El origen de las problemáticas más graves que sufre América Latina, tales como la corrupción, la polarización política, la inexistencia de un Estado de derecho, la impunidad, el nepotismo, etcétera, se encuentra en la prevalencia, a lo largo de su historia, de un Estado-botín. Sus manifestaciones concretas son múltiples, simples o sofisticadas, que se sintetizan en frases como “vivir o lucrar con el erario público”, “el que está fuera del presupuesto, está en el error”, “ese político roba, pero reparte”, “sí robó, pero poquito”, y la más popular, que ya es un clásico, “el que no transa no avanza”.
Pero estas frases, que reflejan la idea del Estado como una “gran ubre” que debe ser ordeñada, no muestran la otra cara del Estado-botín: la de las élites políticas y económicas que lo controlan y que son las verdaderas usufructuarias del mismo. Es decir, desde las clases dominantes lo que se busca es “engordar al animal” y así saciar el ancestral apetito. Ello implica sustraer el máximo de los recursos de la sociedad (a través de leyes y políticas draconianas), principalmente de sus clases productivas, incluyendo sus clientelas, quienes aspiran a participar en el reparto del botín, pero que solo reciben migajas, ya que, en última instancia, también son explotadas; por ejemplo, al serles escamoteados derechos básicos como salud, educación, empleo, etcétera.
Así, un Estado-botín, más que una concepción ideológica, es una relación social entre los beneficiarios políticos y económicos del Estado y quienes aspiran a serlo. La relación entre ambos puede ser de subordinación y lealtad o de lucha y confrontación. Con independencia de ideologías y colores políticos, el común denominador de todos los que integran uno de los polos de dicha relación es la ambición por la riqueza del Estado y, en general, por los recursos de la nación para el lucro privado, personal o de grupo. Esta relación se reproduce dentro de las instituciones, los partidos, los sindicatos, etcétera, y la corrupción es el medio por excelencia para hacerlo, aunque no el único.
En México, desde antes de que surgiera como nación independiente, ya existía el Estado-botín; por ejemplo, en los imperios azteca y borbónico. Durante el siglo XIX, la anarquía reveló la paradoja de que la lucha a muerte por un botín que apenas emergía en su forma moderna conllevó la pérdida de más de la mitad del territorio, no solo por la codicia foránea, sino por la de los caudillos que peleaban a muerte por el poder, pero que dejaron al país en la peor de las bancarrotas y vulnerable al exterior.
Con el porfiriato, el Estado-botín tuvo enorme crecimiento, pero fueron muy pocos los beneficiados, lo que resultó un gran atractivo para quienes, enarbolando banderas libertarias y de justicia social, ambicionaron por conquistarlo. La consecuencia fue una formidable construcción política para explotarlo: el Estado de la Revolución mexicana, sobre la base de la Constitución que actualmente rige.
El Estado-botín erigido hace casi un siglo, que, con diversas variantes, impera, se caracteriza por:
- Hiperpresidencialismo: el botín se usufructúa más fácilmente si la toma de decisiones depende de una persona o de un estrecho círculo. El presidente moviliza todo el aparato de Estado con el fin de explotar a la sociedad, preferentemente por medios autoritarios y hasta represivos.
- Patrimonialismo: el marco jurídico posibilita y justifica la apropiación personalista de los recursos públicos y naturales (como el petróleo) y su manejo discrecional.
- Estatismo: el Estado se devora los recursos y las áreas económicas fundamentales a fin de monopolizar el botín, a expensas de los sectores privado y social. La propiedad privada queda sin certeza jurídica ni garantías, y cualquiera puede ser víctima de la expropiación, de la extinción de dominio, entre otras vías confiscatorias, que se integran al botín público.
- Sobrerregulacionismo: se imponen leyes, reglamentos, etcétera, de difícil o imposible cumplimiento, para la extorsión institucionalizada de los particulares y como fuente de ingresos permanente para la clase política y el gobierno.
- Terrorismo fiscal: la política tributaria es el medio por excelencia para exprimir a las clases productivas y a los contribuyentes en general y hacer crecer el botín, aunque ello implique “matar la gallina de los huevos de oro”, al obligar a la informalidad (a la evasión o elusión fiscal) a los empleadores y generadores de riqueza.
- Capitalismo de “cuates”: parientes y amigos, empresarios, políticos, militares y hasta los mismos gobernantes son los grandes usufructuarios de los negocios públicos. Las obras faraónicas son las favoritas porque aseguran un jugoso botín para todos los “socios capitalistas”, cuya impericia, irresponsabilidad y voracidad suelen producir obras fallidas y con altos costos económicos y sociales.
- Partido de Estado: para apropiarse del botín político se requiere una organización que avasalle a los demás, a través del control de las instituciones electorales, la concentración de la mayor parte del presupuesto, las elecciones de Estado, etcétera.
- Populismo: los programas sociales y la política clientelar en general son el medio de repartir sobras del botín a amplios sectores populares, a cambio de ser carne de cañón en las movilizaciones oficiales y, desde luego, del voto duro.
- Narcoestado: los cárteles del crimen organizado han hecho crecer el botín que comparten con los narcopolíticos, a través del ejercicio efectivo de la soberanía en vastos territorios, gracias a lo cual impunemente pueden traficar drogas, extorsionar, secuestrar, asesinar y desaparecer a miles de personas, etcétera.
- Corrupción institucionalizada: causa y efecto del Estado-botín, la corrupción lo hace posible y se enquista hasta tal punto en el tejido político, económico y social que se ha convertido en un mecanismo sistémico que tiende a perpetuarlo, aun a costa de la viabilidad del propio Estado-nación.
El Estado-botín y sus élites usufructuarias han florecido con el desarrollismo, el neoliberalismo y el populismo, a costa de bloquear el desarrollo político, económico y social de las sociedades latinoamericanas y de otras latitudes. La política de la corrupción y la rapacidad ha sido víctima de su propio éxito: se ha indigestado con su insaciable codicia, aunque ha ocasionado recurrentes y devastadoras crisis que han puesto en jaque al país durante largo tiempo.
Quitar el dinero e infinidad de incentivos para el enriquecimiento voraz a la política (gobernantes, legisladores, ministros, alta burocracia, partidos, campañas, etcétera) es vital para desmontar el Estado-botín, pero difícilmente se hará con el actual régimen político de autoritarismo, cinismo, rencor, violencia, destrucción, corrupción e impunidad.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
