La gestión de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía no puede evaluarse solo por sus declaraciones públicas ni por la narrativa optimista alrededor del nearshoring. Su desempeño debe medirse por resultados concretos, capacidad de negociación y credibilidad frente a los principales socios comerciales de México. En esos tres planos, el balance es cada vez más débil.
El primer problema es político. Ebrard llega a una etapa crítica de la relación económica con Estados Unidos cargando una cercanía histórica con el Partido Demócrata y con varias de sus figuras presidenciales. En otro contexto, ese vínculo habría podido interpretarse como capital diplomático. Pero en una administración estadounidense encabezada por Donald Trump y con una visión económica más proteccionista, nacionalista y desconfiada de las élites globalistas, esa trayectoria se convierte en un obstáculo. México necesita un interlocutor capaz de generar confianza transversal en Washington, no una figura asociada a una facción política que hoy no controla la Casa Blanca.
Ese antecedente importa porque la revisión del T-MEC exigirá algo más que experiencia retórica. Requerirá capacidad técnica, credibilidad política y margen real de negociación. La declaración de que los aranceles difícilmente regresarán a niveles anteriores fue leída por sectores empresariales como una admisión anticipada de debilidad. En una mesa donde Estados Unidos presionará con energía, migración, reglas de origen, contenido regional y comercio con China, México no puede iniciar aceptando el terreno impuesto por su contraparte.
El segundo problema es institucional. La Secretaría de Economía ha sido arrastrada hacia una lógica de politización que reduce su función técnica. En lugar de consolidarse como una agencia estratégica para atraer inversión, defender sectores productivos y coordinar una política industrial moderna, ha terminado operando bajo los ritmos, lealtades y cálculos del poder político interno. Esa politización debilita su capacidad para enviar señales confiables a inversionistas, empresas globales y gobiernos extranjeros.
El tercer problema está en los resultados. La narrativa oficial ha presentado al nearshoring como una oportunidad histórica, pero los datos obligan a matizar el entusiasmo. Buena parte de la Inversión Extranjera Directa registrada corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas en México. Eso no es irrelevante, pero tampoco equivale a una ola masiva de nuevo capital productivo. Las nuevas inversiones, aquellas que realmente amplían capacidad, generan empleos adicionales y modifican la estructura productiva, no han llegado al ritmo prometido.
La razón es clara. El capital no se mueve solo por cercanía geográfica con Estados Unidos. También exige certeza jurídica, energía suficiente y competitiva, infraestructura logística, seguridad pública, Estado de derecho y una interlocución gubernamental confiable. México tiene una oportunidad excepcional, pero la oportunidad no sustituye a la estrategia.
A este cuadro se suma un frente reputacional que agrava la situación. Los cuestionamientos sobre el uso de instalaciones diplomáticas por parte de su hijo derivaron ya en una investigación formal por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instruida por la propia presidente Sheinbaum. Más allá del desenlace administrativo, el episodio introduce un factor adicional de incertidumbre en una gestión que requiere credibilidad plena para sostener la confianza de inversionistas y socios comerciales.
El resultado es una Secretaría de Economía con bajo desempeño, atrapada entre la politización interna, la desconfianza externa y una narrativa de éxito que no termina de reflejarse en nuevos flujos de inversión. México no puede enfrentar la revisión del T-MEC ni la competencia global por relocalización productiva con una estrategia basada en anuncios, optimismo y cálculo político.
La economía mexicana necesita ejecución, no discurso. Requiere una política comercial profesional, no una secretaría condicionada por trayectorias personales o afinidades partidistas. Si la oportunidad del nearshoring se diluye, no será por falta de ubicación geográfica, sino por ausencia de conducción estratégica.
