En América Latina y el Caribe, la violencia contra niños, adolescentes y jóvenes continúa siendo un problema estructural con impactos profundos y duraderos. Un nuevo informe elaborado conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF compila datos sobre la magnitud del fenómeno e identifica soluciones basadas en evidencia para enfrentar esta problemática en la región.
Las muertes violentas siguen marcando la infancia y la adolescencia. Según el estudio, entre 2015 y 2022 fueron asesinados 53.318 niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. La información más reciente, centrada en el grupo de 15 a 17 años, revela tendencias contrastantes entre hombres y mujeres. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios entre adolescentes de sexo masculino disminuyó de 17,63 a 10,68 muertes por cada 100 mil habitantes, aunque continúa siendo elevada. En contraste, la tasa entre adolescentes de sexo femenino más que se duplicó, pasando de 2,13 a 5,1 muertes por cada 100 mil habitantes.
Los homicidios ocurren en un contexto marcado por el aumento de la violencia armada en varias zonas de la región, asociado al crimen organizado, al fácil acceso a armas de fuego, a las desigualdades sociales y a normas de género perjudiciales. El enfrentamiento de la violencia en las Américas constituye un desafío complejo que involucra factores sociales, económicos, raciales y territoriales, además de formas estructurales de exclusión.
La violencia contra niños y adolescentes representa una de las principales preocupaciones regionales, con elevados índices de violencia sexual, trabajo infantil y mortalidad evitable. El Plan Estratégico 2026-2031 de la OPS/OMS reconoce la violencia interpersonal, de género, comunitaria, institucional y criminal como un determinante social crítico de la salud en las Américas, debido a sus impactos directos sobre el bienestar físico, mental y social.
Los efectos son profundos y persistentes. La violencia constituye, además, una violación del derecho de niños y adolescentes a crecer en entornos seguros, ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad. En este contexto, el papel de los servicios de salud resulta fundamental tanto en la prevención como en la respuesta institucional.
Hoy, la identificación temprana de personas y grupos en situación de riesgo, acompañada de apoyo oportuno y de calidad mediante trabajo intersectorial, puede marcar una diferencia significativa para las víctimas, sus familias y la sociedad. Los gobiernos locales desempeñan un papel particularmente relevante debido a su cercanía con las comunidades y barrios donde estas dinámicas ocurren diariamente.
El 23 de septiembre de 2025 tuve la oportunidad de participar en Buenos Aires, Argentina, como integrante de la Oficina de Prevención de las Violencias (EPV) de la Municipalidad de Porto Alegre, junto con uno de los coordinadores de esta innovación técnica y política creada ese mismo año con el objetivo de articular políticas intersectoriales para enfrentar distintas formas de violencia.
El evento, promovido por el Senado argentino bajo el liderazgo del senador Carlos Arce, reunió representantes de 23 países de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia durante la Jornada Internacional contra la Trata de Personas en Alto Riesgo, el enfrentamiento a la violencia contra la mujer y la explotación sexual de niños y adolescentes. Durante el encuentro se presentaron experiencias relacionadas con espacios de acogida, albergues, casas de protección y mecanismos de asistencia a víctimas.
La experiencia permitió observar cómo distintas ciudades y países están intentando construir modelos preventivos más integrales. El objetivo central debería ser impedir que las violencias ocurran, porque si no existen violencias, tampoco existirán víctimas, sufrimiento ni muertes.
La Oficina de Prevención de las Violencias (EPV) es un instrumento creado por el municipio de Porto Alegre con el propósito de promover acciones coordinadas de prevención, análisis y formulación de políticas públicas orientadas a reducir y controlar la violencia urbana. Vinculada a la Secretaría General de Gobierno, opera de forma colegiada y multisectorial, involucrando instituciones públicas, organizaciones sociales y diversos actores comunitarios.
Su función principal consiste en elaborar diagnósticos, definir prioridades y proponer acciones estratégicas dirigidas a la prevención de las violencias contra niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, así como del racismo estructural y las muertes derivadas del tránsito. Se trata de un esfuerzo permanente realizado por profesionales y técnicos de diferentes áreas municipales.
La oficina funciona como un centro de análisis que prioriza políticas públicas orientadas a construir entornos más seguros e inclusivos, promoviendo la participación de escuelas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, órganos de seguridad pública y ciudadanía. Además, monitorea continuamente los resultados de sus acciones.
La actuación del EPV se encuentra alineada con las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacando la prevención como estrategia primaria para garantizar derechos humanos, reducir la violencia y fortalecer una cultura de paz.
Con un enfoque integrado y preventivo, el EPV busca disminuir riesgos sociales, proteger víctimas y construir una sociedad más segura mediante acciones vinculadas a educación, cultura y diálogo comunitario. Incluso en un contexto complejo, donde el estado de Rio Grande do Sul registra actualmente 28 feminicidios —en una población superior a 11 millones de habitantes—, solo uno de esos casos ocurrió en Porto Alegre, capital que supera 1,3 millones de habitantes. Esto refleja avances importantes en materia preventiva a nivel local.
Los días 4 y 5 de marzo se celebró en Porto Alegre el II Seminario para abordar la violencia. En este marco también destaca el Boletín “Mapeando las Violencias en Porto Alegre”, publicación oficial del EPV vinculada a la Secretaría Municipal General de Gobierno. Su propósito es reunir, analizar y difundir datos oficiales sobre distintas formas de violencia.
Más que un levantamiento estadístico, el boletín busca dar visibilidad a la dimensión del problema y generar evidencia para orientar políticas públicas de prevención, protección y apoyo a las víctimas. Su relevancia radica en transformar la información en una herramienta útil para la toma de decisiones.
Un elemento particularmente llamativo es el costo operativo de esta experiencia: en 16 meses no se ha destinado presupuesto adicional para su funcionamiento. El proyecto ha operado a partir de coordinación institucional, eficiencia técnica y creatividad administrativa.
Los boletines pueden consultarse en el portal oficial de la Municipalidad de Porto Alegre, Brasil: https://prefeitura.poa.br/smgg/boletins
Posgrado en Gestión Pública y Docencia Universitaria por la Facultad Anhanguera. Tiene especialización en Psicología Social, Grupos Operativos y Psicodrama por la Universidad Popular La Bocca de Argentina, y es funcionario público municipal desde 1987. Es coordinador del Equipo de Articulación con los Consejos Municipales de la Municipalidad de Porto Alegre.
