La política exterior y la seguridad jurídica en Panamá parecen haber entrado en una fase de desconexión entre sus leyes (fallos de la Corte) y sus acciones (la política del Ejecutivo) actuando como si la mano derecha no supiera lo que hace la izquierda. Mientras los tribunales y el Ejecutivo se envuelven en la bandera de la soberanía para cuestionar activos portuarios vinculados a capitales asiáticos, muestran una flexibilidad asombrosa —casi acrobática— para intentar rescatar proyectos mineros de capital occidental que ya han sido sentenciados por la máxima autoridad judicial. Este doble rasero no es casual; es el síntoma de un Estado que opera bajo una subordinación o alineamiento automático con poderosos intereses que le marcan la pauta y donde la ley no es un fin, sino una moneda de cambio en la geopolítica global.
Y nos referimos de manera particular al caso de Panama Ports Company (PPC)empresa de capital chino, del sector logístico portuario, frente al caso de Minera Panamá de capital canadiense, que ofrece un contraste penoso. Por un lado, la sombra del capital chino en los puertos genera una vigilancia administrativa y judicial extrema, alimentada por las “preocupaciones de seguridad” de Washington. Aquí, la narrativa oficial es la recuperación de la riqueza nacional y el cumplimiento estricto de los contratos.
Sin embargo, cuando cruzamos el umbral hacia la minería de cobre, el discurso cambia. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato con First Quantum Minerals (Canadá) en noviembre de 2023 tras una presión social sin precedentes por los daños ambientales y lo desventajoso del contrato, el aparato estatal ha buscado resquicios para evitar el cierre definitivo, apelando al “pragmatismo económico”.
Para entender este doble juego, hay que mirar las evidencias económicas que el Estado utiliza como argumento:
El proyecto Cobre Panamá representó, en su punto máximo, aproximadamente el 5% del PIB nacional y el 75% de las exportaciones de bienes del país. La inversión extranjera directa (IED) superó los $10,000 millones. Es este volumen de capital el que parece “anestesiar” la voluntad de ejecutar los fallos judiciales, bajo el temor de un arbitraje internacional catastrófico en el CIADI.
Las concesiones portuarias, aunque críticas, operan bajo una lógica distinta. En 2021, tras la prórroga del contrato a PPC, se acordó un pago de dividendos de $165 millones al Estado. Si bien el sector logístico y del Canal aporta cerca del 30% del PIB, la fragmentación de sus operadores permite al Estado ser “valiente” con unos y sumiso con otros, dependiendo de la bandera que ondee en el mástil corporativo.
Veamos con detenimiento algunos datos de ambas concesiones. El Contrato de Concesión Portuaria (PPC) es una concesión de servicios públicos y bienes de dominio público, mientras que el Contrato Ley Minero (First Quantum) es un espécimen jurídico mucho más rígido y peligroso. No es solo una concesión para extraer; es un Contrato Ley.
El valor de la exportación minera (lo que sale en el barco) es de $2,500 a $3,000 millones anuales (según datos del MICI y la Controlaría hasta el cierre parcial de 2023). Es el valor comercial del material extraído. Este dinero no entra a las arcas del Estado. Entra a las cuentas de la empresa canadiense (First Quantum Minerals). Para Panamá, es solo una cifra macroeconómica que infla el PIB, pero no es riqueza líquida para el país.
El Estado panameño recibía apenas el 2% de regalías sobre las ventas brutas. Países como Zambia o la República Democrática del Congo (a pesar de sus crisis) han legislado regalías que van del 3% al 10% dependiendo del precio del metal. En Chile o Perú, la carga tributaria total suele superar el 40%, mientras que en Panamá, debido a las exoneraciones fiscales, el aporte real era una fracción mínima de eso.
El concentrado de cobre lleva oro y plata. El Estado panameño tenía capacidades muy limitadas de fiscalización para certificar exactamente cuánto de esos metales preciosos iba en cada barco, lo que alimentó la percepción de un saqueo.
Por su parte, el sector logístico es, históricamente, el verdadero motor de Panamá, pero su esquema de aportes también tiene zonas grises que alimentan esta asimetría soberana. A diferencia de la mina, que es un proyecto de enclave (un solo sitio, una sola empresa), el sistema portuario es una red.
