Hace diez años, un 3 de abril de 2016, casi 400 periodistas y hasta 100 medios de 76 países filtraron información de documentos confidenciales de compañías, personas, fortunas de poderosos, presidentes, monarcas y ministros que se encontraban inscritas en los denominados “paraísos fiscales”. La filtración de 11.5 millones de documentos de la firma de abogados ubicada en Panamá, “Mossack & Fonseca”, fue el inicio de una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los Panama Papers fueron considerados un proyecto periodístico sin precedentes que puso la evasión fiscal en la agenda pública mundial.
Aunque el propio nombre del escándalo (“Panama Papers”) fue profundamente injusto al estigmatizar a todo un país por las acciones de una sola firma de abogados privada (Mossack Fonseca) y, lo que es más grave, por un sistema financiero global cuyas fallas no se originaron en Panamá. El 75 % de las sociedades mencionadas en la filtración no eran panameñas. Estaban registradas en otras jurisdicciones, como Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Seychelles.
Aun así, el mundo asistió a lo que parecía el acta de defunción del secretismo financiero “offshore”. La investigación contribuyó a la caída de líderes políticos en Islandia, Pakistán y otros países, y desencadenó detenciones, nuevas leyes e investigaciones gubernamentales en docenas de países de todo el mundo, lo que prometía una reconfiguración ética del capitalismo global. ¿Cuánto ha cambiado el sistema desde entonces o tan solo ha mutado para sobrevivir?
Desde 2016, hemos visto una proliferación de listas negras, registros de beneficiarios finales y el fortalecimiento del intercambio automático de información. Si bien estos mecanismos han dificultado la evasión “rudimentaria”, el ecosistema financiero ha demostrado una plasticidad asombrosa.
Mientras algunas jurisdicciones tradicionales cedieron a la presión de la OCDE, nuevos nodos de opacidad surgieron en lugares inesperados, incluyendo ubicaciones dentro de países occidentales que critican el modelo offshore hacia afuera, pero lo protegen hacia adentro.
La descentralización financiera y el uso de activos digitales han creado capas de anonimato que los reguladores de 2016 apenas imaginaban. La tokenización de activos del mundo real permite hoy mover fortunas enteras con una trazabilidad que, aunque teóricamente posible en la blockchain, choca con la realidad de los “mixers”, que son servicios utilizados para dificultar el rastreo de las transacciones en la cadena de bloques, y las jurisdicciones no cooperantes en el ciberespacio. El desafío más crítico de esta década no es el papel, sino el código. Si en 2016 el poder residía en la posesión física de los documentos, en 2026 la autoridad informativa se ha desplazado hacia el “live-mining” (capacidad de extraer, procesar y analizar información de fuentes digitales) y el procesamiento de big data en tiempo real.
Por otro lado, a diez años de estas filtraciones, la arquitectura de la transparencia global revela una profunda contradicción. Lo que se promocionó como una cruzada ética ha derivado en una forma de “colonialismo fiscal”. Bajo la OCDE y el GAFI, los países en desarrollo han sido forzados a adoptar estándares de gobernanza financiera cuya implementación no solo es administrativamente costosa, sino que opera bajo una lógica de asimetría punitiva. Mientras naciones pequeñas son estigmatizadas en listas grises y negras —sufriendo un aislamiento que asfixia su competitividad exterior—, los grandes centros de poder global preservan sus propios ‘agujeros negros’ jurisdiccionales, permitiendo que estados federados y dependencias de ultramar funcionen como nodos de opacidad protegidos por el mismo sistema que sanciona a la periferia.
Este escenario configura una soberanía limitada, donde el derecho de un Estado a definir su modelo económico y su régimen tributario queda supeditado a consensos transnacionales en los que no participó como igual. El costo del cumplimiento (compliance) se convierte así en una nueva barrera al desarrollo: un tributo burocrático que los países en vías de desarrollo deben pagar para ser considerados ‘actores legítimos’ en un mercado financiero que, paradójicamente, sigue siendo diseñado y controlado por las mismas potencias que albergan el capital elusivo.
Las desigualdades persisten, toda vez que la cantidad de riqueza no tributada que el 0.1 % más rico oculta en paraísos fiscales supera toda la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad, según un nuevo análisis de Oxfam. Ese mismo 0.1 % posee aproximadamente el 80 % de toda la riqueza no declarada en paraísos fiscales. Aunque Oxfam reconoce también que la proporción que no se grava ha disminuido sustancialmente, un cambio que los investigadores atribuyen a los avances en los programas de intercambio de información entre países.
El propio gobierno de Panamá obligó a las firmas de abogados a identificar y verificar al beneficiario final con el que trabajan, y exigió a las autoridades fiscales panameñas compartir la información fiscal de los ciudadanos extranjeros, incluido su país de origen, entre otros cambios.
Al nacionalizar el escándalo estigmatizando a todo un país, el sistema financiero internacional logró desviar la mirada de sus propios epicentros de poder. No se podía juzgar al Estado panameño por el uso que terceros hicieron de sus leyes, mientras los verdaderos arquitectos de la elusión —bancos y despachos en el Norte Global— permanecen resguardados tras la marca de un país que puso el escenario, pero no escribió el guion.
A diez años de los mal llamados Papeles de Panamá, el enfoque crítico dicta que no basta con “limpiar” el sistema; hay que cuestionar la existencia misma de los regímenes de excepción. El futuro no pertenece a quienes logren cerrar el último paraíso fiscal, sino a quienes logren implementar una justicia fiscal global que no dependa de filtraciones heroicas, sino de una arquitectura de datos abierta y obligatoria.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Panamá. Cuenta con estudios de Maestría en Asuntos del Canal de Panamá y la Industria Marítima Internacional, realizados en el Instituto del Canal de Panamá de la misma universidad.
Ha cursado formación especializada en Políticas Públicas para el mejoramiento de la administración pública, la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, impartida por la Georgetown University, a través de su Center for Intercultural Education and Development. Asimismo, participó en el Workshop on International Trade Promotion, un seminario-taller sobre promoción del comercio internacional realizado en Taipéi, Taiwán, patrocinado por el International Cooperation and Development Fund.
Realizó estudios sobre el proceso de toma de decisiones en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos en la Universidad de Michigan, campus Detroit. Cuenta también con estudios de posgrado en Docencia Superior por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá.
Se desempeñó como Coordinador de Investigación del Instituto del Canal y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, donde acumula cerca de 30 años de trayectoria académica.
