El pasado 3 de diciembre de 2024, el Congreso de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución, comercialización y uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. Esta medida incluye la criminalización del consumo, abriendo la puerta a sanciones para los usuarios, aunque los detalles específicos sobre las penalizaciones serán definidos en las leyes secundarias dentro de los próximos meses.
La modificación, impulsada como parte de las reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, añade disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución. El artículo 5 ahora prohíbe cualquier actividad económica relacionada con estos dispositivos, argumentando riesgos graves para la salud pública. Esta iniciativa busca proteger especialmente a los menores de edad, quienes representan un sector vulnerable frente a la creciente popularidad de estos productos.
Sin embargo, se advierte que la medida podría incrementar el mercado negro, dificultando el control y la seguridad en el consumo de estos dispositivos. También se generaron debates sobre si la regulación, en lugar de la prohibición total, hubiera sido una alternativa más efectiva, y los partidos opositores recalcaron que su voto a favor es por la medida contra el fentanilo, sin embargo el vapeador argumentaron debió ser excluido de estas reformas.
Con esta reforma, México se convierte en uno de los países con políticas más estrictas contra los vapeadores, marcando un cambio significativo en las normativas de salud pública y el enfoque hacia el consumo de sustancias relacionadas con tabaco y químicos nocivos.
En 2024, el uso de vapeadores en México sigue siendo un tema relevante pese a las estrictas prohibiciones implementadas en años recientes. Actualmente, cerca de 2 millones de personas utilizan vapeadores, representando el 2.1% de la población adulta, mientras que entre adolescentes (10-19 años) el porcentaje es del 2.6%. Esta tendencia preocupa especialmente porque el uso entre jóvenes ha crecido significativamente en los últimos seis años, duplicándose desde 2018. Los vapeadores suelen ser atractivos por sus sabores y la percepción errónea de ser menos dañinos que los cigarrillos tradicionales.
Aunque México prohíbe desde 2022 la venta e importación de vapeadores, estos siguen siendo accesibles a través de mercados informales. Se calcula que medio millón de adolescentes ya usan estos dispositivos, y su disponibilidad ha sido facilitada por plataformas digitales y puntos de venta no regulados.
La reciente reformas, debió ser con fines regulatorios, y que busquen reforzar la restricción total de su comercialización, producción y consumo. Ahora toca a los legisladores implementar mecanismos, que eviten que esta medida de mas fuerza a la industria tabacalera, y al tráfico que generará este cambio constitucional, y prever las medidas que se tomaran toda vez que será ya un delito grave la fabricación o importación, comercialización y uso de estos dispositivos electrónicos. Vaya pues con la medida que se ha puesto en la Constitución, convirtiendo al 2% de la población en delincuentes.
Juan Antonio Tinoco es experto en Políticas Públicas, Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Columnista, y asesor y analista en campañas electorales. Experto en soft landing.