En los puertos el Estado ha sido históricamente “laxo” en las auditorías de inversión. Durante 25 años PPC argumentó que no tenía utilidades para no pagar dividendos, y el Estado lo aceptó sin mucha presión… hasta que la geopolítica cambió. Ahora, cuando el capital chino o asiático domina, el Estado se vuelve un fiscalizador feroz. Es decir, la rigurosidad actual es una reacción externa (geopolítica), no una política de Estado honesta.
En 2021, tras la renovación de la concesión a Panama Ports Company (PPC), se concretó un pago de $165 millones en concepto de dividendos acumulados. Si sumamos el canon por movimiento de contenedores de todo el sistema (incluyendo a Manzanillo, Evergreen y PSA), el Estado recibe anualmente una cifra que oscila entre los $40 y $50 millones por movimiento de carga.
Mientras la mina infla el PIB con exportaciones que no se quedan en el país, el sector logístico (puertos, canal y servicios) representa cerca del 31% del PIB. Es un aporte estructural: genera empleos técnicos, seguro social y consumo interno real.
| Activo | Aporte al Estado (Anual Estimado) | Empleos Generados |
| Puertos (Todo el sistema) | ~$200M (incluyendo dividendos y canon) | +15,000 directos y 50,000 indirectos. |
| Mina (Cobre Panamá) | ~$375M (Prometidos, nunca estables) | ~7,000 directos (en fase operativa). |
En conclusión, somos un país que permite que se lleven su cobre y su oro a precio de remate, mientras nuestra justicia se dobla ante el miedo de perder una cifra de exportación que, en la práctica, nunca llegó a los bolsillos del panameño, sumado al costo ambiental y la pérdida de soberanía territorial. Es un negocio de “pan para hoy y hambre para mañana”.
El sistema portuario, con todas sus fallas de transparencia y sus dividendos largamente postergados, ha demostrado ser un pilar de la economía real panameña que no requiere la destrucción del patrimonio natural. La minería ofrece cifras de exportación deslumbrantes pero engañosas, que esconden regalías de miseria.
El pecado del Estado no es preferir un sector sobre otro, sino aplicar una ley elástica: ser un inspector implacable con los puertos (cuando la presión de Washington lo exige) y un facilitador ciego con la mina (cuando el capital canadiense amenaza con arbitrajes).
Lo más alarmante de este escenario es la irrelevancia del bienestar ciudadano en la toma de decisiones. El Estado panameño parece atrapado entre dos fuegos: la presión de los mercados financieros y tratados de inversión (occidentales) y el temor a la expansión de la infraestructura crítica china. En este juego de fuerzas, el beneficio del país se vuelve secundario.
Panamá no puede seguir permitiéndose una soberanía elástica que se estira para proteger al capital canadiense y se encoge para castigar al asiático. Esta falta de facultades regulatorias coherentes y la sumisión a intereses externos solo confirman nuestra debilidad institucional. Al final, el mensaje es claro: en Panamá, la justicia no es ciega; tiene una brújula geopolítica y un calculador financiero que decide qué fallos son ley y cuáles son simples sugerencias.
Si el país no logra rescatar su capacidad de decidir por sí mismo, más allá de las presiones de Washington o Beijing, seguiremos siendo el escenario de una guerra de información donde el único que pierde es el ciudadano panameño, cuya voluntad —expresada en las calles y en los tribunales— sigue siendo ignorada en los salones del poder.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Panamá. Cuenta con estudios de Maestría en Asuntos del Canal de Panamá y la Industria Marítima Internacional, realizados en el Instituto del Canal de Panamá de la misma universidad.
Ha cursado formación especializada en Políticas Públicas para el mejoramiento de la administración pública, la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, impartida por la Georgetown University, a través de su Center for Intercultural Education and Development. Asimismo, participó en el Workshop on International Trade Promotion, un seminario-taller sobre promoción del comercio internacional realizado en Taipéi, Taiwán, patrocinado por el International Cooperation and Development Fund.
Realizó estudios sobre el proceso de toma de decisiones en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos en la Universidad de Michigan, campus Detroit. Cuenta también con estudios de posgrado en Docencia Superior por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá.
Se desempeñó como Coordinador de Investigación del Instituto del Canal y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, donde acumula cerca de 30 años de trayectoria académica.
