prácticas que refuerzan la desigualdad racial. Este tipo de racismo es difícil de identificar, ya que a menudo se camufla en prácticas cotidianas aceptadas como normales. Un ejemplo de ello es la disparidad en el acceso a una educación de calidad, donde los estudiantes negros enfrentan barreras que sus compañeros blancos no tienen. Esto ocurre desde la educación infantil hasta la educación superior. También se manifiesta en la desigualdad de oportunidades laborales, en la violencia policial desproporcionada contra los negros y en las prácticas discriminatorias dentro del consumo cotidiano.
Su impacto en la desigualdad social y económica es directo. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los negros tienen un ingreso promedio inferior al de los blancos, lo que contribuye a perpetuar la pobreza. Esto se refleja en una mayor tasa de desempleo entre la población negra. Las barreras educativas son parte del mismo fenómeno: la calidad de la educación pública en barrios periféricos —donde vive la mayoría de la población negra— es inferior, lo cual genera un ciclo de exclusión que impide el acceso a mejores oportunidades laborales y consolida una pobreza sistémica.
El racismo estructural se caracteriza por estar integrado en instituciones sociales, económicas y políticas como escuelas, hospitales, empresas y gobiernos. No depende de la intención de las personas, sino de sistemas que perpetúan la desigualdad, y su acción es silenciosa pero persistente: alimenta la discriminación, restringe derechos y limita el acceso a oportunidades. Esta realidad también se refleja en el ámbito de la salud, donde se presentan importantes desigualdades en el acceso y en la calidad de los servicios ofrecidos a personas negras.
Entre sus consecuencias destacan la perpetuación de injusticias sociales, económicas y políticas, además de impactos negativos en la salud física y mental de las personas afectadas. Limita el desarrollo profesional y personal de millones de ciudadanos, lo cual representa una pérdida colectiva. Enfrentar esta problemática requiere una estrategia integral y sostenida, con participación activa de individuos, instituciones y gobiernos.
Los datos son contundentes: en 2024 se registraron más de 5,200 violaciones por racismo y lesiones raciales a través del canal Dial 100, con más de 3,400 denuncias formales. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue del 37.8 % para personas negras y del 13.9 % para no negras, según el Área de Seguridad de Brasil.
Brasil reconoce distintas formas de racismo. El estructural, presente en instituciones y políticas públicas, actúa reforzando desigualdades en todos los niveles. El institucional aparece en el seno de entidades públicas y privadas, limitando el acceso a recursos y decisiones. Por su parte, el “daño racial” ha sido clasificado como delito en la Ley N.º 14.532/2023, mostrando un avance en la tipificación legal.
Superar el racismo estructural es uno de los grandes retos de Brasil. La educación juega un papel fundamental, tanto para generar conciencia como para transformar percepciones sobre la población afrodescendiente. También se requiere implementar políticas afirmativas que reduzcan desigualdades y promuevan la representación, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
El compromiso social debe incluir denunciar el racismo y apoyar a quienes lo sufren, así como involucrarse en movimientos y organizaciones que defiendan los derechos humanos. Promover la justicia, exigir cambios institucionales y capacitar a profesionales en sectores públicos y privados para combatir el racismo son tareas urgentes. El rol del Estado es esencial: las leyes antirracistas deben ser claras y eficaces, acompañadas de políticas públicas que garanticen su aplicación. Además, es necesario monitorear su cumplimiento, evaluar los resultados e impulsar nuevas estrategias si es necesario.
Combatir el racismo estructural también implica promover campañas de sensibilización, formar ciudadanos informados, revisar las prácticas de las instituciones, empoderar a las comunidades más vulnerables y asegurar su participación activa en los procesos de transformación. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más igualitaria, justa y representativa.
Posgrado en Gestión Pública y Docencia Universitaria por la Facultad Anhanguera. Tiene especialización en Psicología Social, Grupos Operativos y Psicodrama por la Universidad Popular La Bocca de Argentina, y es funcionario público municipal desde 1987. Es coordinador del Equipo de Articulación con los Consejos Municipales de la Municipalidad de Porto Alegre.
